Bolivia nuevamente encabezó la lista países de Latinoamérica con la mayor tasa de Feminicidios 2021, pero es primera de Sudamérica. Las Gobernaciones no ejecutaron el 40% de los recursos destinados para la lucha contra la violencia (2013-2020) con casos críticos de cero ejecuciones en algunos años. El gasto para viajes, viáticos, publicidad se llevó hasta el 38% de presupuesto anual en algunos ejecutivos departamentales.
El Día de la Madre, 27 de mayo del 2022, Mirtha Costelaite de 43 años de edad recibió la última amenaza de muerte de su exmarido; 48 horas después fue asesinada en su domicilio. Antes de que le quitaran la vida, Mirtha peregrinó por protección sin tener respuesta de las instituciones de San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz en Bolivia.
Mirtha, quien cocinaba en un mercado y lavaba ropa en la zona donde vivía para mantener a sus siete hijos, necesitaba una valoración psicológica del Servicio Legal Integral Municipal para que el fiscal de turno ordenara la aprehensión de su agresor; pero la única psicóloga para más de 28.000 habitantes le pidió volver otro día porque tenía mucha carga laboral. Cuando la víctima recibió la última amenaza vía teléfono, fue a buscar al policía de Tránsito que también atendía casos de violencia de género, pero este estaba de descanso y el de turno no quiso atenderla.
Mirtha quedó sola y su agresor no tuvo impedimento para atacar y matarla.
Tania Sánchez, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, y Carla Gutiérrez, directora del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, coinciden en que el insuficiente presupuesto y su baja ejecución repercuten en la desprotección de las mujeres. Otra psicóloga contratada, por ejemplo, podría haber significado que Mirtha siguiera viva.
Mirtha Costelaite fue asesinada por su expareja después de una serie de amenazas. Ella recurrió a instituciones estatales decenas de veces, pero se encontró con que quienes tenían que atenderla y protegerla, no tenían tiempo para ella. Irma Durán, abogada de la familia, explica cómo falló el Estado.
En Bolivia la actual reglamentación obliga a las gobernaciones a destinar el 15 por ciento del presupuesto de Seguridad Ciudadana proveniente del Impuesto Directo a los Hidrocarburo (IDH) para la atención, construcción y equipamiento de Casas de Acogida o Refugios Temporales para víctimas de violencia, además de tareas de prevención.
Sin embargo, entre 2013 y 2020, el promedio de ejecución de estos fondos fue del 57,5 por ciento. Incluso hay años críticos en que algunos departamentos no gastaron ni un centavo de lo presupuestado.
Desde el 2015, el Decreto Supremo 2610 prohíbe que los recursos no ejecutados sean transferidos para otros fines y ordena que sean reasignados para la siguiente gestión. Sin embargo, todas las gobernaciones, con excepción de Tarija, incumplieron algún año la reasignación. El dinero terminó gastándose en otros fines.
Mireya Pacocillo, quien trabaja en el Servicio Plurinacional de la Mujer y Despatriarcalización “Ana María Romero”, explicó que los recursos económicos para temas de género fueron reformulados para gastos de Covid-19 y otros proyectos que no fueron de beneficio para las mujeres, tales como compra de tractores o infraestructura, dejando de lado la prevención y erradicación de la violencia. Por eso, junto al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas harán un análisis para ver qué instituciones ejecutaron de manera efectiva esos fondos.
Además, parte importante del presupuesto de las gobernaciones para violencia de género se consume en viajes, viáticos y refrigerios para el personal; por ejemplo, en Potosí, esos ítems, sumados a fotocopias y publicidad, representaron hasta el 38 por ciento de lo programado.
Entre 2013 y 2020, un 22% de los presupuestos anuales de las gobernaciones incumplieron con la normativa por no programar ni siquiera el mínimo requerido para esta área: Protección y Defensa de la Mujer. Si bien el resto está por encima de lo exigido, un 64% de los presupuestos no fueron ejecutados ni al mínimo requerido, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Justicia analizados para esta investigación.
La Ley 348 también manda a las gobernaciones a construir casas de acogida y equiparlas, pero solo cuatro de nueve gobernaciones cumplieron, según el Sistema de Contrataciones Estatales.
Tania Sánchez, quien en 2019 también fue directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y Despatriarcalización, dependiente del Ministerio de Justicia, coincide con la exdefensora del Pueblo en que puede existir infraestructura, pero la atención no es integral en esas casas de acogida porque no hay equipos multidisciplinarios o no existe un lugar para dormir con sus hijos. Por eso las mujeres terminan abandonando esos sitios.
A nivel municipal la situación es igual de grave. Según datos entregados por Nadia Cruz, exefensora del Pueblo de Bolivia, de 189 municipios evaluados el año 2019, ninguno tenía servicios especializados, carecían de materiales y metodologías para la atención y las tareas de prevención estaban enfocadas en reuniones a las que no tenía acceso la comunidad.
Otro problema es que la prevención, atención y protección de mujeres víctimas de violencia dependen del presupuesto que pueda producir la venta de hidrocarburos. En ocho años, debido a la baja del precio de las materias primas, la inversión per cápita de las gobernaciones bajó de 11 a 2,5 bolivianos por mujer.
Este reportaje es parte de un trabajo de CONNECTAS en el que participaron periodistas de 11 países, donde revela que en Latinoamérica hay programas abandonados, escasa transparencia y aprovechamiento político y Bolivia no es la excepción.
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