30 de abril de 2022
El estupro es un delito innegable, aunque la sociedad justifique el hecho alegando que la víctima consintió la relación, e incluso si se diera una convivencia pacífica con el agresor. En Bolivia, las leyes sancionan este ilícito con privación de libertad de hasta 20 años
Enamoramiento, seducción, supuesta protección, infinitas promesas envueltas en secretos y encuentros ocultos son parte de las estrategias que varones adultos usan para conseguir acceso carnal con niñas y adolescentes que terminan engrosando las listas de víctimas de estupro con consecuencias irreparables en su vida. Entre la justificación, la complicidad y el desconocimiento, la sociedad tolera y naturaliza el abuso camuflado en amor.
Con solo 14 años de edad, Mariana (nombre ficticio) dio a luz un niño fruto de una relación con un hombre que le doblaba en edad y a quien consideró su “novio” por más de un año. Tras quedar embarazada dejó sus estudios, su familia y su círculo social, pasó a recibir asistencia en un centro integral para víctimas de violencia sexual.
Como ella, decenas de adolescentes de entre 12 a 16 años son víctimas de este delito tipificado en el artículo 309 del Código Penal, que a la letra dice: “Estupro. Quien mediante seducción o engaño tuviera acceso carnal con persona de uno u otro sexo mayor de catorce y menor de dieciocho años, será sancionado con privación de libertad de tres a seis años”.
En 2021, la Fiscalía General del Estado recibió 50 denuncias de este delito solo en Tarija, según las estadísticas publicadas en su sitio web; los municipios de mayor incidencia son Cercado, Yacuiba y Bermejo.
Para Marlene Fernández, trabajadora social que por más de diez años asiste a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, el estupro es un delito “naturalizado” en la sociedad, y los casos que se denuncian o llegan a instancias judiciales no reflejan la verdadera incidencia de estos hechos en el departamento. Por su experiencia, da cuenta de que los agresores se valen de múltiples estrategias para encubrir el ilícito, persuaden y manipulan a las víctimas a tal punto que en algunos casos las menores no reconocen que los sujetos atentaron contra su integridad —lo que solo se revela con una terapia integral que dura años— y se niegan a la denuncia.
“Calladas, sencillas y obedientes”, estas son algunas características de las víctimas, dice la experta, especialmente aquellas del área rural y que suelen ser presionadas por sus familias, pues al saberlas embarazadas avalan el concubinato o presionan para a un matrimonio con el agresor, alegando buscar “estabilidad” para la adolescente. De este modo, los agresores logran evadir la denuncia, el proceso penal y la cárcel.
Fernández remarca que el estupro es un delito innegable, aunque muchas veces la sociedad se niegue a reconocerlo, justificando los actos con argumentos como que la menor de edad dio su consentimiento a una relación o que la convivencia entre víctima y agresor es pacífica. “Es un delito porque se entorpecen los procesos naturales y sociales de crecimiento y de maduración de las niñas y adolescentes, y se les anulan todas las posibilidades de desarrollo personal, acceso a oportunidades y actividades propias de su edad”.
“Lo mío era diferente”. “Conmigo no era a la fuerza, ha sido por amor, me amaba”. “Él me cuidaba y yo lo quería”, son frases recogidas en las declaraciones oficiales de algunas víctimas. Las expresiones reflejan la incidencia del amor romántico en ellas, pues a nombre de ese amor surge un consentimiento “tramposo” o “forzado”.
Aunque una menor de edad consienta una relación de este tipo, por detrás está un adulto que ejerce dominio a través de un falso romanticismo hasta lograr su anuencia para tener relaciones sexuales, apunta Fernández, por eso, muchas adolescentes no se dan cuenta de que fueron víctimas de un delito hasta después de un proceso de tratamiento que puede durar meses o años.
“Cuando una es jovencita todo lo ve de maravilla, si un hombre te habla te sientes wau!!, es como un príncipe y todo le crees”, reconoce Jessica (nombre ficticio), quien ahora asume la crianza de una niña que concibió con un hombre de 35 años cuando ella sólo tenía 13 e iniciaron una relación. Luego de tres años en los estrados judiciales, su caso concluyó con una sentencia de 25 años para el agresor. Hoy que tiene 20 años ve con preocupación la incidencia del estupro y asegura que muchas adolescentes de su entorno caen en la trampa del amor romántico sin imaginarse el peligro que las acecha.
