Del río Pilcomayo se ha dicho de todo, pero hasta ahora la gente no ve acciones concretas para salvarlo de la contaminación. Hay una deuda histórica con este afluente trinacional que da de comer y beber a indígenas y campesinos de manera directa. A cambio recibe una permanente descarga de residuos tóxicos, producto de la actividad minera en la cuenca alta.
No se trata de solo presunciones, esta situación fue demostrada mediante un análisis de la calidad de agua de 15 años de monitoreo en 22 estaciones ubicadas desde Potosí, pasando por Chuquisaca hasta terminar en el Chaco tarijeño. Son al menos 13 metales pesados que superan los límites permisibles para la salud y los parámetros de la reglamentación de la Ley de Medio Ambiente en Bolivia.
En la cuenca del Pilcomayo viven más de 1 millón de personas, además es el único río que irriga el sur del Chaco boliviano, región que tiene el segundo bosque más importante en Sudamérica después del Amazonas. Hasta ahora, en afluentes aportantes y en el mismo río Pilcomayo se ha encontrado elevada presencia de metales como: Arsénico, Boro, Cadmio, Cobre, Cromo, Hierro, Manganeso, Mercurio, Níquel, Plata, Plomo, Selenio y Zinc, que amenazan la salud humana y de las especies de esta cuenca.
Jimena Durán, investigadora del Centro de Análisis, Investigación y Desarrollo (CEANID) de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija (UAJMS), advierte que parte de los contaminantes detectados pueden atribuirse a la actividad antrópica (minería) y también a acciones naturales.
Autoridades políticas de Tarija, Chuquisaca y Potosí conocen de estos resultados, al igual que la Defensoría del Pueblo, dirigentes campesinos e indígenas, porque mediante el proyecto El Pilcomayo a Profundidad, recibieron la totalidad de los datos del monitoreo de calidad del agua realizado entre 2007 y 2022 por la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Pilcomayo (CTN) y también el estudio de interpretación de esos datos que realizó la UAJMS a través de sus expertas en la temática.
Los directos afectadosFrancisco Nazario, capitán grande del Pueblo Weenhayek, apunta que la preocupación no sólo debe ser de los pueblos indígenas, sino también de la gente que se dedica a la agricultura y la ganadería, actividades que igual dependen del río Pilcomayo y pueden verse afectados por la contaminación.
Nazario recordó que en 2023 un estudio del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Tarija evidenció la presencia de plomo y mercurio en los peces del río. Sin embargo, esta información contrastó con las declaraciones y el estudio del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud, quienes negaron la contaminación a pesar de haberse realizado los análisis en el mismo laboratorio. Esta situación generó desconfianza entre los miembros de las comunidades indígenas.
Por eso, recibir información y el análisis de los datos oficiales de la CTN, les da la esperanza de conocer la verdadera situación del afluente, con la posibilidad de hacer una propia interpretación con profesionales expertos de su confianza.
Pablo Rivero, quien también es capitán Grande del Pueblo Weenhayek, más allá de la disputa de la dirigencia con Nazario, recuerda las contradicciones de las autoridades departamentales y nacionales respecto a estudios de contaminación del río, por eso la lectura de su sector es fácil. Indica que el aspecto político primó por encima de la verdad, sin dejarles oportunidad de conocer la situación real de la calidad del agua del Pilcomayo. Al final, con esa incertidumbre que generaron los gobernantes, los únicos perjudicados son quienes dependen de ese afluente en Villa Montes, unas 26 comunidades indígenas.
Rivero parte de la premisa que el estar informados de la situación del río, es un primer paso para exigir otros derechos a las autoridades, como por ejemplo agua segura y salud. Pero también sabe que pueden reclamar soluciones, como la regulación de la actividad minera para evitar una mayor contaminación y no matar la subsistencia de su gente.
Aguas arriba, son 13 comunidades guaraníes situadas también en las riberas de este afluente y que dependen de ese recurso hídrico. René Arebayo, portavoz de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), califica la situación de esta zona como “los relegados”, pues las autoridades solo se concentraron en el tramo del Chaco (Villa Montes) y no realizaron estudios en Entre Ríos, donde el sábalo llega a desovar. En ese pueblo, los dirigentes ven con preocupación que “las enfermedades raras” van en aumento, al igual que el cáncer.
Desde su organización plantearon realizar una Cumbre Trinacional del Pilcomayo, con el objetivo de analizar la problemática de este afluente entre los tres países: Bolivia, Argentina y Paraguay, mediante la cual, las autoridades puedan asumir responsabilidades y dar soluciones. Como sector buscan apoyo de instituciones para concretar su iniciativa.
Emilio Cisneros vive al otro extremo de la cuenca, es coordinador del Consejo Originario de la Nación Chichas de Potosí. Contextualiza que comunidades pertenecientes a su sector no solo están cerca de la Cuenca del Pilcomayo como tal, sino también a ríos aportantes como es el caso del río Cotagaita y Tupiza, en lo cuales, se revela la contaminación por metales pesados mediante el estudio del proyecto El Pilcomayo a Profundidad.
La principal afectación que observan es un bajo rendimiento en la producción frutícola, “el agua y la tierra no son las mismas a causa de la contaminación”. Lo poco que logran producir, también es sujeto de un estigma, “son frutas contaminadas”, las personas no quieren comprar los productos si vienen de zonas donde se riega con aguas del Pilcomayo o sus afluentes.
