El 11 de enero del 2024, el periodista Daniel Rivera Matirayo, del medio Acceso Investigativo, dejó una solicitud de información en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, en la oficina central de La Paz. Mediante dicho documento solicitaba información sobre avance financiero y físico del programa de Saneamiento del Lago Titicaca. Sin embargo, pasaron dos meses en que la institución no emitió respuesta y guardó silencio al respecto.
Ante esa situación, el 23 de febrero de 2024 el periodista interpuso un denuncia ante la Defensoría del Pueblo por vulneración del derecho de Acceso a la Información en contra del Ministerio de Medio Ambiente. Es así que la Defensoría intervino en este caso, logrando que el 18 de abril del mismo año, esa cartera de Estado entregue la información al peticionario. Con la información proporcionada, junto a otro medio de Perú, se logró un reportaje binacional, donde se revela que pese a la inversión millonaria de ambos paises, hay obras fantasmas y otras abandonadas, gastos sin justificación, adjudicación de proyectos con indicios de corrupción, mientras que más de 900 fuentes contaminantes degradan cada vez más el lago navegable más alto del mundo. El reportaje lleva por título, Titicaca: contaminación persiste a pesar de inversión millonaria.
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua y sus responsables, están en el Muro de los Redimidos, porque en una primera instancia optaron por no responder la solicitud de información sobre el programa de Saneamiento del Lago Titicaca. Tuvieron que ser denunciados ante la Defensoría del Pueblo para recién entregar la información solicitada, que se trata de cómo se ejecutaron los más de 70 millones de dólares que dio el Banco Interamericano de Desarrollo en calidad de préstamo al Estado Boliviano desde el año 2016.
Es importante que las instituciones públicas, como el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, comiencen a transparentar toda la documentación de cómo se ejecutan los recursos económicos del pueblo boliviano. No deben esperar a ser denunciados para recién entregar dicha información que por ley, le corresponde a todo ciudadano boliviano.