“He visto situaciones de varias adolescentes, y no sé cómo ayudarlas porque se dejan envolver por palabras bonitas que les dicen algunos hombres, pero luego de conseguir lo que quieren te dicen adiós. La deshacen a una”.
“En mi caso, me hubiese gustado que mi familia se apegue, que no se aleje, que no me presione ni me dé la espalda”, cuenta Valentina (nombre ficticio), con voz suave pero segura en sus palabras, pues al verse sola y siendo víctima de este ilícito con solo 12 años siente que lo sucedido la “marcó para siempre”. Fue obligada a casarse con su agresor y hasta dudó de que se haya cometido un delito en contra de ella. Revela que en algún momento pensó en formar una familia con él, por la presión de su madre. Tiempo después y luego de recibir ayuda psicosocial y legal, logró que el agresor fuese sentenciado a 15 años de cárcel, pero solo cumplió 10, según conoce ella, y al ser el padre de su hijo, aún siente la presión de su familia para que lo acepte en su entorno social cuando intenta acercarse.
Para la psicóloga, Verónica Gamarra, el “enamoramiento” es una de las estrategias que utiliza el agresor para acceder a la víctima y manipular ese “amor”, para luego echar mano de ello y aprovecharse de ese cariño. “Eso lo vemos mucho y pasa”, pero también hay adolescentes o niñas que al estar en situación de desprotección, de desafecto y desatención son mucho más vulnerables.
Cristina Martínez, activista del colectivo Mochas Copleras, sostiene que los mitos del amor romántico han remozado en nuevas formas que tienen que ver con la “romantización del abuso sexual», y en el tiempo actual, tiene dos escenarios marcados y fuertes: el “amor aventura o fantasía romántica” y la complicidad de las familias que aceptan naturalizar el tan mentado sugar daddy, como posibilidad de estabilidad económica ante la precariedad de subsistencia en algunos casos.
En algunas comunidades de los pueblos indígenas weenhayek y guaraní, hablar de estupro, violencia sexual en niñas, niños y adolescentes aún es un tabú o genera miedo y malestar. Los centros de salud y establecimientos educativos son los primeros referentes de esa situación, al ser las instancias donde recurren las víctimas, pues el delito se hace visible cuando las menores se embarazan.
Entre 2020 y 2021, las alcaldías de Yacuiba, Villa Montes y Entre Ríos, donde se ubican los pueblos indígenas del departamento, recibieron 27 denuncias de casos de estupro y 107 denuncias de violencia sexual a niñas y adolescentes, según datos de las defensorías. Aunque estas estadísticas no son solo de los pueblos indígenas sino de todo el municipio.
Jacilda Paredes, promotora social del pueblo weehanyek y capitana de la comunidad Achumara, da cuenta de que adolescentes de 12, 13 y 14 años se unen en pareja (concubinato) con hombres mayores de 18 años, lo que padres y abuelos terminan por avalar. Según su testimonio, en zonas como Capirendita, Tejoso y Circulación, hay varios casos de adolescentes con parejas mayores, que no se denuncian. “A veces no dicen nada porque es el hombre quien paga todo”.
En marzo pasado, Paredes tomó conocimiento del caso de una adolescente de 13 años embarazada a pocas semanas de tener su primer bebé; su pareja tiene 24 años y es de su comunidad. Pese a la denuncia formal que se hizo, señala que los abuelos y padres abogan por un concubinato y optan por el silencio. Anteriormente, en otro caso similar, la víctima llegó a un centro de salud de Villa Montes por asistencia médica en compañía de una pareja mayor que ella, se hizo la denuncia respectiva y él terminó en la cárcel.
Wilman Rojas Acosta es director del núcleo escolar de Ñaurenda, un territorio guaraní en el municipio de Entre Ríos; él afirma que en el lugar residen más de 100 familias, según el censo escolar realizado al inicio de gestión. En este sector, adolescentes de 14 y 15 años, de ambos sexos, ya suelen forman familias, amparados con el argumento de los usos y costumbres. “En la zona es así, a temprana edad tienen familia, algunos con personas mayores, se juntan entre los 14, 15, 16 y 17 años, salen bachilleres con su pareja y a veces con hijos”.
