La explotación de oro aluvial se realiza en un área de difícil acceso, sin caseríos cercanos y con un único camino que es intransitable en época de lluvias, por lo que la actividad minera se ha desarrollado de manera ilegal en la comunidad de Molle Aguada durante al menos tres años, atestiguan los comunarios.
Por: Silvia Rentería y Jorge Salomón
El oro, ese metal reluciente que despierta avaricia en las personas, es protagonista de un drama ambiental que amenaza con su expansión en la microcuenca baja del río San Juan del Oro, pero a su vez al río Pilcomayo. Ahí se ha detectado explotación ilegal de oro, además se ha identificado más de media centena de yacimientos de plomo y otros metales en la cuenca, de los que las autoridades nacionales prefieren guardar silencio. Pero no son el único problema, porque el agua de este río ya está cargado de al menos 13 contaminantes, según estudios técnico científicos de los últimos 15 años.
En el límite de los departamentos de Chuquisaca y Tarija, en las comunidades de Molle Aguada y Paicho Candelaria, el vacío legal de las competencias de supervisión sobre el uso de metales tóxicos prevalece, como así también la maquinaria clandestina que remueve los márgenes del río en búsqueda de oro aluvial.
En Bolivia un 75 % de las cooperativas que explotan este metal usan mercurio, técnica relativamente sencilla que no requiere montos de inversión muy grande, según datos del estudio de Impacto del mercurio en la pequeña minería aurífera realizado por la iniciativa Oro Responsable.
Florencia Guevara es una de las 27 familias que vive en Molle Aguada, comunidad perteneciente al municipio de Villa Abecia del departamento de Chuquisaca. Aquí, donde no llega el agua potable y una quebrada seca y árida es el único camino que comunica las distantes casas construidas hasta en los bordes de los cerros, llegó maquinaria pesada, pero no para mejorar el acceso vial, sino para extraer oro de manera ilegal.
La crianza de chivas, venta de carne y queso son el sustento económico de estas familias. Florencia ofrece lo que tiene, un plato de mote y queso fresco que acaba de sacar de una caja de madera que está en el patio de su casa. Al fondo, una huerta de duraznos no dieron frutos porque las plantas enfermaron, algo que parece no desanimarla, pero tampoco deja de preocuparla. Ella, como las demás familias del lugar, no quieren vivir las mismas consecuencias que trajo el mercurio por la fiebre del oro en comunidades indígenas de la Amazonía boliviana.
En las palabras de Florencia resuena la voz de Molle Aguada, relata que la empresa Unipersonal Anselmo Ortiz está presente en la zona hace más de tres años, una explotación minera que avanzó entre sombras. Desde la comunidad hasta el lugar de explotación a orillas del río San Juan del Oro, se debe caminar más de dos horas entre cerros áridos y sendas improvisadas. En cambio, un automóvil se tarda un tiempo similar por una estrecha y sinuosa quebrada cuyo único acceso es por el vecino municipio de Culpina.
Esta mujer conoce el área de explotación ilegal como a la palma de su mano. Creció allí junto a sus padres y tíos, el lugar es más conocido como K’uchu Pujru. También fue testigo de cómo la empresa minera se aprovechó de quienes habitaban el lugar, quienes eran personas de avanzada edad; los engañaron con promesas nunca cumplidas.
“Habían pedido permiso con la promesa de instalarles una toma de agua desde una vertiente cercana y después ofrecieron apoyarlos para arreglar el camino, pero no cumplieron”, recuerda Florencia con semblante cabizbajo, porque recuerda a su padre quien falleció hace unos meses y el resto de sus familiares migraron a otros departamentos.
Las dificultades que tienen los comunarios de esa zona para acceder al agua potable, hacen que el suministro de este recurso tan importante sea dotado por cisternas o barriles, mientras la empresa que realiza la explotación ilegal de oro se lleva recursos económicos que no retornan.
El dueño de la empresa Anselmo Ortíz apareció en la comunidad cuando su actividad se puso en evidencia, afirmó que tenía autorizaciones, permisos para operar y licencia ambiental, situación que no era cierta, según testimonios de comunarios de la zona y documentos de inspecciones de autoridades municipales y departamentales de Chuquisaca.
La explotación ilegal del oro en Bolivia muestra ser una realidad cotidiana. En noviembre de 2023, el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, identificó más de 200 operaciones extractivas ilegales de este metal en la cuenca del río San Juan del Oro del municipio de Tupiza. A la lista también se suman dos empresas que extraen oro en la microcuenca baja en el límite de los departamentos de Tarija y Chuquisaca, también sin autorización de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), ni licencia ambiental requerida. Estas últimas áreas tampoco figuran en el registro de producción de oro en Bolivia según el Anuario estadístico y Situación de la minería 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE).
