En la última década, la producción de peces en la cuenca del Pilcomayo se ha derrumbado, de 350 toneladas anuales comercializadas en 2013 a 50 toneladas en 2023, según datos oficiales de la Gobernación de Tarija.
Por: Liliana Carrillo V. / Leny Chuquimia Ch.
El domingo 12 de noviembre de 2023, las poblaciones cercanas a Villa Montes despertaron alarmadas por una “borrachera de peces”. Cientos – dorados, surubíes, muchos sábalos- yacían muertos a orillas del Pilcomayo a causa del fenómeno por el cual la mazamorra que arrastra el río literalmente “ahoga” a las especies piscícolas. Fue el último golpe a la producción de la cuenca que atraviesa una de sus peores crisis por la merma de peces.
“Eso nomás faltaba. Los hermanos se han llevado lindos sábalos, pero ahora va a haber todavía menos”, dice el pescador weenhayek Freddy Cortez. Frente a él, el río de cuyos frutos dependen 8.000 familias, fluye manso, turbio y enfermo.
En la última década, la producción de peces en la cuenca del Pilcomayo se ha derrumbado, de 350 toneladas anuales comercializadas en 2013 a 50 toneladas en 2023, según datos oficiales de la Gobernación de Tarija. La merma, que ocasionó la declaratoria de desastre hidrológico en el Pilcomayo, se debe a causas naturales -la sequía y el consecuente incremento de la sedimentación del río- y humanas, como la construcción de obras civiles en la frontera, la pesca indiscriminada y la contaminación del río.
Desde 2007, los monitoreos de la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Pilcomayo (CTN) dan cuenta de la presencia de metales pesados en el río. Los datos proporcionados por CTN fueron analizados por especialistas del laboratorio de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) para esta investigación realizada por Erbol en alianza con Acceso Investigativo.
Ese estudio reveló la presencia de una veintena de metales, de los cuales se analizaron en su forma disuelta y total 13 que se consideraron más críticos debido a que están por encima del máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre ellos cadmio, plomo y níquel; además halló valores elevados de manganeso en su forma total (agua analizada en laboratorio con todos sus componentes, sin filtrar). Las denuncias apuntan a las actividades mineras en las nacientes del río; no obstante, no se descartan otras causas debido a la falta de informes oficiales sobre las variantes que contaminan las aguas y matan a los peces del Pilcomayo.
Aunque las causas son múltiples el resultado es uno: baja de ingresos para la subsistencia de 8.000 familias indígenas (Weenhayek, Guaraní y Tapiete) y de 200 familias de transportistas y comercializadores de pescado.
“El perjuicio es grande, pues si bien hablamos de mil familias afectadas directamente, hay que considerar todo un circuito que involucra, restaurantes, hoteles y actividades turísticas a nivel nacional. La cadena productiva del sábalo, emblema del Pilcomayo, llega a los 100 millones de dólares al año”, explica Hugo Efraín Rivera Gutiérrez, secretario de Desarrollo Productivo, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la gobernación tarijeña.
“El dueño” de los peces: la merma
El río Pilcomayo, o Tewok en weenhayek, ha sido históricamente fuente de pesca y sobrevivencia para los pueblos indígenas que habitan en sus riberas. La ictiofauna de la cuenca Pilcomayo alberga 93 especies; de ellas, la más representativa es el sábalo (Prochilodus lineatus). “Es un pez icónico entre las especies migratorias de Bolivia -explica Jaime Sarmiento, biólogo de la Unidad de Peces del Museo Nacional de Historia Natural de Bolivia– su supervivencia depende de las condiciones hidrológicas de la cuenca: cuando hay una buena inundación, hay buenas poblaciones y buena pesca; pero el cambio climático los amenaza y, aunque hay vedas, en muchos sitios continúa la pesca”.
