También la institucionalidad avanzó. De hecho, la mitad de los países latinoamericanos cuentan con ministerios de la Mujer. A la vez, se crearon programas específicos en casi todas las naciones enfocados en la prevención de la violencia de género.

Pero, pese a estos cambios, el informe Carga de la Violencia Armada de 2015 del Instituto Superior de Estudios Internacionales y Desarrollo de Ginebra, y citado por ONU Mujeres, mostró que 15 de los 25 países con mayores tasas de feminicidio en el mundo estaban en este continente. En ese tiempo El Salvador era el que encabezaba el ranking mundial y lo seguía Honduras. Entre los 25 también estaban: Guatemala (4), Bahamas (5), Guyana (7), Belice (8), Venezuela (9), Colombia (10), Antillas (11), Brasil (13), República Dominicana (16), Panamá (19), Puerto Rico (22), México (23) y Surinam (24). Este es el reporte global con datos comparados más actual.

En la región, consolidando a partir de los reportes de la Cepal y de oenegés, en 2017 hubo al menos 4.298 feminicidios en 17 países de Latinoamérica. Cinco años después, en 2021, hubo 4.225. Es decir que el aumento de las penas contra este tipo de asesinatos y las acciones de prevención y atención de casos en peligro no ha generado aún una baja relevante en las cifras.

Uno de los crímenes que ejemplifican la incapacidad estatal para proteger a las mujeres es el de Mirtha Costaleite, una trabajadora boliviana de San José de Chiquitos en el departamento de Santa Cruz, quien en mayo de 2022 acudió al Servicio Legal Integral Municipal buscando una valoración psicológica para que el fiscal de turno ordenara la aprehensión de su agresor; pero la única psicóloga para más de 28.000 habitantes le pidió volver otro día porque tenía mucha carga laboral. Cuando la víctima recibió la última amenaza vía teléfono de parte de su expareja, fue a buscar al policía de Tránsito que también atendía casos de violencia de género, pero este estaba de descanso. Mirtha quedó sola y su agresor la atacó y asesinó. Otra psicóloga contratada y un equipo profesional más robusto, por ejemplo, podría haber significado que Mirtha siguiera viva.

Tania Sánchez, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, y Carla Gutiérrez, directora del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, organizaciones locales que trabajan en protección de la mujer, coinciden en que la inadecuada inversión en prevención y atención contra la violencia de género, agudizan el problema.

Incapacidad y recursos inestables

En Bolivia se obliga a las gobernaciones a destinar parte del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para Seguridad Ciudadana, a la atención, construcción y equipamiento de Casas de Acogida o Refugios Temporales para víctimas de violencia.

Sin embargo, entre 2013 y 2020, el promedio de ejecución de estos fondos fue del 57,5 por ciento. Incluso hay años críticos en que algunos departamentos no gastaron ni un centavo de lo presupuestado.

Además, parte importante del presupuesto de las gobernaciones para violencia de género se consume en viajes, viáticos y refrigerios para el personal; por ejemplo, en Potosí en 2021, esos ítems, sumados a fotocopias y publicidad, representaron hasta el 38 por ciento de lo programado. La ley también manda a las gobernaciones a construir casas de acogida y equiparlas, pero solo cuatro de nueve gobernaciones cumplieron, según el Sistema de Contrataciones Estatales.

Tania Sánchez, quien además en 2019 fue directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y Despatriarcalización, dependiente del Ministerio de Justicia de Bolivia, explica que incluso puede existir infraestructura, pero la atención no es integral en esas casas de acogida porque no hay equipos multidisciplinarios o no existe un lugar para dormir con sus hijos. Por eso las mujeres terminan abandonando esos sitios.