De acuerdo a mapas facilitados por el Servicio Geológico Minero (SERGEOMIN), en el sector del río San Juan del Oro se identificaron tres sectores con anomalías de oro (AU) secundario de placeres (depósitos auríferos acumulados en arenas), y con otros documentos se logró identificar a las empresas Anselmo Ortíz y Bombori Srl. que operan sin autorización en dos sectores.
En cuanto a otros metales identificados en el mapa, se evidencia un depósito de plomo (Pb) en el extremo este del río, igualmente al oeste, en territorio del departamento de Potosí, hay áreas que contienen plomo, zinc, plata y cobre. Todos juntos, dentro del margen de la cuenca del San Juan del Oro, son más de media centena de yacimientos metálicos, de los que la AJAM prefiere guardar silencio sobre sus concesiones y operadores legales o ilegales.
Una auditoría de desempeño ambiental k2/ap23/s16-e1 del 16 de noviembre de 2018 realizada por la Contraloría General del Estado en la cuenca alta del río San Juan del Oro, remarca que no solo el mercurio es una amenaza para los ribereños si no que existe una concentración elevada de otros metales pesados como arsénico, aluminio, cadmio, plomo, sulfato, fosfato y nitrato que superan el mínimo permitido por la norma ambiental boliviana.
Estos datos se vuelven a confirmar con la interpretación de "Evaluación del contenido de metales en la cuenca del Pilcomayo", realizado por el Centro de Análisis de Investigación y Desarrollo de la Universidad Juan Misael Saracho (UAJMS) para esta investigación de Verdad con Tinta en alianza con Acceso Investigativo, donde se evidencia la variabilidad temporal y espacial de la presencia y distribución de metales en la Cuenca del río Pilcomayo y sus afluentes, en territorio boliviano, con datos de la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo ( CTN) del período 2007- 2022.
Los resultados de las estaciones Chuquiago y El Puente en la subcuenca del río San Juan del Oro demuestran que los niveles máximos de metales totales, en particular arsénico, cadmio, mercurio, níquel, manganeso, selenio, plomo y cromo, superan los valores establecidos en las normativas de referencia. El estudio revela que en la mayoría de las estaciones de monitoreo de la Cuenca del río Pilcomayo la concentración de estos metales es elevada y plantea un riesgo potencial para la salud humana y el ecosistema acuático.
Enfrentar a la minería ilegal
Florencia Guevara no es la única habitante que lucha contra la explotación desmedida y el riesgo ambiental, otro de los comunarios es Teófilo Anagua, quien resalta que la empresa Anselmo Ortiz también aprovechó la falta de conocimiento sobre la normativa legal en minería y medio ambiente.
La Ley de Minería y Metalurgia (Artículo 104) define la minería ilegal como la actividad de explotación de recursos minerales que se realiza sin contar con la autorización o derecho otorgado.
“Rechazamos la explotación minera de oro en el sector de K’uchu Pujru, de la comunidad de Molle Aguada por parte de la empresa Anselmo Ortiz y otras empresas mineras por no contar con licencia ambiental y actuar de manera maliciosa haciendo firmar documentos a personas mayores”, versa un acta de reunión de emergencia del 10 de agosto de 2023.
La denuncia e inspecciones para que la empresa deje de operar, fueron gestiones comunitarias y de algunos dirigentes de la Central Única de Trabajadores Campesinos de Villa Abecia, quienes presionaron a autoridades municipales y departamentales para que paralicen la actividad de explotación ilegal de oro en la ribera de río San Juan del Oro.
Un trabajador de la minería artesanal de oro en Molle Aguada, que pidió guardar su identidad, reveló que en esa zona se obtienen entre 300 y 350 gramos de oro en 24 horas de trabajo. La actividad de explotación se realiza durante cuatro días a la semana y luego los trabajadores salen a su respectiva comercialización, persistiendo de manera concurrente esta situación.
Clausuras sin éxito
La empresa unipersonal Anselmo Ortíz operó por más de tres años sin ningún control de autoridades nacionales, departamentales o municipales. Hasta ahora, ha vuelto a desafíar a quienes suspendieron su actividad el 2023, porque en enero del 2024 volvió a operar en la misma zona.
El presidente del Concejo Municipal de Villa Abecia, Ciro Rengifo, asegura que se realizaron gestiones e inspecciones, pero el tema minero es algo nuevo para ellos, pues la zona es de vocación productiva. Además, por la importancia y delicadeza del tema gestionan cursos de capacitación para que los comunarios no sean engañados por operadores mineros y hagan firmar actas de compromisos para poder ingresar a la zona.