Este dirigente vincula el derecho a la vida de los pueblos con el acceso al agua pura, es por ello que, al tratarse de un tema de sobrevivencia y calidad de vida, exigen a las autoridades tener un plan estratégico para salvar el Pilcomayo y los afluentes aportantes.
Compromisos políticos
Para Efraín Rivera, secretario de Desarrollo Productivo, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Gobernación de Tarija, una de las tareas a ejecutar tras conocer el estado de la cuenca del Pilcomayo, es generar una articulación de su institución con las gobernaciones de Chuquisaca y Potosí para el saneamiento de la cuenca. Por otro lado, considera que es fundamental establecer un estudio y monitoreo del sábalo, por constituirse el principal alimento de poblaciones indígenas.
Por su parte, Richard Serrano, secretario de Desarrollo Productivo del Gobierno Regional de Villa Montes, asegura que la base de datos de 15 años de monitoreo permitirá realizar otros estudios para profundizar el estado del río Pilcomayo en ese tramo del cauce. También considera oportuno encarar trabajos interinstitucionales para la conservación de la cuenca y contrarrestar el daño ambiental.
Jorge Rodríguez, jefe de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, asegura que el tener información histórica de la calidad del agua, les permitirá hacer un análisis y priorizar programas en favor de seis municipios por donde atraviesa el río Pilcomayo. Además, aseguró que retomarán contacto con autoridades de Tarija para generar acciones conjuntas que permitan frenar la contaminación del río.
Uno de los municipios a los que se refiere Rodríguez es Yotala, donde Abraham Ortega es el secretario de Desarrollo Humano y Social. Como responsable del área, asegura que bajo el convenio que tienen con la Universidad Autónoma San Francisco de Xavier, a través de la Facultad de Agronomía, buscarán ejecutar investigaciones para comprobar si los metales pesados también están presentes en los productos agrícolas en la zona, de acuerdo a los resultados tomar acciones con la generación de programas que ayuden al sector.
Desde la Gobernación de Potosí se ha pronunciado Aldo Tejerina, secretario de Madre Tierra, quien ve una oportunidad para comparar la información de la CTN con la que su institución ha obtenido mediante su propio sistema de monitoreo de cuatro cuencas de ese departamento. Agregó que esta información permite hacer control y fiscalización a operaciones mineras.
Alberto Gallardo, alcalde del municipio de Tacobamba, reconoce que en su jurisdicción se tiene una intensa actividad minera que puede causar contaminación a los ríos de la zona que desembocan en el Pilcomayo, por lo cual, asegura que al tener acceso al análisis a la base de datos sobre monitoreo de calidad del agua, podrán definir políticas orientadas a la mitigación del daño ambiental para contribuir en el saneamiento de este afluente trinacional.
Una esperanza en la Justicia
Recurrir a la justicia ordinaria en Bolivia y hasta la Corte Internacional es una de las alternativas en las que trabajan legisladores de diferentes niveles de Gobierno para salvar al Pilcomayo de una inminente contaminación por falta de control a los operadores mineros, que trabajan de manera legal e ilegal.
Nelly Gallo, senadora nacional, luego de que la sala segunda Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija les negara la tutela de una acción popular que planteaba la conservación de la cuenca, determinó llevar todas las pruebas de degradación del Pilcomayo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Y es que en la justicia internacional se tiene precedentes. El último caso se trata de la sentencia emitida por la CIDH en contra del Estado peruano, a quien declaró responsable de la violación de los derechos al medio ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida, la protección especial de la niñez, el acceso a la información, la participación política, así como las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de 80 habitantes de La Oroya, un pueblo del vecino país que se veía afectado por la minería.
Esther Sánchez, vicepresidenta de la Brigada Parlamentaria de Tarija, también reúne la mayor cantidad de pruebas posibles para interponer una demanda penal ante los tribunales de justicia de Bolivia, porque el poder Ejecutivo no cumple con su labor para evitar la contaminación del río Pilcomayo. Asegura que realizó varias inspecciones a actividades mineras que operan de manera irregular.
Mientras que Reyna Menacho, vicepresidenta del Concejo Municipal de Potosí, continúa con el proceso en contra de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) por la rotura del dique de Agua Dulce el año 2022, descargas tóxicas que afectaron a ríos aportantes del Pilcomayo. En otros casos, ha ganado procesos judiciales por contaminación y espera que ahora también se pueda sancionar a los responsables y remediar el daño.
Defensoría del Pueblo un actor clave
Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo de Bolivia, junto a sus representantes departamentales en Tarija, Chuquisaca y Potosí, también son conocedores del estudio de calidad del agua entre los años 2007 y 2022. Aseguran que visitaron poblaciones afectadas de la cuenca del Pilcomayo y se ha generado un protocolo para monitoreo y seguimiento de esta problemática. Por lo cual, realizan una recopilación de más estudios o investigaciones que ayuden a conocer la situación de este afluente y sus efectos en los habitantes.
Para Callisaya es importante generar una sinergia interinstitucional para un emprendimiento común, que consista en la defensa de la salud y de la vida de las personas que dependen, tanto del agua como de la alimentación, que les da el río Pilcomayo.
Humberto Mayorga, representante del Defensor del Pueblo en Chuquisaca, recuerda que como institución ya realizaron estudios en gestiones pasadas, pero la problemática sigue vigente, no sólo como una afectación de contaminación del agua, también por sus efectos que este ocasiona en los tres departamentos que atraviesa en Bolivia, y en países vecinos como Argentina y Paraguay.
