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El documento fue entregada por el Ministerio de Salud y Deportes tras dos solicitudes de información y una denuncia ante la Defensoría del Pueblo por vulneración al derecho de acceso a la información pública, garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, Constitución Política del Estado de Bolivia, Ley 974 de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Decreto Supremo 28168 de Acceso a la Información.