Ante la sequía, a la que se suman las canalizaciones del Pilcomayo en Paraguay y Argentina, se han modificado las rutas tradicionales de migración del sábalo. “Lo interesante es que hemos visto que la especie ha encontrado una nueva vía de migración y reconoce su ruta de retorno a Bolivia”, explica el biólogo y recalca que son necesarias más investigaciones ante la merma de peces en el Pilcomayo.
“Contaban los abuelos que en el principio de todo había un personaje que tenía flecha y arco y que después se ha convertido en tronco para ir abriendo el Pilcomayo. Él es su dueño y el de los pescados”, rememora don Freddy Cortez, quien nació hace 57 años en la comunidad Capirendita. Es ex autoridad de Orcaweta, artista que recupera las canciones de su pueblo Weenhayek y, ante todo, es pescador. “Hasta los 80, había pescado para botar. La gente regalaba, barato se vendía, era mucho. Después ha empezado a escasear y ahora estamos sin sábalo, a esto hemos llegado”, lamenta.
El Pilcomayo ha sufrido una merma paulatina de peces en las últimas décadas, confirma Dinar Quispe, responsable de la Unidad de Biodiversidad, Conservación y Desarrollo de la Fauna (Codefauna), dependiente del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco. “En la década de los 80 se registraban más de mil toneladas al año, en los 90 bajaron a 900 y del 2.000 en adelante han bajado incluso a 33 toneladas debido principalmente a los cambios climatológicos y también a la intervención humana. Somos depredadores y el trabajo de conservación no es solo de Codefauna ni del gobierno regional sino de toda la sociedad”, dice el médico veterinario desde su oficina en Villa Montes.
Datos históricos de la entonces Prefectura de Tarija dan cuenta que la producción pesquera en el río Pilcomayo alcanzó las 14.061 toneladas métricas desde 1980 hasta el año 2000. El récord, aún irrebatible, se marcó en 1986, con 1.440 toneladas. Este año son 50, aunque los datos del Gobierno Regional de Villamontes y de la Gobernación tarijeña no coinciden.
“Las causas de la merma de peces en el Pilcomayo son muchas: la principal es el cambio climático. Este año los niveles de lluvia han sido mínimos, prácticamente la veda la ha dado la misma naturaleza. Pero está también la deforestación chaqueña, últimamente para la producción de carbón, que contribuye a la erosión del suelo aumentando la sedimentación. Está la contaminación minera que baja desde la cuenca alta y tampoco podemos obviar la pesca indiscriminada; estás últimas prohibidas por la Ley de Medio Ambiente 1333”, resume Efraín Rivera, ingeniero agrónomo de profesión, desde su secretaría en Tarija.
Las licencias pesqueras en el Pilcomayo se incrementaron de 30 en 1970 hasta 62 en 1998, de acuerdo a los registros de la Gobernación de Tarija. De ellas, 43 corresponden a miembros del pueblo Weenhayek y 17 a “criollos”. En los últimos años no se han otorgado más concesiones.
“La mayoría de las concesiones pesqueras pertenecen a los pueblos indígenas y trabajan a manera de cooperativas con 70 pescadores en promedio, cada una. Ellas son supervisadas por los Codefaunas regionales, que cobran regalías de 50 centavos por pescado y controlan el respeto a las vedas, los métodos de pesca, la cadena de frío”, explica Rivera. Lamenta que en los últimos años se ha incrementado la pesca ilegal “que no deja facturas”.
Las denuncias de los concesionarios legales son constantes. Cada año, dicen, personas particulares violan la veda en el margen izquierdo del Pilcomayo y suelen pescar en la noche para comercializar el producto de manera ilegal. “Pescamos para la subsistencia, pero pareciera que nos marginan porque en la banda derecha la gente blanca está pescando normalmente para la comercialización, hay movilidades que llegan de Santa Cruz para llevarse el pescado, hay cantidad de peces, nosotros pedimos que también nos dejen vender, porque no vamos comer puro pescado”, sostuvo Francisco Pérez Nazario, presidente del Sindicato de Pescadores Weenhayek, en julio pasado. Pidió acciones de control a Codefauna.