Datos del Centro de Salud de Ñaurenda dan cuenta de que en 2021 se reportaron dos casos de embarazo en menores de 14 años fruto de relaciones con adultos; ambos fueron reportaron a la Red de Salud y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Entre Ríos.
“Los padres no lo toman del lado positivo, para prevenir el delito de la violencia sexual o el estupro, algunos incluso se quejan sobre las charlas que les damos”, lamenta la responsable del Centro de Salud, Daysi García.
Marlene Fernandez, psicóloga
Rosario Ricaldi, directora del Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija (CCIMCAT), señala al estupro como un delito invisible en la sociedad boliviana, del que poco se habla y que, por el contrario, a veces goza de tolerancia y complicidad en la misma familia de la víctima. Afirma que cuando de por medio hay un embarazo, “como sucede en muchos de los casos”, se busca el arreglo entre familias, enfocado desde la perspectiva de un alivio económico para la familia o mejores condiciones para la crianza del hijo.
Asegura que el estupro es un delito del que están siendo cómplices incluso algunas autoridades al aceptar y avalar concubinatos y matrimonios en las comunidades. “Es ahí donde se registran actos de complicidad porque no se puede alegar que la niña o adolescente quería o estaba de acuerdo con la relación o había voluntad de ambas partes. Ellos saben que la norma establece estos casos como delito de estupro”.
Ricaldi afirma que existe la necesidad de recabar datos específicos sobre estupro, realizar investigaciones a profundidad y llevar registros accesibles desde las Defensorías e incluso desde la Defensoría del Pueblo para conocer el tratamiento jurídico que se les da.
Para Mariel Paz, abogada y activista de los derechos de las mujeres y miembro de la Red Contra la Violencia a las Mujeres de Tarija, los hechos de violencia sexual a niñas, niños y adolescentes, son crímenes de poder porque hay una persona en condición de superioridad sobre la otra en varios aspectos. “Es una superioridad en lo emocional, en lo físico y por supuesto también en lo psicológico y el desarrollo personal cronológico”.
Esto significa que estas personas ejercen un poder abusivo sobre sus víctimas, pues estas carecen de madurez emocional y racional como para detectar que se trata de un delito y frenar el abuso. Paz asegura que el estupro se da en diversos contextos y hay familias que hacen de la “vista gorda”, facilitan o promueven este tipo de relaciones.
Rosario Ricaldi, directora de CCIMCAT
En los delitos de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, la justicia opera con lentitud, reclama Paz, lo que da lugar a que aquellos que son imputados ejerzan presión sobre la víctima o sobre su familia o a que se produzcan arreglos internos, extrajudiciales, entre las partes. Esto no debería frenar el litigio, pues, según la norma, la justicia debe seguir el proceso de oficio, no obstante, los “arreglos” los perturban.
En ello coincide la psicóloga Verónica Gamarra, quien explica que si bien en los centros de apoyo a las víctimas se trabaja en su recuperación para alcanzar la resiliencia, la actuación tardía de la justicia es una de las causas para que las victimas desistan del proceso legal, amén del daño psicológico que vuelven a producir.
“Hubo casos en los que después de tres años de denunciar el hecho, recién mandan una orden para la pericia psicológica, para la entrevista en Cámara Gessel o para tomar la declaración de las víctimas. Por tanto, las instancias llamadas a restituir los derechos no hacen sino revictimizarlas”.
En los procesos de investigación, contar muchas veces lo ocurrido es lo común para las víctimas, pese a que hay protocolos para protegerlas. “Nos piden cada vez que contemos los detalles más mínimos de cómo pasaron las cosas, es muy incómodo y hasta dan ganas de no volver nunca más, porque es volver a recordar todo y da tristeza, vergüenza y rabia, peor si hay gente desconocida”, cuenta Mariana, quien llegó a sentir que la insistencia en que narrara los detalles tenía como fin hallar alguna contradicción porque no le creían.
La violación de infante, niño, niña o adolescente y el estupro son los delitos de mayor incidencia que el Ministerio Público recibió en 2021 en el marco de la Ley 348 (Ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia), con 2.078 y 1.548 casos, respectivamente.
