Primer foro de candidatos y candidatas organizado por del Movimiento Juntas Hacemos Historia/Foto: Coordinadora de la Mujer
Por: Daniel Rivera para la Red de Medios Digitales Bolivia (Acceso Investigativo, Guardiana y La Nube)
Bolivia se encamina en una recta final para las elecciones presidenciales, mientras las organizaciones políticas, mediante sus programas de gobierno, exponen sus visiones sobre equidad de género, que va desde posturas que significan avances hasta propuestas que levantan alarma por ser consideradas, por analistas, como regresivas radicales. También observan que si bien, se identifican progresos, las iniciativas carecen de la profundidad necesaria para generar cambios estructurales.
Voces a favor
Entre las nueve organizaciones que quedaron en contienda electoral, para Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, tres destacan por una aproximación más robusta a equidad de género: Movimiento de Renovación Nacional (MORENA), Alianza Libertad y Democracia (LIBRE) y Alianza Unidad, por abordar aspectos cruciales como la autonomía económica, la lucha contra la violencia y la creación de sistemas de cuidado.
Según revisión de los programas de propuestas, para este reportaje, publicados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), MORENA plantea incorporar un Sistema Plurinacional de Cuidados y un Ministerio de Igualdad y Género, con presupuestos específicos y observatorios en todos los niveles de gobierno. Sus ejes incluyen una vida libre de violencia para mujeres y niñas, autonomía económica y participación política paritaria.
Mientras que LIBRE habla de potenciar la participación femenina en política, promover la distribución equitativa de las tareas de cuidado y fortalecer la autonomía económica de las mujeres. En la lucha contra la violencia, propone centros de atención inmediata, monitoreo de agresores y la inclusión de la equidad en la educación desde la niñez.
Por su parte, la alianza Unidad apuesta por la autonomía económica con justicia laboral, un Sistema Nacional de Cuidados y una lucha integral contra la violencia. También subraya el acceso a derechos sexuales y reproductivos, la justicia con enfoque de género y la construcción de un Estado despatriarcalizado.
Las otras fuerzas políticas, tienen menos propuestas específicas sobre esta área. La Alianza la Fuerza del Pueblo (AP) promueve la equidad y una sociedad sin violencia, que valore el cuidado como pilar social. Alianza Popular busca elevar la participación laboral femenina con corresponsabilidad familiar e integrar la perspectiva de género en las actuaciones judiciales. Este último planteamiento ya está en marcha pero no todos los jueces la aplican, incluso se tiene el VII Concurso Nacional de Sentencias con Perspectiva de Género en Bolivia, pero en 11 años sólo en el 30 por ciento de los casos de feminicidios llegaron a una condena, según datos del Observatorio Justicia y Género.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) propone programas de acceso para mujeres a empleo, crédito y tierras. APB SÚMATE se enfoca en erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes, y en ampliar la participación laboral femenina. El Partido Demócrata Cristiano (PDC), por su parte, prioriza la protección social y el acceso a servicios de salud.
Alerta sobre “regresiones”
Sobre esta temática, no todo muestra ser un avance. La alianza Libertad y Progreso (ADN) ha encendido las alarmas con propuestas que, según Tania Sánchez de la Coordinadora de la Mujer, son «regresivas», porque esta organización busca eliminar toda política pública referida a la ideología de género, basándose en «principios de racionalidad, ciencia y biología», según su programa de Gobierno.
También proponen derogar normas que establecen criterios de género, eliminar asignaciones presupuestarias a grupos que promueven «agendas colectivistas inmersas en ideología de género», revisar contenidos educativos para que reflejen «conocimientos científicos y no doctrinas», y suprimir el «lenguaje inclusivo» en las comunicaciones estatales.
Para Sánchez, la postura de esta organización política desconoce el avance sobre derechos que se logró en los últimos años. Y es que también desde el año 2020 hubo una arremetida contra la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia 348, a la par de lo que ocurre en otros países como Argentina y Estados Unidos, donde los nuevos gobiernos trataron de desmantelar las instituciones y esfuerzos por impulsar la equidad de género.
Un diagnóstico de superficialidad
Lo que hay en común entre las organizaciones políticas que buscan la silla presidencial, es la superficialidad con la abordan sus propuestas de equidad de género. Rosario Ricaldi, responsable del programa de Incidencia Política de la Coordinadora de la Mujer, sostiene que es preocupante la falta de profundidad y compromiso real de los candidatos. A pesar de que 1.500 mujeres articularon la denominada Agenda País para una Bolivia con Igualdad, abordando temas vitales como el acceso a la justicia, la autonomía económica, el medio ambiente y, de manera crucial, la violencia de género, los planteamientos de los partidos carecen de respuestas contundentes y soluciones integrales.