“La que era una actividad comercial se está volviendo de sobrevivencia, por eso es difícil controlar pese a todos nuestros esfuerzos. No hay más concesiones porque no hay nada qué pescar, por eso la emergencia de los pueblos indígenas”, comenta Dimar Quispe de Codefauna Villa Montes, sin proporcionar datos sobre los ingresos por regalías que obtiene el Gobierno Regional.
Por norma, Codefauna cobra Bs 0,50 por pescado comercializado. En promedio, cada tonelada tiene 770 unidades. Según la Gobernación tarijeña, en 2023 se comercializaron 50 toneladas, que representan 38.500 pescados cuyas regalías deberían significar Bs 17.750 para Codefauna Villa Montes.
“El río está enfermo”
Para la bióloga villamontina Ludmila Pizarro, presidenta de la Fundación Biochaco, a la merma de peces en el Pilcomayo contribuyen también otros factores como la tala de árboles, la contaminación minera y de desagüe y la falta de una reglamentación actualizada para la pesca. “Se trata de políticas públicas. El detrimento de la situación ambiental del Pilcomayo data de años y ha empeorado el año pasado con la ruptura del dique de colas de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin), en la parte alta. El río está sufriendo una problemática ambiental desde hace mucho tiempo, son muchos años que no está siendo atendida adecuadamente y oportunamente. Es por eso que cualquier afectación ya sea una cuenca alta en la cuenca media o en la cuenca baja ya genera un mayor impacto que repercute en lo social, en la economía de los pueblos indígenas y en su cultura. El río está enfermo”, asegura.
Desde hace 15 años, los monitoreos de la CTN confirman la presencia de metales pesados en las aguas del Pilcomayo. El Estudio de Base Ambiental y Socioeconómico de la cuenca del Río Pilcomayo de 2018 estableció la presencia de plomo, mercurio y plata “por encima del límite establecido” en el río. El estudio Evaluación del contenido de metales en la cuenca del Pilcomayo, realizado por la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho para el Fondo Spotlight XVII, establece la presencia de arsénico, cadmio, cromo, manganeso, mercurio, níquel, plata, plomo, zinc y selenio en las aguas del río.
Resta realizar análisis de la presencia de estos metales en las especies piscícolas que habitan la cuenca. “Si hay presencia de metales pesados, éstos se van depositando en los sedimentos del río y se mueven con las lluvias. Y es peor en los humedales, donde se alimentan los peces. Si hay afectación será paulatina, y se expresará en el tiempo tanto en poblaciones piscícolas como humanas. Es urgente que se hagan estudios”, recalca la bióloga Pizarro.
El 23 de julio de 2022, la rotura de un dique de colas en la comunidad de Agua Dulce, en el departamento de Potosí afectó al río Pilcomayo. “Fue una de las afectaciones ambientales más serias en este tiempo, a pesar de la constante contaminación que sufre el río. Un estudio del Sedes (Servicio Departamental de Salud) incluso halló riesgo de peces contaminados por mercurio. El Gobierno Autónomo Departamental de Tarija realizó la denuncia penal contra la Federación Departamental de Cooperativas Mineras por este daño”, asegura el secretario departamental Efraín Rivera.
Dimar Quispe, de Codefauna Villa Montes, asegura que en su jurisdicción no se ha encontrado evidencia de contaminación de peces por metales pesados. “En ninguno de los reportes e informes técnico biológicos que hemos hecho de la migración de la reproducción de peces hemos visto de formaciones en el desarrollo de las especies, lo que sería un indicio y tampoco mortandad por esta causa. Vamos a ser muy responsables, nosotros manejamos una posible contaminación y vamos a seguir trabajando, haciendo los monitoreos correspondientes y levantando datos técnicos”, asegura.
¿Qué pasa aguas arriba?
“La parte alta de la cuenca es muy importante, lo que pase ahí tendrá un fuerte impacto aguas abajo”, afirma el investigador del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo (SEI por sus siglas en inglés), Cristo Pérez.
