Por: Gabriel Díez Lacunza/La Nube
Bajan trotando con la destreza y agilidad que solo tres adolescentes podrían tener al descender de una montaña. Hacen una pausa para escuchar al forastero —identificado como periodista— hacerles preguntas sobre su presencia en el lugar. Dudan, se ponen nerviosos y tardan en responder sobre su edad. “Diecisiete”, “dieciocho” y el tercero, después de una risita, suelta, entre dientes, “veintidós”. Luego, como impulsados por un resorte, siguen presurosos su ruta. A diario, más que todo por vacaciones, dice la gente, ingresan muchos menores de edad a las diferentes minas del Cerro Rico de Potosí. Pero en realidad es algo más normal y recurrente que solo un fenómeno atribuido a una época del año.
“Esa situación se repite cíclicamente. Nada ha cambiado en este tema del acceso a la actividad minera de gente joven, muy joven, hasta niños. Nadie nos lleva, nadie nos contrata. Nos vamos con el papá y si la mamá es palliri nos vamos con la mamá y ya estamos viviendo en medio de la mina. Y es normal que nos integremos, hay una cierta normalidad de integrarnos espontáneamente porque no hay otra fuente de empleo”.
José Pardo Guevara, 54 años de minero
No obstante, ese es solo uno de los elementos que caracteriza a la minería cooperativizada en la histórica montaña. La inseguridad y los accidentes, algunos seguidos de muerte, más que todo por las condiciones de deterioro del cerro, se han convertido en la marca registrada del lugar. A ello se suma la informalidad laboral al no tener contratos escritos con los trabajadores, mayormente peones. Además, no todas las personas que trabajan en el Cerro Rico cuentan con un seguro de salud y la información relacionada tampoco es transparente.
Para Bruno Rojas, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), se trata de un estado de precarización laboral que es la característica fundamental de los mercados de trabajo en Bolivia.
“Son urgentes políticas públicas tendientes a la mejora de la calidad del empleo de los trabajadores, la puesta en marcha de una política salarial que establezca el pago de salarios acorde al costo de la Canasta básica familiar, la implementación efectiva de las normas de seguridad industrial y ocupacional y el desarrollo de políticas de desarrollo productivo que no sólo contemple actividades extractivas”
Bruno Rojas, Cedla
Trabajo de menores normalizado
Hay cuatro explicaciones que dan los entrevistados para justificar, si es que puede ser justificable, el ingreso de menores de edad a las entrañas de la tierra para trabajar en el propósito común de encontrar minerales. En primer lugar, por la fecha y época en la que se hizo el reporteo de este trabajo periodístico, varias personas coincidieron en que el receso de vacaciones escolares lleva a los adolescentes, e incluso a niños, a la mina.
En segundo término, se trata de una normalización a partir de tradiciones familiares; los padres y tíos de los actuales adolescentes y niños también ingresaron a muy temprana edad a los socavones y, en algunos casos, son ellos mismos quienes llevan a sus hijos y sobrinos a estos trabajos.
La tercera explicación está vinculada al factor necesidad dado que en muchas ocasiones, el padre de familia, minero, fallece antes de cumplir los 40 años, y los adolescentes deben hacerse cargo de la madre y de sus hermanos. Por último, algunos deciden entrar a trabajar en minería, más que porque lo necesiten o porque su familia esté en apuros económicos, por darse gustos y comprarse, por ejemplo, una motocicleta.
En todos los escenarios los menores cuentan con el consentimiento y permisividad de socios de cooperativas que son quienes cierran los tratos sin importarles la edad. “Prácticamente empiezan desde los 14 años”, dice Vicente Salinas (44), exsocio de una cooperativa que observa, como mirando una película en el cine, pero sentado en un vagón en desuso en las faldas del Cerro Rico durante una mañana soleada, el trabajo de dos hombres que cargan complejo (restos de zinc, plata y estaño mezclados con tierra y piedras) a una volqueta.
Dos cuadras arriba de la zona Calvario en Potosí es uno de los puntos de encuentro para los mineros esperar transporte público e ir a las minas del cerro. El lugar es muy concurrido por una serie de negocios informales como venta de comida y artículos para la minería como guantes, coca, cascos y demás. Una tarde de enero se acercan caminando tres jovencitos con una pinta bastante particular, los tres visten sandalias Adidas aparentemente nuevas. Son de Chuquisaca y dicen que es su primera semana en Potosí y en la mina, no quieren decir más.
