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La provisión del suplemento para personas de la tercera edad que se impulsó en el gobierno de Evo Morales con el nombre del anciano se convirtió en un negocio millonario para una empresa. Esta investigación fue realizada para el Diario El País y CONNECTAS
El indígena aymara Carmelo Flores convivió con la pobreza hasta el último suspiro de sus 123 años. Huérfano desde niño, Carmelo se dedicó a cuidar ovejas y llamas junto a sus hermanos para subsistir en la comunidad rural de Frasquías, cerca de La Paz. Cocinaba con estiércol de animales, en lugar de leña, y bebía agua de la quebrada que caía de un cerro.
Este hombre, que sólo hablaba lengua aymara, vio interrumpida su calma en 2013, cuando se hiza pública la versión de que era la persona más longeva del mundo. Un día de septiembre sintió que el viento removía la pajabrava del altiplano: era el helicóptero de Evo Morales. El rostro de Carmelo, ya marcado por las arrugas, quedó frente al presidente de Bolivia: se arrodilló y le pidió una casa y comida para su nieto.
Carmelo murió en julio de 2014 sin saber que su nombre se inmortalizaría en un suplemento nutricional que el Estado reparte a los adultos mayores. El gobierno de Morales, fiel a la historia de Carmelo, garantizó un mecanismo de atención social, pero la provisión del suplemento que lleva su nombre pronto se convirtió en un negocio millonario en manos de una empresa.
La mayoría de las contrataciones del Estado destinadas a los suplementos Carmelo y Nutribebé, un complemento similar pero destinado a la infancia, fueron otorgadas a la empresa Industria Químico Farmacéutica Sigma Corp, constituida en Cochabamba. La compañía se quedó con el 91% de los contratos públicos para la provisión de estos productos entre 2012 y 2019, un negocio que representa 626 millones de bolivianos: más de 391 millones por Carmelo y cerca de 235 mil por Nutribebé.
Sigma Corp fue la única compañía habilitada por el gobierno de Morales para suministrar los suplementos durante los primeros años, situación que consolidó la creación de un monopolio que goza hasta la actualidad de la complicidad estatal por la falta de controles.
Los datos se desprenden de una investigación del periódico boliviano El País, en alianza editorial con Connectas y el apoyo del Internacional Center For Journalists (ICFJ), que revisó 1.372 contratos públicos firmados en los últimos ocho años por la Caja Nacional de Salud y los municipios de todo el país para la adquisición de estos productos. Más de la mitad de las compras públicas fueron hechas por contrataciones directas y a través de mecanismos de excepción, es decir, sin licitaciones públicas.
Foto:Archivo Página Siete
Mientras Sigma Corp acumulaba contratos sin competencia, el Estado miraba para otro lado. La Contraloría General del Estado (CGE), en respuesta a una solicitud de información de El País, indicó que hizo una sola supervisión desde que se implementaron los suplementos (Nutribebé en 2008 y Carmelo en 2015). Sólo uno de los 166 legisladores nacionales hizo una petición de información al gobierno, pero la respuesta no la hizo pública. La Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) optó por el silencio cuando fue consultada de manera escrita por este periódico.
La sintonía entre Sigma Corp y el Movimiento Al Socialismo (MAS) – matriz del Gobierno de Evo Morales – quedó expuesta como nunca antes por el coronavirus. Como parte de su expansión, la compañía se convirtió en la representante exclusiva para la fabricación y distribución del Avifavir, un medicamento del grupo farmacéutico Chemrar, aliado al Fondo Nacional de Inversión de Rusia, utilizado para tratar a los infectados con Covid-19. Como el gobierno de Jeanine Áñez no entregaba la habilitación para comercializar el producto en Bolivia, el expresidente Morales se lanzó públicamente con posteos en redes sociales para que no se retrase la autorización y se comercialice el Avifavir en este país
El monopolio
Sigma Corp ganó contratos sin competir durante años. Fue el único oferente en casi el 90% de las compras que le entregó el Estado por los suplementos porque se constituyó en la única empresa habilitada por el Ministerio de Salud y así dominó el mercado. De igual manera, entre 2008 y hasta el 29 de enero 2019 fue el único proveedor de Nutribebé, hasta que Industrias Torrico Antelo SRL (ITA) consiguió el Registro Sanitario de la Agencia Estatal del Medicamento y Tecnologías en Salud (Agemed). Algo similar ocurrió con el suplemento Carmelo: no tuvo competencia desde 2015, hasta que ITA SRL consiguió, en noviembre de 2017, el permiso estatal.