El Pilcomayo se origina en Potosí, en la Cuenca de Pampa Huari. Ahí nace como un río de montaña y avanza hacia el Chaco con todo lo que se vierte en él, incluida la contaminación minera, la natural y las aguas residuales urbanas.
Entre el 2018 y 2022, el SEI -a través de su iniciativa Bolivia Watch- y diferentes actores locales trabajaron en la elaboración del Plan Director de la Cuenca (PDC) Pampa Huari. Esta herramienta de planificación hídrica identificó al menos siete problemáticas: Agua y Saneamiento, Riego, Minería, Riesgos Hidroclimáticos, Funciones Ambientales, Institucionalidad y Equidad social y género.
“Algo que hemos identificado como un gran desafío es el uso excesivo de la tierra para las actividades mineras. Esto afecta de gran manera en temas de acceso al agua, generando un impacto tanto en la calidad como en la cantidad de líquido disponible”, explica Pérez.
Para el diagnóstico, el PDC Pampa Huari dividió el sistema hídrico en 94 unidades hidrográficas y halló actividad minera, pasada y actual, en al menos 15 de ellas. Se identificaron 11 minas o sitios mineros y 264 Pasivos Ambientales Mineros (PAM) entre depósitos de desmonte, diques de colas o acumulaciones irregulares.
“Vimos que aguas abajo de Potosí ya se presentaban conflictos por la calidad de agua en época seca y aumentaban con la época de lluvia. La hipótesis que tenemos es que cerca de los afluentes de la cabecera tenemos PAM que escurren más cuando llueve e incrementan su impacto”, relata Pérez.
Con datos del sistema departamental de monitoreo SIMOVH (Potosí), Sergeomin y el monitoreo comunitario, el PDC caracterizó la calidad del agua en los ríos de la cuenca Pampa Huari, conforme la Norma 512 y la Ley 1333, que establece las clasificaciones A, B, C y D. La categoría “A” es la de mejor calidad para el consumo humano, mientras que la “D” corresponde a “aguas de calidad mínima para consumo humano en los casos extremos de necesidad pública” y con tratamiento físico-químico completo, previa presedimentación.
Empero, de acuerdo al documento multisectorial, la calidad de agua de varios afluentes está muy por debajo de esa mínima clasificación por lo que se la catalogó como “E”.
“La clasificación E implica que el agua no alcanza la calidad de D del reglamento. Es decir que presenta una calidad mala, no debería ser usada para consumo humano sin o con tratamiento, debido al grado de contaminación existente”, explica el PDC.
Los afluentes que presentaron esta clasificación son los ríos Tarapaya, Aljamayu, de la Ribera, Jayajmayu, Agua Dulce, Senoritaj Marpi, Totora D, Kakina, Pupusiri, Quilli Mayu, Ingenio Mayu, Masoni, Idelfonso, Pantizueja, Alja Mayu, Patizueja, y Siqui Mutaya.
Pero ¿cómo impacta esto aguas abajo? Esta cuenca se drena por sus diferentes afluentes dando origen al río Tarapaya, principal aportante del Pilcomayo. Es decir que todo lo que ahí dentro pasa sale hacia el resto del sistema hídrico.
La auditoría ambiental K2AP03G18-E1 de la Contraloría General de Estado (CGE) a la Zona Alta de la Cuenca Pilcomayo (Potosí y Chuquisaca), describe al afluente como uno de los ríos con mayor arrastre de sedimentos en el mundo, alcanzando una tasa media anual de 125 millones de toneladas transportadas. Esta particularidad “contribuye al arrastre de metales pesados a grandes distancias de la fuente de contaminación”.
Debido a la falta de normativa boliviana, la CGE utilizó estándares internacionales para la valoración toxicológica de sedimentos y sus límites permisibles en los cuerpos de agua de la Zona Alta de Pilcomayo. Los resultados demostraron la presencia de metales pesados en aguas y sedimentos de las zonas mineras de Potosí que son arrastrados largas distancias a lo largo del cuerpo de agua principal.