Según su análisis, esta superficialidad es particularmente evidente en el ineficaz abordaje de la violencia machista, un problema de salud pública que tiene un alto costo social y económico que los políticos se niegan a ver como una cuestión que requiere prevención, inversión y una mirada estratégica más allá de la “mera” judicialización de los casos, porque demanda un abordaje desde el sistema educativo.
Tania Sánchez, pero también Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir, añaden que las organizaciones políticas, por ejemplo, no reconocen que la violencia no se sufre por igual y que afecta más a las mujeres, por lo que también coinciden en la debilidad general de las propuestas. Desde la implementación de la Ley 348 en el año 2013 hasta el 2024 se registraron 1255 denuncias de feminicidios y cada año se registran entre 30 mil y 40 mil denuncias por violencia doméstica o familiar, ambas con tendencia de crecimiento anual, según datos del Observatorio de Justicia y Género.
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Para ellas, a pesar de la visibilidad de temas como la violencia y el empoderamiento económico, pocas abordan problemas estructurales de fondo. Lamentan que muchos candidatos carezcan de preparación para debatir estos asuntos y que las propuestas no incluyan medidas concretas para abordar las desigualdades económicas que afectan a las mujeres, especialmente en la economía informal.
En materia de salud, particularmente en salud sexual y reproductiva, también se observan deficiencias. Bolivia aún no cuenta con una Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos y problemas centrales como el aborto aún están penalizados, a pesar de los avances que fueron logrados con la aprobación de la sentencia 206/2014 por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional que permitió que esta práctica se realice sin contar con una orden judicial, a sola denuncia; sin embargo, sólo se lo puede efectuar si la salud de la madre o el feto está en riesgo o si hubo violación.
Sánchez advierte también que, tras las medidas de ajuste económico, los candidatos hablan de quitar programas como el bono Juan Azurduy o el Sistema Único de Salud (SUS), algo inquietante porque estos fueron un avance crucial para las mujeres y más bien deberían de fortalecerlos. La justicia ambiental con enfoque de género es otro pendiente, pues la precariedad del agua y los agronegocios afectan desproporcionadamente a mujeres y niñas.
Desafíos en la implementación y la construcción política
Las expertas consideran que unos de los factores que llevó a la superficialidad de las propuestas, fue porque los programas se elaboraron con equipos reducidos, sin una construcción plural dentro de los partidos, que a menudo están debilitados y no cumplen con criterios de paridad. Además, mediante debates públicos y entrevistas en medios de comunicación, se evidenció que hay candidatos que desconocen los programas de gobierno de sus propias alianzas.
Susana Saavedra enfatiza que, a pesar de los avances normativos en Bolivia, la implementación de las leyes es deficiente por «falta de voluntad y presupuesto». El Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 es un claro ejemplo; la asignación para la lucha contra la violencia de género se redujo de un 2,34 por ciento en 2023 a 0,35 este año, equivalentes a 35 centavos de boliviano por cada 100 asignados.
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Para Rosario Ricaldi, si se invirtiera más recursos económicos en prevenir la violencia, se gastaría menos en atenderla, pero también significa un gasto menos en sancionar la violencia. Sin embargo, como no se invierte en la prevención, lo que se hace es generar condiciones para que el problema no se solucione, al contrario, se agrave en el corto, mediano y largo plazo.
Es así que más allá de los programas de Gobierno, los foros políticos también fueron espacios cruciales para que los candidatos presenten sus ideas y asuman compromisos. La sociedad civil, a través de iniciativas como la Agenda Política de las Mujeres por una Bolivia con Igualdad, ha construido propuestas que abordan temas estructurales y urgentes, esperando que sean retomadas por los futuros legisladores y el próximo Gobierno.
Para Saavedra y Sánchez es fundamental que la inversión en un sistema de cuidados, la reducción de brechas salariales y laborales, una reforma judicial integral y el fortalecimiento de la salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva, sean prioridades. Además, remarcan que los compromisos internacionales en derechos humanos son vinculantes y exigen que las propuestas vayan más allá de «maquillajes» para abordar las desigualdades de fondo.