Los contratos con el Estado fueron un punto de inflexión para las cuentas generales de Sigma Corp. Antes de la venta de los suplementos, en 2007, la empresa facturaba 26 millones de bolivianos; después de suscribir los contratos estatales llegó hasta los 231 millones de bolivianos, sólo en 2016, según las declaraciones juradas presentadas por la compañía ante Fundempresa.
Miguel Torrico, gerente de Ventas de ITA SRL, recuerda que cuando su padre acudió al lanzamiento del Carmelo, evento encabezado por Evo Morales en 2015, fue grande su sorpresa al ver que el suplemento dietario ya nacía con una empresa proveedora. Los suplementos estaban embolsados por Sigma Corp, que había recibido la habilitación tres días antes del acto público.
“Ustedes saquen sus conclusiones respecto a los efectos dañinos que trae el monopolio a nivel de compras y de abastecimiento. Yo no puedo decirle más nada”, comentó Torrico ante la consulta de El País.
El País se comunicó con los exministros de Salud, Juan Carlos Calvimontes Camargo (2012-2014), y Sonia Polo Andrade (2010), ambos de la gestión de Evo Morales. Los dos deslindaron responsabilidad sobre el monopolio que esa cartera de Estado le permitió a Sigma Corp y apuntaron a sus sucesores; aunque, cada uno, en su gestión, firmó la aprobación de las especificaciones técnicas para el Nutribebé.
El jefe de la Unidad de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud, Yecid Humacayo Morales, negó que se hubiese facilitado la exclusividad de producción de ambos suplementos a Sigma Corp. El funcionario, nombrado durante el gobierno de Evo Morales y que continúa en el cargo, aclaró que las fórmulas de los alimentos son propiedad del Ministerio de Salud, pero que estaban a disposición de todas las industrias interesadas en fabricarlas, previo cumplimiento de requisitos.
Argumentos similares utilizaron desde Sigma Corp. Sergio Ronald Alan Pol Kippes, director ejecutivo, rechazó que hubiesen tenido exclusividad para la producción de los suplementos y añadió que su empresa no es culpable de ser la única en cumplir con todos los requisitos. Después cuestionó que la empresa Montecristo SRL produzca el Carmelo con Registro Sanitario del Grupo Alcos SA, su competencia. Según él, Montecristo pertenece al exsenador tarijeño del MAS Milcíades Peñaloza.
«Nosotros nunca fuimos políticos ni tuvimos vínculos con ningún gobierno; aquí no hay nada chueco ni raro. Si usted me pregunta por qué fuimos los únicos proveedores, la respuesta es que nadie más se presentaba o no cumplía con las especificaciones», comentó el ejecutivo. «De que haya venido un senador y diga quiero que le den a Alcos y haga temblar al Ministerio (de Salud), bueno, ya son otras cosas. Nosotros no hacemos eso. Por eso es que siempre terminamos peleándonos con el Ministerio, como ahora por el Avifavir, nosotros no somos políticos”, añadió.
El País intentó contactarse vía teléfono con el presidente del directorio de Alcos SA, Fernando Liendo, pero Liendo no contestó a ninguna de las llamadas realizadas.
