Una nueva Sentencia Constitucional Plurinacional de Bolivia (0920/2021-S2) emitida el 2 de diciembre del año 2021 por la Sala Segunda de esa máxima instancia, ratifica el libre acceso a la información pública y que las instituciones estatales no pueden negar este derecho que tiene todo ciudadano boliviano.
Este recurso legal fue emitido tras una amparo constitucional interpuesto por el ciudadano Henry Álvaro Pinto Dávalos, quien en 2020 en su condición de asegurado solicitó información al Seguro Social Universitario de Cochabamba, instancia que negó su pedido.
El denunciante citó los artículos 21,6 de la Constitución Política de Estado; y, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el recurso legal interpuesto ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La Sala Segunda del TCP concedió la tutela al denunciante, por lo que ordenó al denunciado entregar la información pública velando por no difundir la de carácter sensible que lesione los derechos de terceras personas. Además, remarca la importancia de este derecho dentro de un país democrático.
En su fundamentación, el TCP menciona a las sentencias constitucionales 0188/2006-R, del 21 de febrero del 2006, la 0338/2012 del 18 de junio y la 0115/2018-S4 del 10 abril, que marcan jurisprudencia sobre el derecho de acceso a la información pública . Además menciona instrumentos internacionales sobre este derecho, de los cuales es signataria Bolivia, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana de Derechos Humanos.