En Brasil la situación es similar: presupuestos que no se ejecutan y cifras de feminicidio que se mantienen altas. En 2020 hubo 1.738 feminicidios, una cifra récord que lo ubicó como el quinto país de la región con mayor tasa ese año. Esta cifra podría ser aún mayor pues en Brasil solamente el 34 por ciento de los asesinatos de mujeres son registrados como feminicidios. Ese mismo 2020, el 70 por ciento del presupuesto que se había comprometido en iniciativas para frenar la violencia contra la mujer no fue invertido.

Al año siguiente, los recursos fueron destinados a pagar compromisos de años anteriores. Es decir que no se invirtió en fortalecer el programa que había o en nuevas iniciativas. Para 2022 el presupuesto para el combate a la violencia contra la mujer fue el más bajo del mandato del presidente Jair Bolsonaro: 43 millones de reales (unos ocho millones de dólares), 33 por ciento menos que en 2021.

La institucionalidad insuficiente es un factor común detrás de la falta de ejecución presupuestal para este rubro en Latinoamérica. Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “en general los ministerios de la región (justamente los encargados de los proyectos contra la violencia de género) cuentan con estructuras débiles que ponen en riesgo la concreción de sus funciones”.

A su vez los presupuestos de temáticas de género tienden a ser bajos o inestables. El BID advierte que los porcentajes de presupuesto nacional que reciben los ministerios de la Mujer en Argentina, Chile, Paraguay y Perú es solo un 0,18 por ciento del asignado a todo el poder ejecutivo. Es que no importa si son países pobres o de clase media, el presupuesto ministerial casi nunca supera el uno por ciento.

En Argentina, Chile, Perú y Paraguay, la planta de trabajo del Ministerio de la Mujer es de solo un 0,05% del total del Ejecutivo.

Por ejemplo, en Haití el Ministerio de la Condición de la Mujer y los Derechos de la Mujer en el periodo 2020-2021 solo recibió el 0,6 por ciento del presupuesto nacional (alrededor de 2.400.000 dólares, lo que significa 0,4 dólares por haitiana). Por eso, la mayor parte de las iniciativas de género en esa nación caribeña se realizan a través de oenegés que reciben cooperación extranjera.

En el caso de Colombia, el presupuesto para temas de género este año fue solo 0,2 por ciento del Presupuesto General de la Nación, una disminución del 15 por ciento frente a lo destinado en 2020. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, entidad encargada desde el gobierno central de estos temas, ha sido muy cuestionada por sus bajos resultados y recién este año el Gobierno anunció que crearía un Ministerio de la Mujer (aunque el actual presidente Gustavo Petro dijo en campaña que se llamaría Ministerio de la Igualdad).

Al contrario de Colombia, Haití o Brasil, en Perú la inversión en programas de prevención de la violencia de género, incluyendo todas las instituciones estatales, crece sostenidamente. De 15 millones de dólares en 2018 pasó a 175 millones de dólares en 2021. Sin embargo, en 2018 se contabilizaron 150 feminicidios y cuatro años después, en 2021, hubo 147. Es decir, el presupuesto aumentó mil por ciento, pero los feminicidios solo cayeron dos por ciento, lo que plantea dudas sobre la eficiencia en su ejecución.

Dina Portal, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo de Perú, advierte que la falta de articulación con los gobiernos locales y problemas estructurales impiden que la inversión tenga mayor impacto. “Si no tenemos una policía libre de estereotipos de género, no vamos a asegurar una muy buena atención, y eso repercute en toda la cadena de resultados”, argumenta.

El mayor peso en la tarea de evitar o disminuir los feminicidios recae sobre la Policía Nacional, la entidad que, paradójicamente, menos recursos ha recibido del programa de lucha contra la violencia familiar.

En el especial “Las siguen matando”, realizado por El Búho y CONNECTAS, se profundiza en esta situación. Esa investigación revela que la política para combatir el feminicidio en el Perú no ha considerado factores culturales que afectan a toda la cadena del sistema de justicia. Por ejemplo, en el caso de Maribel Barrera de nada sirvieron sus cinco denuncias en la policía o que se haya cambiado de casa a una más cercana a la comisaría de su poblado en Huacho, Lima. Cinco horas después de haber sido asesinada por su expareja, llegó un policía con un papel en la mano para notificar a las partes que el juez había dictado una medida de protección para ella. Justamente la demora institucional es uno de los problemas que más denuncian las organizaciones.