Los contratos muestran que, cuando Sigma Corp fue el único proveedor del Estado aplicó el precio máximo permitido por el gobierno nacional: 54 bolivianos por cada bolsa de Carmelo y 23,6 bolivianos por el Nutribebé. Cuando se consolidó la competencia, entre 2018 y 2019, la empresa bajó el precio del producto hasta en un 50%, según el análisis realizado sobre la base de datos elaborada por El País en alianza con Connectas.
Los precios unitarios registrados durante el periodo de competencia empresarial permiten calcular un monto medio de 40,25 bolivianos para el Carmelo y 18,75 para el Nutribebé. Se estima que el Estado hubiese ahorrado 133 millones de bolivianos sólo entre 2015 y 2018 si incentivaba la competencia y Sigma hubiera vendido a un costo promedio sus productos. Lo suficiente para comprar 477 respiradores de terapia intensiva, iguales a los que adquirió la región autónoma del Gran Chaco, o pagar la construcción del hospital Materno Infantil en Tarija-Bolivia.
Mauricio Ramírez, representante legal de Sigma Corp, señaló que la variación de precios fueron parte de las estrategias comerciales, al punto de que la empresa podría haber ofrecido los suplementos gratis. “Seguramente los escenarios son diferentes hoy y mañana serán otros. Los precios, mientras no excedan los marcados por la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales, no hay infracción. Nosotros podemos, incluso, regalar los productos”, dijo.
Por otro lado, no sólo Sigma, ITA y Alcos firmaron contratos con el Estado por la venta del Carmelo y Nutribebé, sino también otras 14 empresas sin Registro Sanitario, las cuales dijeron que vendieron esos suplementos siendo una “especie” de intermediarias de las dos primeras industrias. El director ejecutivo de Sigma, Sergio Pol, aclaró que ellos no usan intermediarios y las ventas hechas por las otras 14 firmas, pueden tratarse de personas que actúan en el “mercado negro”, por lo tanto, hay que denunciarlas.
Los dueños SIGMA
En los papeles, Sigma Corp está a cargo de la familia Wilstermann Sanzetenea de Gonzales. La compañía fue comprada en 1996 por Marlen Patricia Wilstermann Sanzetenea de Gonzales, Carlos Enrique Wilstermann Sanzetenea y Carlos Jorge Wilstermann Grageda, según los registros Fundempresa.
Patricia y sus tres hijos, socios de Sigma actualizado en diciembre del 2019, trataron de mantener su perfil bajo durante los últimos años. Una de las pocas apariciones públicas quedó retratada junto al entonces gobernador de Cochabamba y ex ministro de Comunicación de Evo Morales, Iván Canelas Alurralde, en 2015, mismo año que se implementó el Carmelo. Ella le entregó a la autoridad una plaqueta de reconocimiento como agradecimiento.
Pol Kippes y Ana Lucía Vasconcellos Lemes tienen cargos directivos en la empresa. Lejos de las fotografías públicas, Kippes ya manejaba el área de Nutraceúticos de la empresa, que se encargaba justamente de estos suplementos. Mientras crecía dentro y fuera de la compañía, su nombre apareció en los Panama Papers, como presidente de la sociedad offshore Kapital Holding Company, una firma que reconoce haber creado en 2010 y cerrado en 2013, pero que –aseguró- nunca usó ni para movimientos de dinero.
Pol Kippes compartió el crecimiento de Sigma acompañado por Vasconcellos Lemes, quien se desempeñaba dentro del directorio técnico de la empresa desde 2003 y, al mismo tiempo, ambos eran socios de Funcional Mickron en Brasil, una industria constituida el año 2017.
El jefe de la Unidad de Alimentación y Nutrición, Yecid Humacayo, recordó ante la consulta de El País que Vasconcellos Lemes fue miembro del comité multidisciplinario que contribuyó a la formulación y el desarrollo del Nutribebé junto a otras expertas del Ministerio de Salud, entre los años 2006 y 2007. Dicho trabajo fue impulsado por esa cartera pública y el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Meses después de su participación, Sigma Corp se convirtió en la única empresa que cumplió con los requisitos para fabricar ese producto nutricional.