Foto: Silvia Rentería.
La empresa “Anselmo Ortiz” estaba en etapa de explotación sin un plan de manejo de desmontes, señalización, contenedores para diferentes tipos de residuos, ni piscinas de sedimentación con draga para la recuperación y lavado de oro, menos con licencia ambiental, según la resolución de suspensión de actividades de la Gobernación de Chuquisaca a la que se tuvo acceso para esta investigación. Con esas evidencias lograron suspender la actividad ilegal en agosto del 2023.
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente de Chuquisaca
Uno de los motivos que llevó a las autoridades a esa determinación, fue la presunción del uso del mercurio por el intenso movimiento de tierras, dato que consta en los documentos de inspección.
Armando Cruz, alcalde del municipio de Villa Abecia, confirma que se llevaron muestras de agua durante inspección conjunta entre Gobierno Departamental y Gobierno Municipal de Chuquisaca en fecha 7 de julio de 2023, pero todavía no tiene los resultados sobre la presencia o no de mercurio.
Fuente. Segunda inspección al área de Molle Aguada.
“Hay mayor probabilidad que se esté usando el mercurio para recuperar y este elemento es más accesible al productor y así mismo más económico”, señala el mencionado informe técnico del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca. También, destaca la probabilidad de que el mercurio contribuya a la contaminación de las aguas del río San Juan del Oro, que desemboca en el río Pilcomayo a través de los caudales de los ríos Camblaya y Pilaya.
Walter Taboada, exdirector de Gestión Minera de Chuquisaca, se sincera y confiesa que no llevaron las muestras a un laboratorio acreditado por falta de recursos económicos y tiempo. “No hemos tenido digamos la oportunidad de llevar a un laboratorio acreditado, por tiempo y economía, manejamos un POA (Plan Operativo Anual) y no está inscrito”.
Ley 535 de Minería y Metalurgia no establece claramente de quién es la responsabilidad de tomar muestras de agua cuando hay una explotación minera ilegal.
Florencia Guevara remarca que la mayor preocupación de los comunarios de Molle Aguada, es la presencia de mercurio, un metal líquido volátil y altamente tóxico, de fácil acceso y económico en Bolivia. Según el boletín estadístico del Viceministerio de Comercio Interno en 2020, el país se convirtió en el principal importador mundial de mercurio, con un volumen de 165,2 toneladas, utilizado en la minería artesanal de oro.
Según especialistas de la Iniciativa Oro Responsable y Fundación MEDMIN, el uso de mercurio en la pequeña minería en Bolivia se estima de 0.4 kg de mercurio por un kilogramo de oro en la minería aluvial. Y en Molle Aguada se estima una extracción promedio de un kilogramo de oro cada tres días.
Otras técnicas de la pequeña minería incluyen el cianuro que necesita un manejo específico pero que es más efectivo para la recuperación del oro, las empresas con mayores recursos utilizan otras tecnologías que no involucran contaminantes como la mesa gravimétrica, misma que se propone como alternativa en el programa Planet Gold que se implementa en Bolivia desde 2023.
Anselmo Ortiz Cruz, de quien su empresa lleva su mismo nombre, optó por no atender las llamadas telefónicas realizadas para consultarle sobre su actividad minera en Molle Aguada.
Contratos mineros en Tarija
Según los informes enviados en octubre de 2023 por el Ministerio de Minería y Metalurgia al legislativo nacional, en la AJAM no cursa registro de derechos otorgados y/o concedidos a la empresa unipersonal Anselmo Ortiz para explotación minera. Si bien es una de las nueve empresas que solicitó contratos administrativos mineros para la explotación en área del río San Juan del Oro en el límite de Tarija y Chuquisaca, solo se trata de un proceso en trámite, pero no está autorizada para la explotación.
Además, entre los principales hallazgos de estos documentos, se evidencia que actualmente existen más de 100 solicitudes de Contrato Administrativo Minero en el departamento de Tarija, aunque no precisan el material minero a extraer ni el tipo de documentación presentada.
Para esta investigación periodística se envió solicitudes de información a la AJAM, pero esta entidad en su regional Tupiza no quiso recepcionar la documentación y luego optó por el silencio.
Sara Armella, como alcaldesa del municipio El Puente del departamento de Tarija, también ha intentado recabar información de la AJAM sobre todas las actividades mineras en su jurisdicción, pero esta institución nacional tampoco atendió su requerimiento.