En México, como en Perú, la inversión también crece, pero solo en el papel. El Gobierno de Andrés López Obrador aseguró que nunca se habían destinado tantos recursos para apoyar a las mujeres. Pero, al analizar los cerca de 100 programas que reciben fondos del llamado Anexo 13 —rubro del presupuesto para promover la igualdad entre mujeres y hombres y programas contra la violencia de género— esta investigación detectó que únicamente el 4,06 por ciento del total del presupuesto se invirtió en temas de género.

Casi la mitad del total se asignó al programa de pensiones para el bienestar de adultos mayores. Un tema importante, pero que no tiene que ver con equidad o prevención de la violencia.

Al vaivén del gobierno de turno

La baja prioridad estatal respecto a programas contra la violencia se ve también reflejado en el abandono de iniciativas que en su momento fueron pioneras o que gobiernos mostraban como símbolos del avance hacia una sociedad más igualitaria.

En 2011, El Salvador abrió la primera sede de Ciudad Mujer, una iniciativa que pretendía mejorar los servicios públicos enfocados en las mujeres. El proyecto arrancó en medio de elogios internacionales, fue replicado por su vecino Honduras, y recibió las visitas de la entonces directora de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, y de la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama. Pero una década más tarde se le recortó el presupuesto, disminuyó la cantidad de servicios que entrega y ni siquiera es mencionado por el actual Gobierno de Nayib Bukele.

Para las organizaciones feministas, Ciudad Mujer “atendía uno de los problemas medulares: la ruta de la denuncia”, dice Mariana Moisa, activista salvadoreña. Las organizaciones confiaban en derivar casos a estas casas. “Tenían gente que estaba capacitada para no revictimizar”, añade.

Pero Ciudad Mujer, que llegó a tener seis sedes operando, ya no es lo que era. No promociona sus servicios, ni siquiera tiene página web y su presupuesto disminuyó. En 2016, ya con todas las sedes en operación, llegó a tener asignados 7,7 millones de dólares. En 2022 su presupuesto es de 5,7 millones.

Aun con ese marchitamiento, el programa gubernamental busca mostrar cifras positivas. La institución da cuenta de que en 2021 brindó 200.000 atenciones. Esto es más del doble que en 2020, cuando fueron 99.207. Pero cabe tomar en cuenta que ese año el país estuvo bajo cuarentena y algunas de las sedes fueron usadas como centros de confinamiento obligatorio. A la solicitud de más información sobre los servicios prestados, desde el Gobierno se sugirió revisar las memorias de labores de años anteriores. No hay, sin embargo, memoria de 2018-2019.

Las demás memorias consignan 354.000 atenciones en 2017 y 318.000 en 2018. Al comparar con las 200.000 de 2021, la cantidad de atenciones ha caído más de un tercio. Esto coincide con el periodo de Nayib Bukele como presidente de la República. De hecho, durante el periodo de Bukele se registra una baja sostenida en el presupuesto para programas e instituciones relacionados con temáticas de género, que llegó a su punto más bajo este año.

El programa Ciudad Mujer fue replicado en países como Honduras, México y Paraguay. Hoy ni siquiera cuenta con página web.

Eso sí, las cifras oficiales de feminicidios en El Salvador muestran una baja en los últimos años, después de haber tenido las tasas más altas del mundo. Pasó de 274 asesinatos a mujeres por razones de género en 2015 a 76 en 2021. La baja de feminicidios coincide con la baja general de homicidios producto de, primero, los acuerdos con las pandillas que realizó el Gobierno de Bukele y, luego, la persecución contra estas. Eso sí, otros delitos de género se mantienen altos. Por ejemplo, los delitos contra la libertad sexual subieron de 4.703 en 2020 a 6.153 en 2021, y los incluidos en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres subieron de 3.838 en 2020 a 4.390 en 2021, según la Fiscalía General de la República.