El nombre de Vasconcellos Lemes, directora técnica de Sigma Corp, también aparece en una gacetilla que el Ministerio de Salud hizo pública en julio de 2018, cuando ella conformó el staff de capacitadores para funcionarios de esa cartera de Estado.
Vasconcellos Lemes, sin embargo, negó haber participado en la formulación del Nutribebé, aunque reconoció que fue miembro del comité multidisciplinario, pero en la parte de socialización del producto y del programa de desnutrición a pedido del Ministerio de Salud y Unicef como parte de acciones de responsabilidad social de Sigma Corp. La directora agregó que nunca fue funcionaria pública, sino una profesional netamente técnica en la parte privada sin ningún vínculo político.
Mientras Sigma Corp acumulaba contratos con el Estado durante el gobierno de Morales, otra empresa relacionada a Vasconcellos Lemes también recibía fondos públicos. La ingeniera brasileña era, además, directora técnica de In-Nutra Bolivia, una empresa elegida por el Ministerio de Salud para surtir productos como gelatinas, flan, harinas y sopas del Subsidio de Lactancia y Prenatal.
Comprar pero no entregar
¿Cómo funcionaron las compras de los suplementos Carmelo y Nutribebé? La ejecución del programa consistió en que el Ministerio de Salud, mediante la Agemed, primero seleccionaba a la empresa proveedora. Luego, todos los municipios de Bolivia y los seguros de corto plazo debían adquirir los productos de esa industria, bajo la advertencia de que el incumplimiento acarreaba procesos administrativos y penales.
Luego de años de compras estatales, la Agemed instruyó en la Circular 082/2019 no considerar en las especificaciones técnicas “otro tipo de apoyos” establecidos por municipios para las empresas proveedoras de los suplementos, como las facturaciones extras por motivos de: “la impresión de banners, la conformación de ferias y otro tipo de apoyos”.
Los alcaldes, tanto oficialistas como opositores, nunca objetaron públicamente el mecanismo de compra para el Carmelo y Nutribebé. En la misma línea, el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Álvaro Ruíz García, considera que no es extraño que una empresa haya tenido el monopolio de los alimentos y aclaró que los alcaldes sólo cumplieron la ley que les ordenaba comprar esos productos.
Pero más allá de las compras, también se reportaron problemas en la distribución. Los municipios cumplían con las adquisiciones de los suplementos y el pago a Sigma, pero los alcaldes ningún año entregaban la totalidad de las bolsas. Por ejemplo, en el caso del Carmelo, entre 2015 y 2019 quedó un acumulado de 1,5 millones de unidades que no llegaron a los beneficiarios, según datos del Ministerio de Salud. Esa cantidad es equivalente a unos 81 millones de bolivianos (calculado a 54 bolivianos cada bolsa).
En julio del 2019 se destruyeron al menos 100 toneladas de ese tipo de alimentos en Cochabamba, entre Carmelo y Nutribebé porque habían expirado. El Ministerio de Salud no respondió cuando El País le preguntó de manera escrita sobre el total de productos que fueron puestos a disposición final.
se hecho, que tiene luces de un daño económico al Estado, no captó la atención de la Contraloría, institución que tampoco actuó cuando el 2017 el Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio-Beni pagó 65 bolivianos por cada bolsa del Carmelo, año en que el precio máximo fijado por el Gobierno era 54 bolivianos. Su trabajo se resume a una sola supervisión a la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil) en Pando, donde observaron la falta de entrega del Carmelo desde la gestión 2017 y terminaron el proceso con una nota administrativa.
Por otro lado, en Caracollo-Oruro el Ministerio Público allanó las oficinas del alcalde Juan Chino Salinas en julio de 2019, quien hizo figurar dinero ejecutado en la compra del Carmelo, pero los beneficiarios nunca recibieron el producto y tampoco estaban en los almacenes, según el ex fiscal Orlando Zapata. La ex autoridad edil recibió detención preventiva mientras continuaba la investigación del caso.