Al día siguiente, en el mismo lugar, Rodrigo (18) espera el micro 70 con rumbo a Paillaviri, una de las principales bocaminas del Cerro Rico. Hace unos meses, junto con su hermano menor, de 17 años, entró a la mina. Rodrigo canta y toca guitarra; con lo que gana, hasta unos 300 bolivianos por día, quiere comprarse instrumentos musicales y armar un grupo similar al de Los Hermanos de Azurduy, a quienes sigue. Su hermano se compró una moto en menos de dos meses. Sin embargo, no todo es bueno. “A veces no te cancelan”, dice Rodrigo y recuerda que antes trabajó en otra mina y que la persona que lo contrató no le pagó.
Una hora más tarde, salen dos jóvenes de Paillaviri con apariencia cansada. Los mayores alrededor mascan coca, charlan y ríen. Ellos, en cambio, optan por comprarse una gelatina de vaso desechable. Se sientan a comer. Cuando se les pregunta la edad dicen, no sin antes dudar la respuesta, 18. Comen rápido y se van en la moto de uno de ellos.
Al parecer, tener ese tipo de vehículo es un deseo constante entre los adolescentes y jóvenes de Potosí. Vladimir, actualmente de 19 años, entró a la mina cuando tenía 16. Ahorró hasta hace poco para comprarse una moto. Sobre el trabajo de menores cuenta que entran desde los 14 y 15 años, aunque vio casos de menos edad. “En otras minas hay pequeños de siete a 10 años”.
La madre de Vladimir, María Cabana, de 55 años, vivió desde los cinco en el Cerro Rico. Se crió en un cuarto entre carretillas, palas y picotas. Sus cinco hijos trabajan en la mina e ingresaron bastante jóvenes. “Desde los 13 años están entrando a la mina. Las chicas cuando va a llampear (recoger residuos en las faldas de la montaña), 12 – 13 años ya están llampeando; 16 – 17 ya están güincheando. (…). Ahora changuitos entran”, cuenta María desde su casa en la zona Plan 700 al sur de Potosí.
De acuerdo con un Diagnóstico de Unicef de 2017, la actividad laboral de inicio de los niños, niñas y adolescentes trabajadores (NNAT) en Potosí era, en ese entonces, la minería con un 66%, seguida de la albañilería (11%) y el trabajo en talleres mecánicos (7%). El documento, basado en una encuesta, detalla también que en el caso de los trabajos en las minas, el 56% de los tratos eran verbales y en un 38% ni siquiera tenían un acuerdo de ese tipo. También refleja que el rango de edad de ingreso era mayormente de 14 a 17 años.
Nora Aguilar (44) vende comida en la puerta de su vivienda en el barrio de Cachi Rancho, a las faldas del Cerro Rico. Con una ganancia de 200 bolivianos al día está casi en una competencia con su hijo de 15 que gana 150 por jornal de peón. “La mayoría por ahora (entra), vacaciones es, ¿no ve? Los chicos, como han salido del colegio, se dedican a la mina. No hay de dónde ganarse dinero. La mayoría, por ahora están trabajando menor de edad. (…) Sí, por ahora (enero de 2024) hay hartos niños que están subiendo”, cuenta.
El Código Niño, Niña Adolescente prohíbe, entre otras 10 labores, la minería por su naturaleza peligrosa. Además, esta actividad está calificada por la Organización Internacional del Trabajo como una de las peores formas de trabajo infantil.
En criterio de Bruno Rojas, la incorporación de niños, niñas y adolescentes trabajadores en la minería de la ciudad de Potosí podría revelar “la reducida oferta laboral y la situación de alta precariedad laboral” de los empleos disponibles para los padres. “La inserción de los menores en las cooperativas mineras formaría parte de este proceso de estrategias familiares laborales y de supervivencia, situación que puede empeorar en el actual escenario de crisis económica”, analiza.
Solo tratos verbales
En la minería que se practica en el Cerro Rico de Potosí no hay contratos escritos. Los tratos verbales son la práctica más común entre socios de las cooperativas y trabajadores eventuales o peones. La forma de conseguir gente puede variar desde alguien que vaya hasta la montaña en busca de empleo, que un familiar o amigo lo recomiende y lo lleve un día cualquiera ante un socio o, entre otras opciones, mediante un anuncio. Lo cierto es que la informalidad marca el día a día.
En el parabrisas de una vagoneta guinda, estacionada en la zona de El Calvario, hay un letrero en el cual se solicita trabajadores. El conductor se identifica como socio y ofrece 180 bolivianos al día de lunes a viernes con pago semanal. Cambia de semblante cuando se le dice que la información es para un trabajo periodístico y no solo eso, también cambia de versión y dice que busca trabajadores para una mina en el área rural, no para una del Cerro Rico a cuyos pies está parado el auto.