En Honduras también hay un programa llamado Ciudad Mujer, inspirado en el salvadoreño, que ha invertido 18,9 millones de dólares en cinco años. Cuando la iniciativa comenzó, en 2017, se reportaron oficialmente 235 feminicidios. En 2021 la cifra subió a 342, según la oenegé Centro de Derechos de Mujeres. Su directora, Tatiana Lara, explicó que la falta de coordinación entre instituciones gubernamentales impide mejores resultados. Por ejemplo, se construyeron tres habitaciones especiales (cámaras Gesell) para toma de declaración de víctimas, pero nunca han sido usadas por el Ministerio Público.

Algo similar ocurrió en Brasil, donde el Gobierno de Bolsonaro postergó algunos proyectos para la protección de mujeres víctimas de violencia. El ejemplo más simbólico es la Casa de la Mujer Brasileña. La iniciativa fue concebida en 2014 por el Gobierno de Dilma Rousseff como un servicio público para acoger a mujeres en situaciones de violencia y alta vulnerabilidad. El plan era inaugurar unidades en los 27 estados brasileños. Solamente hay cuatro funcionando. “Estamos en el peor de los mundos. Sin planificación, sin inversiones y con la violencia creciendo”, dice Marlise Matos, coordinadora del Núcleo de Estudios sobre la Mujer de la Universidad Federal de Minas Gerais.

Mientras en Venezuela ya nadie sabe qué ocurrió con Mamá Rosa, un programa que lleva el nombre de la abuela del fallecido Hugo Chávez anunciado con bombos y platillos por el presidente Nicolás Maduro en 2013, y que según el régimen erradicaría “la violencia de género en todas sus expresiones”.

En el acto de inicio estuvo invitado el autor de Las venas abiertas de América Latina, el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien sentenció ese día que “la nueva Venezuela” tendría que ser “parida en la igualdad de géneros”. Hoy es imposible saber oficialmente si la violencia ha bajado. Desde 2017 no hay cifras estatales de feminicidios. Solo las oenegés llevan un conteo que ha permitido saber que los casos no disminuyen.

En 2016 según las cifras gubernamentales, hubo 122 feminicidios. Apenas un año después, el Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo (Cofavic), una oenegé de derechos humanos venezolana, registró un alza del 74 por ciento: 213 feminicidios en 2017. La cifra continúa en ascenso. En 2021 el Monitor de Feminicidios contabiliza 239 y el Centro de Justicia y Paz 290. Karla Subero, miembro del equipo jurídico de Cofavic, sostiene que “la opacidad de la información oficial presentada es un elemento que, sin duda, contribuye al aumento de las cifras en materia de violencia de género, especialmente la relativa a los feminicidios”.

Uno de los feminicidios que no figura en las estadísticas oficiales venezolanas es el de Karla Stefanie Romero. El 9 de mayo de 2018, dos hombres en moto asesinaron a tiros a la joven, de 29 años, en el estacionamiento de su casa en San Cristóbal, en el fronterizo estado Táchira. La expareja de la joven, el teniente coronel Manuel Salvador Parra Ramírez, presuntamente ordenó el sicariato y se libró una orden de captura en su contra. Pero, en lugar de ser detenido, fue ascendido y asignado a la Guardia de Honor Presidencial. Poco después, la causa contra el militar y los implicados fue sobreseída.

Un blanco político

Otro peligro que enfrentan los programas de protección de la mujer en el continente y, especialmente, en el Triángulo Norte es que han sido blanco de fines políticos. En Honduras, las oficinas del programa Ciudad Mujer fueron apedreadas en mayo de 2022 por el diputado del partido Libre, Mauricio Rivera, que encabezó una protesta para exigir que se nombrara a una persona cercana. Rivera fue finalmente suspendido de su cargo.