Bombori SRL, otra extractora de oro
La búsqueda de oro aluvial en los límites entre Tarija y Chuquisaca no cesa, la Empresa Minera y Constructora Bombori SRL, también desplegó sus operaciones en la frontera interdepartamental, aunque carece de autorización para explotación, la empresa intentó un primer acercamiento con los comunarios de Molle Aguada, según relata Florencia Guevara, afirmaron que de igual manera entrarían “con o sin autorización de la comunidad”, por ello están alertas y en oposición a cualquier explotación ilegal en la zona.
La entidad de origen potosino, tiene como representante legal a Augusto Marca, según datos que constan en la licencia emitida por la AJAM, la empresa solo tiene Licencia de Prospección y Exploración minera por otorgación de 44 cuadrículas ubicadas en los municipios de El Puente (Tomayapo), Culpina y Villa Abecia, en fecha 3 de mayo de 2021.
“La AJAM manifiesta que la actual zona de explotación minera en el área de Paicho Candelaria es jurisdicción del departamento de Chuquisaca, pero está en nuestra jurisdicción”, precisa Armella, alcaldesa de El Puente de Tarija, sobre la autorización para la operación de la actividad minera.
De acuerdo a la inspección realizada por autoridades y técnicos de la Gobernación de Tarija y El Puente, el 7 de noviembre de 2023 el área minera se encuentra en “etapa de operación”, cuenta con un campamento en la zona, y se detectó varias irregularidades como el lavado de material sólido y movimiento de maquinaria, pero no tiene un área para el manejo de residuos líquidos y sólidos, falta almacenamiento y señalización, tampoco se pudo verificar si posee licencia ambiental.
Reiner Figueroa, Director de Gestión Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Productivo, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Gobernación de Tarija, señaló no emitir ninguna licencia ambiental para la explotación minera en territorio del departamento, y en la inspección mencionada solicitaron a la empresa presentar su documentación habilitante.
En enero de 2024 esta dirección afirmó no tener información sobre respuesta de la empresa, pero funcionarios públicos que pidieron reservar su nombre, confirmaron que la documentación presentada consiste en Licencia de Prospección y Exploración otorgada por la AJAM, poder del representante legal, matrícula de comercio emitida por el SEPREC (Servicio Plurinacional de Registro de Comercio), además una nota de trámite de presentación de documento ambiental de formulario EMAP ante la Gobernación de Chuquisaca, jurisdicción donde tendrían asignadas mayor cantidad de cuadrículas.
Foto: Jorge Salomón.
Ante el silencio de la Gobernación de Tarija se desconoce las acciones departamentales para la fiscalización de la explotación ilegal de oro en la zona, pues la documentación presentada por la empresa solo acredita una licencia de exploración y prospección.
La nota de trámite del formulario ambiental EMAP ante la Gobernación de Chuquisaca fue presentada el 9 de noviembre de 2023, después de la inspección realizada por autoridades tarijeñas. En este punto desde el Gobierno Municipal de El Puente confirmaron que solicitarán a la empresa la presentación del formulario ambiental EMAP.
Un antecedente de explotación ilegal minera en el municipio de El Puente es el caso de la mina La Huarmacheña, cuya actividad fue suspendida en 2022. Autoridades municipales y la AJAM presentaron una querella penal por la evidencia de la explotación de plomo, plata y zinc, vertiendo pasivos ambientales al río San Juan del Oro y río Pilcomayo.
Minería ilegal, un peligro latente
La alcaldesa de El Puente, Sara Armella da cuenta que hizo la solicitud formal de reuniones e información a la AJAM, sobre cuáles serían las empresas que están en proceso de trámite, con contratos mineros respectivos u operando dentro de su jurisdicción pero no obtuvo respuesta, el argumento fue que se encontraban en la actualización del sistema.
La diputada Esther Sánchez, en su afán por desentrañar la red de complicidades, que oculta el accionar de las empresas, entre solicitudes de contratos administrativos mineros, documentos sin respaldo, y una falta de transparencia que ahonda la brecha entre las autoridades y la población, destaca que las empresas que operan en la zona no tienen autorización de explotación. Eso le llevó a realizar diferentes peticiones de informe escrito a diferentes reparticiones del gobierno central.
Autoridades de Tarija y Chuquisaca sostienen que la mayor contaminación que se evidencia en el río San Juan del Oro proviene de actividades intensivas de minería en la cuenca alta del departamento de Potosí, y la rotura de un dique de colas en gestión 2022 que provocó graves daños ambientales y acrecentó contaminación de este afluente del río Pilcomayo.