José Luis Alave es un minero de 41 años. Confirma que los tratos son verbales. “La mayoría (de los trabajadores) en el cooperativismo no son permanentes y no podemos exigir un contrato seguro (fijo), digamos por unos 90 días, no trabajamos así”. ¿Qué pasa cuando un socio no le paga a un peón? “No ocurre eso, porque al rato se va a otra cooperativa o a trabajar con otro socio”, asegura Alave, quien es dirigente de Compotosi, mientras controla la descarga de mineral complejo en Paillaviri.
Mientras que José Antonio Pardo, expresidente de Fedecomin y actualmente asesor de esa federación, explica que antes las referencias en el campo jurídico legal no contemplaban a la actividad minera. “Porque más es la tradición oral costumbrista en las minas. Como en mi caso, nadie me contrató. No hay contrato, no hay acuerdo, todo es en base a la costumbre, a la confianza y, más que todo, a la tradición oral de cómo se manejan estas cosas”, dice Pardo en su oficina ubicada en el centro de la legendaria ciudad minera.
Pero esa informalidad no significa que la ganancia y los aportes de las cooperativas sean mínimos. En el Cerro Rico operaban 33 cooperativas hasta 2023. Según una memoria de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, en la gestión 2021 las cooperativas de Potosí aportaron a esa instancia 5.126.589 bolivianos y en 2022 el aporte fue de 6.756.192 siendo, en ambos años, las cooperativas Compotosi, Porco y Unificada las que más dieron.
Además, Potosí es el departamento más beneficiado por aportes de regalías; La Paz, por explotación de oro principalmente, y Oruro, por producción de estaño y minerales complejos, le siguen, según el documento Análisis de Coyuntura y Boletín Estadístico al tercer trimestre 2023 del ministerio de Minería. No obstante, quienes son la base de todo el esquema productivo parecen ser los menos beneficiados.
Leonel Berríos tiene 30 años y desde hace cinco trabaja como minero; antes fungía como mecánico para una oficina pública. Un amigo lo animó a ingresar a la mina. “Me comentó ‘están pagando bien ahí’ y yo le dije ‘ya’ y me animé a subir”, recuerda. Empezó ganando 180 bolivianos al día que le pagaba el jefe de mina, socio de una cooperativa, quien, dice, solo le hizo un trato verbal. Ahora gana hasta 700 bolivianos por jornada con pagos cada semana, lo que le alcanza para mantener a su esposa y a sus cinco hijos.
A diferencia de Leonel, Roberto Loza fue uno de los tantos que comenzó a meterse en la montaña a los 16 años. Hoy, a sus 36, este potosino comenta que sus habilidades como lateral en los equipos de fútbol de los cooperativistas fue un gancho para entrar. Admite que adentro, en las minas, ningún trabajo es fácil y, más al contrario, es arriesgado. “No sabemos si vamos a salir vivos o muertos”, dice, haciendo eco de una frase harto conocida en el testimonio minero históricamente. ¿Hay contratos escritos o verbales? “Verbal nomás, aquí nadie tiene contrato”, responde Roberto una mañana soleada mientras espera el colectivo que lo llevará a su lugar de trabajo.
En criterio del investigador Rojas, estas situaciones revelan que en el mercado de trabajo urbano y rural se ha consolidado una flexibilización contractual. Ello implica, ejemplifica, la contratación de trabajadores y trabajadoras bajo acuerdos verbales sin precisar los derechos laborales, las tareas específicas a cumplirse, los horarios de trabajo ni el monto y forma de pago de los salarios. “Un trabajador sin contrato escrito está a merced de los criterios y términos arbitrarios impuestos por el empleador”, dice Rojas.
Una muestra de esto puede ser lo que cuenta María Cabana, la mujer que vivió en el Cerro Rico desde sus cinco años. En el caso de las “guardas”, mujeres que cuidan las bocaminas, muchas de ellas no tienen nada asegurado y pueden quedarse sin ingresos de la noche a la mañana.
“Algunas cooperativas no pagan, (solo dan picha, restos de tierra con mineral), ya no tienen sueldo; algunas cooperativas sí pagan. Cuando estuve en la cooperativa Villa Imperial, en la bocamina Salvadora, no tenía sueldo; mi pichita y lo que me vendo también con el sudor de mi frente, cocinar, hacer hamburguesas. Algunos sueldos hay de 800-400 (bolivianos) al mes, pero es solo nombre, dos, tres, cuatro meses no pagan. Y cuando venimos a la cooperativa a reclamar, o a los socios reclamamos, el socio dice ‘si no te gusta puedes irte nomás”.