“Los índices de calidad y contaminación en las ciudades de Potosí y Sucre muestran aguas que van de mala a muy mala, según el ICA, y de muy contaminadas a contaminadas, según el ICO, en la zona urbana, mejorando su calidad a media (ICA) en el río Pilcomayo y moderadamente contaminada y poco contaminadas (ICO) en la parte baja de la subcuenca, esto debido a la casi inexistente actividad antrópica que permite la auto recuperación”, sostiene el informe.
Los metales pesados y la salud
“El año pasado cuando hablaron de la contaminación por metales pesados vinieron a hacerme unos exámenes, para saber si estaba contaminado y mi enfermedad se debía a eso, pero hasta ahora no recibí los resultados”, sostiene el dirigente weenhayek, Freddy Cortez.
Cuenta que padece una enfermedad renal, pero no la atribuye a lo que él llama “supuesta contaminación”. Y es que tiene más dudas que certezas sobre las pruebas de laboratorio que el Sedes Tarija y el Ministerio de Salud realizaron a los peces y las fuentes de agua del lugar luego de la ruptura de un dique minero aguas arriba.
Las pruebas de ambas instituciones, realizadas en el mismo laboratorio, fueron encargadas por separado y sus resultados son opuestos y “Unas dicen que hay contaminación y las otras que no, nosotros ya no sabemos”, sostiene al pensar en cómo eso podría afectar a su salud.
El asesor de Seguimiento a Programas del Despacho del Ministerio de Salud, Alex Cornejo, señala que en 2022, luego del rebalse del dique y que las muestras de peces enviadas por el Sedes Tarija arrojaron resultados preocupantes, un equipo multidisciplinario empezó una evaluación en Villa Montes. No solo replicaron las pruebas en los peces.
“Para contrastar los resultados que teníamos optamos por hacer pruebas también a las fuentes de agua para consumo humano y a una parte de la población”, indica Cornejo.
Entre los 14 comunarios weenhayek examinados, está don Freddy Cortez y toda su familia. Todos mujeres y hombres habitantes de Capirendita, en un rango de uno a 56 años de edad, dedicados a la pesca, las labores de casa o el estudio. Cada uno entregó una muestra de su cabello en busca de una concentración de mercurio.
“Acá pasa algo preocupante. Históricamente a esta población se la ha aislado a un extremo de Villa Montes, no tienen acceso a agua, son pescadores y en su dieta lo principal es el pescado. Esta población accedió a dar sus muestras para ver si tenían afectaciones a su salud por los metales pesados. Pero los resultados salieron casi en cero”, afirma Cornejo.
Los resultados advierten que si bien se halló concentraciones de mercurio detectables en el cabello estas están muy por debajo del parámetro referencial de 1 ug/g, siendo el valor más alto el de 0.0100 ug/g y el más bajo 0,0008 ug/g.
Aunque la autoridad sostuvo que las pruebas hechas a los indígenas fueron para tres metales pesados, entre ellos el plomo, los informes de laboratorio dan cuenta de un solo tipo de análisis: mercurio en cabello. Tampoco se analizó la concentración de arsénico o cadmio, dos elementos que ya fueron detectados en el Pilcomayo por el CTN y a los que toda la población que vive del río está expuesta.
De acuerdo a Cornejo los efectos de la exposición a metales pesados no son inmediatos, sino que se presentan con el paso del tiempo y la interacción constante, ya sea por ingestión, aspiración o contacto.
“Puede haber anemia, hipertensión, toxicidad reproductiva, enfermedades neurológicas, trastornos dermatológicos de larga data. Estas enfermedades están registradas en el SNIS, no es que no haya datos, pero lo que es necesario es que los expertos realicen estudios para asociar la carga de estas enfermedades a los metales pesados”, indica.
“Estos estudios deben hacerse desde el punto de vista genotóxico y con una vigilancia de los afectados, pero es algo para lo que el estado no tiene políticas”, manifiesta la genetista María Eugenia Ascarrunz.