La actual directora del programa, Tatiana Lara, la misma que reconoce el impacto por la descoordinación de las instituciones y es correligionaria de Rivera, sostuvo que el organismo en periodos anteriores fue víctima de la partidización. En esta entidad se detectó que el 50 por ciento de sus 145 empleados no cumplía con el perfil para ocupar los cargos.

En Nicaragua, en su persecución contra las oenegés, el gobierno canceló la personería jurídica de más de 600 organizaciones; 74 de ellas defendían los derechos de las mujeres. Esto significó que se cerraran albergues de atención a mujeres víctimas de violencia.

Pero el caso más emblemático de uso político de las medidas de prevención de la violencia contra la mujer se da en Guatemala. Allí funcionarias públicas han aprovechado la Ley contra el Feminicidio para evitar la fiscalización de la prensa.

Un caso es el de Alejandra Carrillo, a quien la Fiscalía Anticorrupción de Guatemala le abrió investigación por presuntamente haber contratado a funcionarios “fantasma” en el Instituto Nacional de Atención a la Víctima del Delito (el organismo que debe atender, entre otras, a víctimas de violencia de género). La denuncia sostiene que contrató a por lo menos 109 personas vinculadas a parlamentarios oficialistas, que no acudían a trabajar, pero sí recibían sueldo.

Tres altas funcionarias guatemaltecas han utilizado la Ley contra el Feminicidio para esquivar la fiscalización de la prensa.

Carrillo, que además es exdiputada, recurrió en diciembre de 2021 a un Tribunal de Feminicidio guatemalteco para eludir la fiscalización de la prensa. Para ello, denunció persecución del diario La Hora, que había publicado reportajes cuestionando su labor. Como medida cautelar, la jueza Yadira Barrios ordenó que los periodistas no pueden “perturbar” a la agraviada ni a ninguno de sus familiares. Tampoco pueden acercarse a su lugar de trabajo, a pesar de que es un edificio público.

Ya antes, en 2019, Sandra Torres, ex primera dama y excandidata presidencial, utilizó la misma táctica en contra de El Periódico. En 2014 la vicepresidenta Roxana Baldetti hizo lo mismo, y también contra ese medio. Baldetti fue finalmente condenada por corrupción, mientras que Torres tiene una causa pendiente.

La eficaz utilización de la ley por las funcionarias para eludir la fiscalización de sus actuaciones contrasta con la atención que pone el estado guatemalteco a los programas para evitar la violencia de género. Según directoras de organizaciones que ayudan a mujeres, los principales problemas son la poca transparencia en la inversión pública, los retrasos en los pagos a las instituciones que atienden a las víctimas y que los gobiernos de turno no dan continuidad a los programas. Claudia Hernández, directora de la Fundación Sobrevivientes, explica que su presupuesto cambia año a año y que incluso en un periodo no recibieron dinero, por lo que tuvieron que cerrar una casa de servicio.

El Centro de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (Caimus) es otra organización civil que vela por las mujeres, y de las pocas a las que también el Estado de Guatemala les asigna una partida mínima de dinero para su funcionamiento. Atiende un promedio de 12.000 mujeres al año. Sin embargo, aunque esas partidas ya están establecidas, los fondos “llegan tarde o no llegan”, según su directora Giovana Lemus.

La marca de la impunidad

Mientras los programas de protección carecen de recursos y de buena ejecución, a las mujeres latinoamericanas las siguen matando y sus familiares deben enfrentarse a un sistema judicial lento, muchas veces sin enfoque de género y que no ofrece garantías de justicia.

Según cifras del estatal Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, 652 mujeres fueron asesinadas de forma violenta en 2021, 145 víctimas más que en 2020. Esto contrasta con la cantidad de sentencias condenatorias y la lentitud de los procesos, los que pueden durar más de 5 años. Durante el primer semestre de 2022 solo hubo 48 sentencias condenatorias por casos de feminicidios.