De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, en Tarija, solo ocho de sus 11 municipios registran datos de esos delitos: entre 2018 y 2021, suman 434 casos de violencia sexual a niña y adolescentes, y dos de violación más estupro. Sin embargo, un cruce de datos con la información recogida para este reportaje en las Defensorías municipales, da cuenta de 627 casos de violación a niñas y adolescentes y más de 160 de estupro, en similar periodo.
Estos datos corroboran lo que observa Paz, en sentido de que la lentitud y negligencia con que opera el sistema desanima a las familias a continuar con el proceso; muchas de ellas, provenientes de lugares distantes, nunca más aparecen. Aún con ese contexto, el Ministerio Público debe continuar adelante con la investigación, el problema es que, cuando ocurre el desistimiento o abandono, el resto de las instituciones de justicia se paralizan y no dan continuidad a la investigación del delito y todo queda en la impunidad.
Romper el silencio y denunciar la agresión sexual es lo que más les cuesta a las niñas y adolescentes, no solo por la culpa que sienten, sino porque a causa de ello a veces hay desintegración familiar.
“Lamentablemente las niñas o adolescentes que son víctimas de violencia sexual son separadas y alejadas de su núcleo familiar, de su contexto social y cultural, entonces la sensación de alejamiento produce culpa, una sensación de abandono, todo eso les afecta mucho”, hace notar Gamarra.
Un porcentaje muy bajo de las víctimas recibe apoyo integral y quienes no denuncian nunca tendrán ayuda psicosocial ni legal, menos en zonas rurales. El proceso de recuperación puede durar meses o años, pues inicia cuando la víctima se da cuenta de que han cometido un delito en contra de ella y el único culpable es el agresor.
Los talleres de información y formación, las charlas a niñas, niños y adolescentes y las visitas de equipos multidisciplinarios a comunidades rurales y pueblos indígenas son parte de las tareas que contempla las Defensoría para prevenir el delito. Al mismo tiempo, se orienta la denuncia, aunque la gran limitante es el personal y el presupuesto.
Sin embargo, especialistas y activistas coinciden que estas acciones son insuficientes, que urgen planes y acciones integrales en educación con la participación activa de toda la comunidad educativa.
Álvaro Castro Suruguay, responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) San Lorenzo, señala que la idiosincrasia de algunos padres y madres les lleva a naturalizar la relación de pareja entre adolescentes y adultos, no consideran el estupro como delito y esto representa una barrera para avanzar en los planes y programas de prevención de la violencia sexual a niños y adolescentes.
“En parte de la zona alta del municipio están consintiendo como algo normal que personas mayores tengan noviazgos con menores de edad, que hasta los padres consensuan y naturalizan, y trabajar para romper un círculo que se ha ido creando por años lleva tiempo”.
Mariela Melgar, directora de Género del Pueblo Guaraní de Yacuiba, asegura que con las capacitaciones a las familias y la implementación de las promotoras de justicia comunitaria se realiza un trabajo comunal y zonal, lo que no solo permitió promover la denuncia, sino también reducir la incidencia del delito en los últimos años. “Se ha trabajado también una ruta de coordinación indígena originaria y justicia ordinaria sobre qué hacer si hay denuncia o sospechamos de violación”.
Las tareas de prevención integradas y coordinadas entre la Policía, las Defensorías y organizaciones no gubernamentales que apoyan en la atención y prevención de esta problemática permiten visibilizar y orientar programas para reducir la incidencia de los ilícitos, aunque no es suficiente, apunta Verónica Farrell, desde la Defensoría de Yacuiba.
En esa labor conjunta, Paola Angulo, responsable de la Defensoría de Entre Ríos, apunta a un plan de prevención con el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) para llegar a las 136 comunidades indígenas originarias del municipio con cursos de capacitación, aunque hasta donde permite la ley de deslinde territorial y la justicia ordinaria, pues los pueblos indígenas son celosos de sus normativas usos y costumbres.
Álvaro Castro Suruguay, responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de San Lorenzo
Esta investigación fue realizada con el apoyo del fondo censurable de la Fundación para el Periodismo (FPP) en el marco del proyecto Vida sin Violencia, un proyecto de la Cooperación Suiza en Bolivia en alianza con la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI), implementado por la Solidar Suiza.