María Cabana, retirada de la actividad minera
Para la elaboración de este reportaje se tomó contacto personal, y también mediante sus secretarias, con las cabezas de las cooperativas Compotosi, Villa Imperial, Unificada, 10 de Noviembre, Ckacchas Libres y Palliris y Reserva Fiscal. Por diferentes motivos no se pudo concretar ninguna entrevista. En tres de los casos la razón esgrimida con más frecuencia fue que se trata de sector privado y no están obligados a brindar información. En los otros tres, se pactaron entrevistas, pero llegado el momento no se dieron, pese a la insistencia.
Asimismo, en pos de tener una visión más completa de la problemática expuesta en este trabajo periodístico, se solicitó una entrevista al Ministerio de Trabajo, a través de su Unidad de Comunicación. Desde esa oficina se informó que los temas sobre minería en cooperativas, por más que sean laborales, deben tratarse en el ministerio de Minería, pese a que en la cartera de Trabajo existe el viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas que tiene como una de sus atribuciones “promover, fiscalizar y supervisar el desarrollo social, económico y productivo del sector cooperativo”.
Por otra parte, tampoco se recibió respuesta del ministerio de Minería luego de enviar dos preguntas a través de su responsable de comunicación.
Seguro de Salud solo para algunos
Existen versiones encontradas respecto a la seguridad social, concretamente al seguro de salud. Algunos trabajadores entrevistados afirman que sí tienen seguro en la Caja Nacional de Salud (CNS) y que fue un socio quien los aseguró. Sin embargo, hay también aquellos que no están asegurados y que quisieran estarlo. Como un descargo, Antonio Pardo, asesor de Fedecomin, dice que en muchos casos son los mismos trabajadores que no son cumplidos al momento de presentar sus papeles y documentos para iniciar el trámite de afiliación a la CNS.
Los mineros Leonel Berríos y Roberto Loza comentan que sí están asegurados. Rodrigo, el joven que quiere tener su grupo como Los hermanos de Azurduy, está con el seguro de su papá. Diferentes son los casos del esposo de la vendedora de comida Nora Aguilar y de Vladimir y sus cuatro hermanos, todos hijos de María Cabana. “Como es peón nomás, no tiene, no cubre ningún seguro. Tampoco sus jefes no le hacen curar”, lamenta Aguilar luego de contar que el padre de sus hijos no pisa bien después de que un carro con mineral chocase con su rodilla.
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Eusebio Mamani Vedia, de 51 años, tiene una tienda en el barrio San Anselmo, en la ciudad de Potosí. Entró a trabajar a sus 14 años a la mina. La última vez que ingresó fue hace seis años. Por la peligrosidad de los trabajos e inclinarse por su familia tomó una decisión: “ya no”. Desde los años de sus inicios hasta ahora analiza que casi nada ha cambiado. “No teníamos nada escrito. Mucha gente no se asegura, están así de peoncitos, cualquier accidente les pasa y nadie les paga, nadie les reconoce, así mueren”.
En 2019, desde el Cedla se concluyó, a partir de números propios de esa organización, que el 91% de la población ocupada en Bolivia contaba con empleos precarios moderados y 61% con empleos precarios extremos. En análisis del investigador Rojas, “las cooperativas mineras gozan de la protección política y legislativa del gobierno actual que impide avizorar la posibilidad de ejecutar medidas que puedan transformar la crítica situación laboral existente”.
En un reporte periodístico del medio Guardiana en 2022, se informó que en los últimos 15 años se emitieron al menos 12 leyes, decretos supremos y resoluciones ministeriales de favorecimiento al sector cooperativo minero.
Sumado a ello, la Constitución boliviana (2009) establece que el Estado “promoverá y fortalecerá las cooperativas mineras para que contribuyan al desarrollo económico social del país”. El poder de este sector en los gobiernos del Movimiento Al Socialismo es visible desde distintas perspectivas. Quizá una de las que más llama la atención es que, por ejemplo, el primer ministro de Minería del primer gobierno del MAS en 2006 fue el minero cooperativista Walter Villarroel. En la actualidad, el ministro es Alejandro Santos Laura quien fuera presidente de Administración en la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN R.L.) entre 2013 y 2015.
El 12 de enero de 2024 se pidió, mediante carta, información a la oficina nacional de la CNS sobre estadísticas y situación actual de las cooperativas, socios cooperativistas y trabajadores de las minas del Cerro Rico de Potosí afiliados a esa instancia. Como sucedió con las carteras de Trabajo y Minería, tampoco se obtuvo respuesta hasta el cierre de edición.
Este reportaje ha sido elaborado en coordinación con el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en el marco del proyecto “2022-2024: Knowledge and Debate in a Changing World” que cuenta con el apoyo de la Embajada de Suecia.
