La segunda vuelta presidencial se centra en la promesa anticorrupción, pese a las acusaciones mutuas. Analistas ven que urge una Ley de Acceso a la Información con sanciones y un ente independiente, pues el país sigue siendo el único de la región sin ella. Diez intentos legislativos fallidos desde 2001 y la vaguedad en los planes de gobierno demuestran que, sin una norma de fondo, la lucha será insuficiente.
Por: Daniel Rivera para la Red de Medios Digitales Bolivia (Acceso Investigativo, Guardiana y La Nube)
La segunda vuelta electoral para la presidencia de Bolivia, entre el Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Rodrigo Paz y la Alianza Libre de Jorge “Tuto” Quiroga, se marca por una promesa de transparencia y luchar contra la corrupción. Abordar este eje está intrínsecamente ligada al acceso a la información, pero Bolivia destaca en la región por ser el único país sin una ley específica para ejercer este derecho universal. Analistas coinciden en que se debe pasar del discurso a la práctica, y los planes de Gobierno de ambas fuerzas revelan su verdadero grado de compromiso al respecto.
Desde el año 2001 a la fecha, en diez oportunidades se plantearon diferentes proyectos de ley que nacieron de la sociedad civil, poder ejecutivo y legislativo. Todos sin éxito. Para Raúl Velásquez, investigador de la Fundación Jubileo, el próximo Gobierno si quiere tener un respaldo de la sociedad sobre las políticas que quiera implementar, lo primero que debe hacer es transparentar toda la información del Estado para mostrar la verdadera situación del país. Pero también crear los mecanismos legales para que este derecho se cumpla y se sancione a quienes vulneren el mismo.
Para Ramiro Orias, presidente del Tribunal Nacional de Ética Periodística, no sólo se trata de discursos en tiempos electorales, sino que los candidatos deben especificar el cómo lo harán. Para él, la prioridad del Legislativo debe ser la aprobación de una ley de acceso a la información y el Ejecutivo debe respaldarla o promoverla, porque constituye una poderosa herramienta de transparencia y lucha contra la corrupción. Advierte que no debe ser una normativa de generalidades, sino una que responda a los estándares internacionales que ha generado la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre esta temática.
¿Qué ofrecen los candidatos?
A la fecha, en el país se tienen normativas aisladas que incluyeron algún artículo sobre la materia, como el 93 de la Ley de Medio Ambiente, el 34 de Ley de Control Social, el 10 de la Ley de Unidades de Transparencia o el artículo 6 de la Ley de Desarrollo Sostenible. Lo que en la práctica no fue suficiente para un Estado de información abierta hacia su población, no por nada en el índice de percepción sobre la corrupción, Bolivia destaca como el país más corrupto de la región, según el World Justice Projet (2024). Además, de 1.229 casos de corrupción registrados en los últimos siete años, solo de 1 se logró la reparación del daño, según el Ministerio de Justicia.
Con esos antecedentes, las fuerzas políticas que buscan la silla presidencial muestran seguir ese mismo camino, de iniciativas o esfuerzos dispersos. La Alianza Libre en su Programa de Gobierno reconoce que Bolivia no tiene una Ley de Acceso a la Información, pero no especifica si promoverá o priorizará una normativa de este tipo. Sin embargo, menciona que crearán espacios como el Observatorio de Finanzas Públicas, por donde darán informes periódicos sobre esa área, pero también será un lugar para intercambio de criterios y análisis de la misma. Mientras que el PDC propone sistemas integrados de información y vigilancia social, pero no profundiza más en cómo lo hará.
Por otro lado, Libre pone en el centro al Instituto Nacional de Estadística (INE) como una institución que certifique la calidad de información que producen distintas entidades públicas, principalmente con base y registro administrativo, así garantizar que la información que se usa sea la adecuada.
Esta fuerza política plantea que todas las transacciones del Gobierno quedarán registradas con Block Chains (cadenas de bloques), de manera que nadie pueda modificar o borrar la información, como una manera efectiva para auditorías. El PDC también propone usar la misma tecnología para las contrataciones estatales.
El debate vicepresidencial del 5 de octubre tampoco fue un escenario donde se profundizó esta temática, aunque alcanzaron a plantear propuestas más concretas, pero no de fondo. Edman Lara del PDC propuso que las respuestas de Peticiones de Información Escrita (PIE) estén disponibles en una página web. Y es que, a la fecha, esto no ocurre en la Cámara de Diputados, donde solo transparentan las preguntas realizadas a determinada autoridad o entidad, pero además esta documentación de gestiones anteriores al 2020, fueron eliminadas de su sitio digital.
Por su parte, Juan Pablo Velasco del frente Libre propuso un Ranking legislativo público, de manera que cualquier persona acceda a información de cada autoridad, sobre su desempeño como senador o diputado, con indicadores de asistencia, de propuestas de leyes impulsadas, abrogadas o derogadas.
Acciones más que discursos
Para Ramiro Orias, el discurso de lucha contra la corrupción, de transparencia y de gestión pública que aparecen como publicidad de los actos políticos, requiere mecanismos expresos y específicos. Advierte que pretender que el acceso a la información esté supeditada a la voluntad del mismo órgano del Estado, es permitir que el Gobierno sea juez y parte. “Se necesita de una agencia independiente encargada de implementarla, monitorear su cumplimiento del acceso a la información conforme a los compromisos internacionales que el país ha suscrito”.
El proyecto de Ley 160/2023-2024 de Acceso a la Información y Documentación Pública, presentado por la senadora Silvia Salame, establecía una comisión bajo la dependencia de la Defensoría del Pueblo conformada por cuatro miembros externos de alta probidad ética. Si bien fue aprobada en la Cámara de Senadores, se estancó en la de Diputados.
Para evitar depender de la voluntad de la autoridad de turno, para acceder a información, Velásquez reiteró la importancia de una normativa con sanciones para los que no la cumplan. Puso como ejemplo al sector energético, porque mediante una investigación establecieron que solamente un 21% de la información mínima que se requiere es pública, el 63% no se publica, un 11% es parcialmente publicada y un 5% no existe. Lo que demuestra la opacidad en este sector.
El investigador también puso como ejemplo a Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que a pesar del artículo 6 de la Ley de Desarrollo Sostenible del Sector Hidrocarburos, que obliga a esta empresa a publicar información semestralmente, lo dejó de hacer desde el año 2015. Un sector estratégico en la economía de Bolivia, que ahora se ve en una crisis.
Es así que el próximo Gobierno boliviano, sea del PDC o Alianza Libre, enfrenta el reto de transformar promesas de transparencia en una acción legal: aprobar una Ley de Acceso a la Información. Sin esta norma fundamental, postergada por diez intentos desde 2001 y esencial contra la corrupción, los expertos advierten que las propuestas tecnológicas o mecanismos aislados son insuficientes, para fortalecer un pilar indispensable para la confianza ciudadana.