Desde enero de 2017 hasta junio de 2022, en todo México se han registrado 19.025 asesinatos de mujeres, más de 6.000 de los cuales fueron tipificados como feminicidios. Pero mientras este sigue siendo uno de los mayores problemas nacionales, en 2021 el presupuesto de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas disminuyó 3,6 por ciento.

Esto en el país en el que ocurren crímenes como el sonado caso de Dehbani Escobar, cuyo cuerpo fue encontrado en la cisterna de un motel de Nuevo León. En la investigación se cometieron una serie de errores durante su búsqueda, lo que ha impedido llegar al o los autores del feminicidio. Esto derivó en la remoción de dos fiscales. O el de Daniela Mabel Sánchez Curiel, en cuyo caso las instituciones estatales cometieron tantos errores que en agosto de 2022 ofrecieron una disculpa pública a su familia.

La joven desapareció en marzo de 2015 en Tlalnepantla, poco después de regresar a vivir con su expareja. Cuando la madre de Daniela, Laura Curiel, quiso denunciar su desaparición, en el Ministerio Público le dijeron que debían pasar 24 horas, en contra de los estándares internacionales de actuación en estas situaciones. Cuando volvió a intentarlo, la acompañó la expareja de Daniela y el Ministerio Público decidió que él tenía que quedar como denunciante, pese a que la madre consideraba que debía ser visto como sospechoso. Así que durante un tiempo él tuvo el acceso a la carpeta de investigación que, a ella, su madre, le negaban. Hasta hoy el caso no está aclarado judicialmente.

Según el reportaje “Las sobrevivientes olvidadas por la justicia” de EmeEquis, La Lista, Animal Político, Ruido en la Red, Proceso y CONNECTAS, los vacíos legales en México permiten que de 1.7 millones de ataques violentos contra mujeres registrados en ocho años, solo se juzgaran 781 casos como intento o tentativa de feminicidio, es decir el 0.04 por ciento. El resto son clasificados como lesiones dolosas o violencia familiar. Entre esos casos está el de Jeysol, quien fue apuñalada 37 veces por parte de su expareja, pero la Fiscalía solo tipificó el ataque como “lesiones”. Al momento de publicar ese reportaje, seis años después del hecho, su agresor seguía libre.

En Cuba, donde el feminicidio no está tipificado, las únicas cifras que se conocen sobre muertes provocadas a mujeres, las publica el Anuario Estadístico de Salud bajo el término “agresiones”. En el periodo 2014-2015 perdieron la vida 293 mujeres por “agresiones”.

Este año se discutió el código penal cubano en su asamblea nacional, y nuevamente el feminicidio no fue incluido a pesar de las solicitudes de los grupos feministas Yo Sí Te Creo, Alas Tensas y Red Femenina de Cuba, entre otras.

En Bolivia, la investigación “Víctimas condenadas al olvido”, de El País de Bolivia, Acceso y CONNECTAS, expuso que la Fiscalía rechaza y absuelve más casos de violencia de género que los que logra condenar. Esto debido a que no hay un eficiente manejo de las pruebas y el personal es insuficiente.

Combatir un problema sin tener datos fiables

La recopilación de datos es uno de los puntos destacados por la ONU que deben mejorar los países en la lucha contra el feminicidio. Latinoamérica justamente muestra vacíos importantes en ese aspecto. No son pocos los países que simplemente carecen de cifras oficiales de feminicidios, o cuyos números no son confiables, según distintas oenegés. Entre los que no cuentan a sus víctimas están Venezuela, Cuba y Haití.

República Dominicana contabiliza, pero las oenegés no creen en sus cifras. Justamente este país es uno de los pocos de la región donde el feminicidio no está tipificado en su código penal. “Si tú te fijas, los sectores oficiales de nuestros países tienden a bajar todas las cifras que son negativas porque eso les hace ver que están en control, eso están haciendo aquí”, sostiene Susi Pola, feminista e investigadora dominicana.