El Estado gastaba una fortuna en el Carmelo, pero el suplemento no siempre llegaba a los abuelos. El vicepresidente de la Confederación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia, Alberto Floresbellon, aseguró que no todos los alcaldes cumplían con la dotación del producto, pero remarcó que otro problema era que los abuelos presentaban males digestivos cuando consumían el Carmelo. Por eso plantearon que se suspenda ese suplemento y a cambio exigieron que esos 54 bolivianos que costaba cada bolsa se incluyera a la pensión mensual de la vejez. El pedido no fue escuchado.
La fiscalización realizada por esta asociación civil detectó en los pasados años un camión con productos Carmelo dentro de una granja de pollos y denunciaron el hecho ante el Servicio Departamental de Salud de Cochabamba (Sedes). Ante la inacción, llegaron hasta la sede de Gobierno para que el hecho no quedará en la impunidad. A raíz de esos reclamos, las autoridades –aseguró Floresbellon- sancionaron a Sigma con una multa no mayor a los 7 mil bolivianos.
Pol Kippes, director ejecutivo de Sigma, dice que hubo una confusión por parte de los adultos mayores y que, en realidad, la que tuvo problemas de ese tipo fue su competencia, la empresa ITA SRL.
De Bolivia al mundo
Si el Nutribebé y el Carmelo revolucionaron las cuentas de Sigma Corp, el coronavirus dio un vuelco en el perfil público de la compañía, cuando se mostraron como nunca antes en sintonía con autoridades del MAS, el partido de Morales. Desde esa fuerza política se inició una especie de campaña para que el actual Ministerio de Salud otorgue a la compañía el Registro Sanitario para el Avifavir, un medicamento fabricado en Rusia y usado en ese país para el tratamiento de los infectados de Covid-19, aunque hay expertos que sostienen que no hay pruebas concluyentes sobre su efectividad.
Sigma Corp consiguió que la compañía Chemrar y el Fondo Nacional de Inversión de Rusia le dieran la representación para vender ese fármaco en siete países de Latinoamérica, pero no lograba que el gobierno de Áñez le otorgara la licencia para comercializarlo en Bolivia. Entonces, el expresidente Morales intervino públicamente: reclamó cuatro veces en sus redes sociales, en menos de 20 días, que se le diera autorización a Sigma Corp. Antes de eso, miembros de su bancada, mayoría en el Legislativo nacional, presentaron un proyecto de ley para la adquisición extraordinaria del Avifavir.
Álvaro Ruiz García, presidente de la FAM y hombre de confianza de Morales, fue un paso más allá: diligenció cartas a la embajada rusa y al actual Gobierno de Bolivia para apurar la aprobación del Avifavir. Sostuvo reuniones con los directivos de Sigma y, mediante un acuerdo firmado el 1 de septiembre, les garantizó la compra del medicamento, aunque un tratamiento completo por persona significa invertir más de 4 mil bolivianos. Esa acción fue merecedora de felicitaciones públicas por parte de Evo en su cuenta de Twitter.
Consultado sobre el tema, Ruiz negó que desde el MAS se haya impulsado una campaña a favor de la empresa, explicó que el partido político al cual pertenece, solo se enfocó en dar certidumbre a la población en cuanto al tratamiento de Covid-19 se refiere. Dice que, si existiese otro medicamento, también realizarían las mismas acciones.
Sigma, apoyada por autoridades del MAS, realiza gestiones ante el Ministerio de Salud para que el Avifavir ingrese a la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (Liname), mediante la cual, el Gobierno facilita a las proveedoras la estimación de adquisición anual del producto y permite compras directas. Esa misma figura se aplicó a los suplementos Carmelo y Nutribebé, que, según el Ministerio de Salud, significó entre 2012 y 2019, una inversión estatal de 880 millones de bolivianos, de los cuales, 626 millones fueron para Sigma Corp.
