En octubre de 2024, el Senado de Bolivia aprobó el Proyecto de Ley de Acceso a la Información y Documentación Pública (Ley N° 160/2023-2024), un avance significativo hacia la transparencia gubernamental. Esta legislación histórica garantiza el derecho de todos los ciudadanos a acceder a documentos e información pública, consolidando el derecho fundamental establecido en el Artículo 21 de la Constitución Política del Estado.
El proyecto de ley se presenta como una herramienta esencial para la fiscalización y el control social, permitiendo que las instituciones estatales estén obligadas a proporcionar información de manera más accesible y oportuna.
La senadora Silvia Salame, impulsora de esta iniciativa, destacó que la ley es el resultado de un esfuerzo conjunto de más de dos años con la sociedad civil. Resaltó que esta normativa no solo optimizará el trabajo periodístico al asegurar un acceso más efectivo a la información pública, sino que también permitirá a los ciudadanos ejercer plenamente sus derechos.
Uno de los aspectos más relevantes de la ley es la inclusión de medidas punitivas para aquellos funcionarios que se nieguen a proporcionar información pública a periodistas o ciudadanos. De esta manera, se establece un marco legal sólido que promueve la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
Proceso Legislativo
Tras la aprobación en el Senado, el proyecto de ley será remitido a la Cámara de Diputados, donde podrá ser aprobado sin modificaciones, modificado o rechazado. En caso de que se realicen cambios, el proyecto deberá regresar al Senado para su revisión y aprobación. Si ambas cámaras dan su visto bueno, será enviado al Presidente del Estado para su sanción y posterior promulgación en la Gaceta Oficial, momento en el que adquirirá fuerza de ley. Finalmente, las entidades gubernamentales serán las encargadas de implementar la ley, previa reglamentación.
Impacto
Se espera que esta nueva ley tenga un impacto profundo en la sociedad boliviana, empoderando a los ciudadanos, fomentando una mayor participación en los asuntos públicos y promoviendo un gobierno más abierto y responsable.