En la investigación de 2019 “Margen de Horror”, de Espacinsular y CONNECTAS, se reveló que uno de cada cuatro feminicidios en ese país no era registrado oficialmente. Por ejemplo, en 2019 hubo 73 feminicidios según el Estado, pero en el reportaje se pudo corroborar al menos 103. Ese subregistro dificulta el diseño de políticas de prevención.

Mildred Mata, feminista del Núcleo de Apoyo a la Mujer y funcionaria de la Unidad de Atención a la Violencia de Género de la Procuraduría de la República en la provincia de Santiago, al norte de República Dominicana, afirma que si una mujer es violada y asesinada no cuenta como feminicidio. Lo mismo sucede si un hombre violento mata a la hermana o abuela de su pareja. “Es que la tipificación que existe no corresponde a las convenciones internacionales”, dice.

El subregistro es un problema transversal. En Ecuador las oenegés acusan que las cifras del Estado subestiman los datos reales. Por ejemplo, en 2021 la Fiscalía General contabilizó 70 feminicidios, pero según la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de los Femicidios en Ecuador, hubo 197. Es decir, una mujer asesinada por razones de género cada 44 horas. Ese país se vio conmocionado por el feminicidio de la abogada María Belén Bernal durante septiembre de 2022. La última vez que se le vio con vida fue ingresando a la Escuela de Policía de Quito. Su esposo, Germán Cáceres, teniente e instructor en esa escuela, al momento de publicar este reportaje aún estaba prófugo. Hay una testigo que asegura que Cáceres golpeó a la víctima y que al menos 20 policías la habrían escuchado pedir ayuda, pero nadie la socorrió.

En México solo un 20 por ciento de los asesinatos de mujeres ha sido procesado por la justicia como feminicidio, tal como lo reveló la investigación “Las muertas que no se ven” de Mexicanos Contra la Corrupción y CONNECTAS. El estado de Colima es el mayor ejemplo de este subregistro. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en esa zona no se ha cometido un solo feminicidio en todo lo que va del 2022. Pero las mismas cifras indican que se han registrado 53 homicidios cuyas víctimas eran mujeres.

Es en este mismo estado donde, el 2 de marzo del 2022, una mujer de 37 años fue asesinada con cinco disparos por un par de hombres que se dieron a la fuga. También fue en Colima donde Viridiana Tapia Cárdenas fue asesinada, arrojaron su cuerpo en la vía pública y cuando la autoridad la encontró, la envió a una fosa común donde permaneció tres años, sin que sus familiares fueran notificados.

Un par de meses antes de que apareciera Tapia, el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado la eliminación del Instituto Nacional de Desarrollo Social, que manejaba el programa federal de refugios para mujeres víctimas de violencia de género, lo que causó descoordinación y una demora de cinco meses en la destinación de su presupuesto. Y ese es solo un gesto más de la desidia institucional del actual Gobierno con los programas contra la violencia de género (ya el de refugios había cambiado de manos en 2019, también por decisión de Amlo).

Pero mientras esto ocurre, el hackeo al Ejército mexicano por parte del grupo “Guacamaya”, permitió conocer un documento de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional de 103 páginas, en que siete de ellas estaban dedicadas a los grupos feministas, a los que se puso a la par que grupos subversivos, anarquistas e incluso de guerrillas que tienen presencia en el territorio mexicano.

El documento filtrado reveló que, a través de informes generados por comandancias y zonas militares, el Ejército Mexicano espía y sigue de cerca las actividades de las activistas que coordinan y participan en la lucha por los derechos de las mujeres en México.

Como en el resto de América Latina, el compromiso político de la lucha contra la violencia hacia las mujeres se queda en anuncios, iniciativas ineficientes y la voluntad del mandato de turno. Así es poco probable que la violencia de género deje de ser esa “pandemia en la sombra”, como la tildó la Cepal, que año a año acaba con la vida de más de cuatro mil latinoamericanas.