Sostiene que diferentes estudios comprueban que la interacción con metales pesados, plaguicidas u otros tóxicos alteran el ADN de las personas, lo que está relacionado al desarrollo de distintos tipos de cáncer y otras enfermedades crónicas.
En 2009, Ascarrunz realizó una investigación sobre el daño genotóxico por metales pesados en una población minera de Oruro. Encontró la presencia de plomo y cadmio en 145 binomios de madres y niños que en sus células presentaban varias alteraciones.
“Pero hay que ser claros, estos estudios son preventivos. Es decir, detectamos el daño en el ADN de las poblaciones, pero no quiere decir que todos tengan cáncer o alguna de las otras enfermedades, sino que en el transcurso del tiempo pueden desarrollarlas porque ya hay un daño en su genética”, explica Ascarrunz.
Precisa que si bien se sabe que la exposición a metales pesados produce enfermedades no se puede frenar la minería o las fuentes de contaminación. “Pero lo que sí se puede realizar es un monitoreo de las poblaciones expuestas para prevenir y protegerlas. Pero lastimosamente no hay políticas de salud al respecto”, advierte la experta.
En contrapeso, Cornejo explica que el diagnóstico y tratamiento por contaminación por metales pesados está dentro de las prestaciones que brinda el SUS. Añade que una vigilancia activa debe ser activada por los Gobiernos Autónomos Municipales. Añade que como parte del Plan Nacional de Mercurio de Salud, el Ministerio asignó 34 especialistas para reforzar el tema de la atención en toxicología en Potosí, Tarija y Chuquisaca.
El Reglamento para aplicación del SUS señala que el diagnóstico y tratamiento de nueve tipos de envenenamientos e intoxicaciones son parte de las prestaciones en los hospitales de segundo nivel, dependientes de los Gobiernos Municipales. Sin embargo, ninguna de las intoxicaciones está referida a metales pesados, sino a herbicidas, organofosforados, etanol, entre otros. La norma también señala que los municipios pueden ampliar o disminuir las prestaciones acorde a su capacidad de atención.
“En el caso del Pilcomayo, como Ministerio no queremos negar las muestras y resultados del SEDES Tarija. Lo que hemos hecho es ofrecer un monitoreo constante porque fuimos en una época del año y se necesita ver que pasa después, porque los efectos no se ven de forma inmediata sino mucho tiempo después”, reitera Cornejo.
¿Cómo salvar al Pilcomayo?
Esta es la pregunta que se hacen autoridades, pobladores e indígenas weenhayek, que en el transcurso de los años han visto como el río va desapareciendo llevándose consigo los peces y su vida misma.
Las propuestas van llegando de a poco, desde acciones legales hasta la domesticación y producción en cautiverio de una especie que para vivir migra. A ellas se suma la intención de marcar el camino que debe seguir el río, conocido por ser indomable y abrirse paso por donde su caudal lo lleve.
“Viendo la problemática del Pilcomayo, desde el INIAF, estamos trabajando en la producción de microalevines de sábalo para el repoblamiento del río. Para una primera instancia tenemos un potencial de medio millón de microalevines”, sostiene el encargado del Proyecto de Investigación Piscícola de la Cuenca del Plata del INIAF, Félix Chube García.
En el laboratorio de Villa Montes, los microalevines de los que habla crecen en peceras cilíndricas donde miles de ejemplares, casi transparentes, se mueven rápidamente. Por su tamaño y tiempo de vida sus rasgos apenas son visibles al ojo humano.
Los reproductores que dieron origen a estos “peces bebé” fueron capturados el año pasado, en la localidad de Puente Sábalo y para este año ya se procedió a la segunda reproducción artificial. Este nuevo cardumen está destinado a la siembra de la especie y será a partir de enero de 2024 que los primeros 100 mil “bebés” serán liberados en el Pilcomayo.