Florencia, Teófilo o Juán son algunas de las personas que habitan estos recónditos lugares, además sus municipios no reciben regalías mineras por la explotación ilegal, son los directos afectados por los impactos negativos, sobre la agricultura porque reduce el agua para riego, contamina cultivos y es un riesgo para el consumo humano.
De acuerdo a datos del Gobierno Municipal de El Puente, con el agua del río San Juan del Oro se riegan 830 hectáreas de cultivos. La actividad agrícola también se da en municipios vecinos como Villa Abecia, donde su alcalde Armando Cruz Choque subraya que la región es eminentemente productora de diversas hortalizas y frutas, por lo que la minería no es bienvenida debido a las consiguientes repercusiones de contaminación ambiental.
“La contaminación aguas abajo va al Pilcomayo y nosotros mismos consumimos el sábalo y otros productos”, apunta la autoridad.
Gonzalo Mondaca, Ingeniero Ambiental e Investigador adjunto del Centro de Documentación e Investigación Boliviana (CEDIB), advierte que el uso de mercurio implica contaminación de todo un ecosistema, pero que no hay estudios en ese nivel de profundidad, en el caso de la zona aledaña al río San Juan de Oro que es una región en proceso de desertización, cuando una actividad minera se instala cerca de una fuente de agua, compite con el acceso de agua que una comunidad tiene.
En los reportes del Sistema Nacional de Información en Salud, proporcionado por el Servicio Departamental de Salud (Sedes Tarija) en los Centros de Salud del Carrizal, El Puente y Santa Ana de Belén del municipio de El Puente se registra un alto índice de casos de enfermedades del sistema respiratorio y digestivo, pero no se cuenta con un análisis detallado de las mismas que permitan relacionarlas con el consumo de metales pesados por la contaminación del agua.
Crece la exportación de oro junto a la minería ilegal
La fiebre del oro en Bolivia se evidencia en datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) que señalan que en el período 2005-2022, las exportaciones bolivianas de oro acumularon $us 16 mil millones por la venta de 673 toneladas. En 2022, se logró un récord de exportación de oro, con un total de 64 toneladas con un valor de algo más de $us 3.000 millones, vendiéndose principalmente formas de oro en bruto.
Un 50 % de estas exportaciones fueron a India, como principal destino de productos bolivianos de exportación equivalentes a un 16,6 % del total exportado por Bolivia en el año 2022. El informe remarca que, hasta agosto de 2023, el país exportó 39 toneladas por un valor de $us 1.794 millones.
Estos datos explican el crecimiento de la pequeña minería que se expande por todo el país, y que con la explotación de oro constituye en un gran riesgo ambiental por el uso de mercurio en su explotación.
Mondaca advierte que el impacto de la pequeña minería podría ser mayor a lo que ocasionan las grandes corporaciones mineras, pues trabajan con poca tecnología para evitar la contaminación y cumplir con las normas de impacto ambiental.
Para Alfredo Zaconeta Torrico, Investigador del CEDLA (Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario), la situación de la minería ilegal es más compleja e identifica siete categorías de ilegalidad, que además de la falta de autorización para la explotación o cumplimiento de normas están relacionados con maniobras de cooperativas mineras que logran concesiones, las alquilan, se asocian con empresas extranjeras, fomentan el desvío de combustible, evaden impuestos o adquieren tierras para otros fines y no declaran la actividad minera.
Es así que las empresas mineras identificadas siguen explotando oro en la ilegalidad, mientras las autoridades no se ponen de acuerdo para coordinar acciones, la contaminación no cesa en Molle Aguada, y la suspensión realizada a la empresa Anselmo Ortiz en agosto de 2023 no se cumple, lo revela una última inspección realizada por autoridades de Chuquisaca el 18 de enero.
Las intenciones de las autoridades de accionar recursos ante el Tribunal Agroambiental, ministerios o AJAM, parece no tener ningún efecto en el corto plazo frente a una minería ilegal que continúa explotando oro sin dejar regalías a los departamentos y sumando más contaminación a la Cuenca del río Pilcomayo.
Por lo pronto, Florencia Guevara, Teófilo Anagua y otros comunarios que en anonimato brindaron su declaración siguen con la lucha precaria de decir no a la minería ilegal y no a la contaminación ambiental.
“Esta investigación fue realizada con el apoyo del Fondo Spotlight XVII de la Fundación para el Periodismo (FPP) y Acceso Investigativo, en el marco del proyecto El Pilcomayo a Profundidad, con el apoyo de la Fundación Avina, financiado por Voces para la Acción Climática (VAC)”.