A diferencia de otras especies, para el sábalo la siembra debe realizarse en la etapa de microalevines, es decir dentro de los 45 a 50 días después de la eclosión de las ovas. Dicha etapa es crucial para que la especie se adapte a su ambiente natural o al cautiverio.
“Si los entregamos más grandes, en una etapa juvenil, ya estarán adaptados al cautiverio y al introducirlos en el río serían presas de un depredador”, explica.
Esta tarea se realizará cada año, como una forma de devolver al río la cantidad de peces que él nos da. Será la primera experiencia de este tipo en el país y no solo busca el repoblamiento, sino el incentivo de la producción en cautiverio para que el chaco incursione en la producción piscícola semiintensiva.
“Para nosotros es importante impulsar la producción en esta región para evitar la importación y el contrabando de sábalo que viene desde la Argentina”, resalta Chube.
Pero la idea de domesticar lo salvaje del Pilcomayo no solo se aplica a su especie estrella, sino al río mismo. Como parte de las posibles alternativas, el Proyecto Villa Montes-Sachapera (Provisa), del Gobierno Autónomo Regional de Villa Montes apunta al dragado del río para restaurar su cauce original y generar un humedal propio en territorio boliviano, que permita la recuperación del Sábalo y del río.
El Pilcomayo es uno de los afluentes con mayor tendencia a la amputación de sus ramales. Es decir que en su trayecto, debido al material que arrastra, puede tapar algún punto de su recorrido causando que el río se ampute para buscar con su rebalse una nueva ruta.
“Desde 1930 el río Pilcomayo ha sufrido una migración. El Estero Patiño (humedal natural en territorio limítrofe entre Argentina y Paraguay) era el que nos proveía de sábalos, pero con el paso del tiempo este ha retrocedido al menos 315 kilómetros, con una tendencia a desembocar en Bolivia”, explica el director de Provisa, Gustavo Valdivia.
Para evitar ese retroceso, en los 90, Argentina y Paraguay firmaron un convenio binacional que les permitió la implementación del Proyecto Pantalón, un dragado doble que llevaba el cauce hacia ambos países y así evitar el retroceso.
“En Villa Montes tenemos una zona límite con Argentina y donde hay un punto neurálgico que se convierte en un abanico aluvial. En época de lluvias, con la pendiente, el río se convierte en un caballo desbocado que busca varios puntos de rebalse. En estos puntos tenemos un gran potencial de humedales y un bañado para los peces”, afirma Valdivia.
Para la habilitación de este bañado se requiere identificar los puntos críticos de desborde del río y aprovechar el agua excedente durante la época de lluvias. Para ello se busca la aprobación de un dragado que conduzca las aguas hasta el sector de interés por medio de la rehabilitación de los cauces naturales antiguos.
“Solo nos hace falta un buen estudio y la aceptación del Gobierno, porque es un tema que requiere del acuerdo de los países con los que compartimos el Pilcomayo. A nivel internacional ya hemos planteado la recuperación del cauce y el aprovechamiento de la humedad. Esto va a solucionar el tema de los peces, de la correntía y del caudal”, afirma.
Para el secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Tarija, las soluciones deben ser de los tres países por los que pasa el Pilcomayo. “No solo es un problema de Bolivia, es también de Paraguay y Argentina. Se precisa un proyecto integral no entre los tres países. Al margen de ello, cada país debe comprometerse a cumplir ciertas condiciones. En el caso de Bolivia, el ministerio de Medio Ambiente y el de Minería deben poner coto a las contaminaciones, hacer cumplir la ley. No podemos seguir envenenado al Pilcomayo”, recalca Rivera. Mientras tanto, 800 familias de pescadores y otras tantas de comerciantes, transportistas, gastrónomos ven impotentes cómo se aniquila su economía.
“Esta investigación fue realizada con el apoyo del Fondo Spotlight XVII de la Fundación para el Periodismo (FPP) y Acceso Investigativo, en el marco del proyecto El Pilcomayo a Profundidad, con el apoyo de la Fundación Avina, financiado por Voces para la Acción Climática (VAC)”.