Más allá de las diferencias ideológicas, los partidos políticos que buscan la silla presidencial de Bolivia prometen la generación de más empleos con incentivos al sector privado, programas de empleo juvenil, proyectos intensivos con mano de obra, priorización de sectores vulnerables, entre otros. Pero a la vez, contradictoriamente, hablan de reducir el aparato estatal, lo que significa despidos laborales. Analistas explican que la situación económica puede diluir sus promesas.
Por: Daniel Rivera y Guadalupe Castillo, para la Red de Medios Digitales Bolivia
En la crisis multidimensional por la que atraviesa Bolivia, una de las más preocupantes es la falta de trabajo que cada día se refleja en las calles. Si bien el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra que en los últimos tres años la tasa de desocupación fluctuó entre el 3 y 5 %, el 2024 la Organización Mundial del Trabajo (OIT) situó a este país como uno de la región con la mayor informalidad laboral, pues, solo dos de cada diez personas tenían un trabajo formal. Así, en esta contienda electoral presidencial, los partidos políticos, más allá de sus ideologías, tienen coincidencias para aplicar en esta área, pero analistas advierten que la situación económica del país podría diluir sus promesas.
En términos generales, se observa que hay nuevas propuestas pero también un reciclaje. Los partidos políticos ponen énfasis en la generación de empleos y en fortalecer al sector privado. Capacitación técnica y profesional, así como la creación de programas de primer empleo para los jóvenes. Una transición de lo informal a lo formal, con incentivos y reducción de barreras. Apoyo o prioridad a grupos vulnerables, con medidas específicas y programas de inclusión. También plantean un impulso en el área de infraestructura y proyectos intensivos en mano de obra.
Para Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, si bien el común denominador de todos los candidatos es “dar más trabajo”, eso significa un mayor gasto público. Pero por otro lado, contradictoriamente, los candidatos también plantean un ajuste económico, que se traduce en despedir gente. A lo que Carla Gutiérrez, economista y directora del Centro de Promoción de la Mujer “Gregoria Apaza”, añade que todas los organizaciones proponen una reducción del aparato estatal, pero ninguno precisa qué harán con las personas que queden fuera del mercado laboral como desencadenante de su política de austeridad, dejando de lado el enfoque social.
Ante el escenario que vive Bolivia, Romero no cree que el nuevo Gobierno que asuma en noviembre de 2025 invierta mucho en empleo o en mejorar el trabajo en su fase inicial de mandato. Considera que la priorización estará en temas medulares como el abastecimiento de carburantes y su subvención, importación, falta de divisas, el tipo de cambio y reajuste fiscal. Por lo cual, calcula que los efectos positivos estructurales del empleo se verán recién en diez años.
Impulso a los privados, empleo juvenil y formalidad
El primer eje de coincidencias las tienen la Alianza Fuerza del Pueblo (FP) de Johnny Fernández, Alianza Libertad y Democracia (LIBRE) de Jorge Tuto Quiroga, y Autonomía Para Bolivia (APB SÚMATE) de Manfred Reyes Villa, quienes plantean impulsar la iniciativa privada mediante apoyo salarial gubernamental temporal, pero también exenciones fiscales y alivio de cargas sociales, como una forma de generación de empleo apoyados en el aparato privado.
En la búsqueda de conquistar el voto joven, que significa más de un tercio del padrón electoral, emerge un segundo eje que se centra en la generación del primer empleo juvenil, pero también en la capacitación técnica y profesional. Según el INE, la tasa nacional de desocupación en personas de 16 y 28 años de edad, a marzo del año en curso, fue un 50% más de la desocupación en general.
Es así que Alianza Popular de Andrónico Rodríguez, habla de una política nacional para la inserción laboral de jóvenes, con incentivos para su contratación, mientras que la Alianza Unidad de Samuel Doria Medina, propone programas de “Mi Primer Empleo” con subsidios y apoyo técnico. Entre tanto, Nueva Generación Patriótica (NGP) incluso propone pagar el 30% del salario para empresas que contraten a menores de 25 años de edad.
Como tercer eje, Alianza Popular, Alianza Unidad y SÚMATE, coinciden en eliminar barreras burocráticas y ofrecer, a las pequeñas unidades productivas, incentivos fiscales, para que junto a sus trabajadores pasen al sector formal, extendiendo la protección social. Sobre este punto, Carla Cordero, analista de políticas sociales de la Fundación Jubileo, advierte que al margen del alivio impositivo una transición de lo informal a lo formal también depende de una legislación laboral, simplificación de trámites y acceso a servicios financieros porque las personas que están en la informalidad no pueden acceder a ello.
Para la especialista, también es importante analizar los contrastes geográficos y sectoriales. Por ejemplo, en el área urbana el 61% de la población ocupada lo hace en actividades terciarias que no necesitan mano de obra calificada (ventas, alojamientos y comidas), donde no tienen beneficios sociales. Mientras que en el área rural, hasta el 2019 más del 70% lo hacía en actividades como la agricultura y ganadería, pero este porcentaje cayó a 58% para el primer trimestre del 2025, lo que sugiere una marcada migración hacia las urbes y también repercute en el área de empleo. Esta tendencia no solo reduce la mano de obra agrícola, sino también amenaza la seguridad alimentaria del país.
Grupos vulnerables, subsidios laborales y empleos urgentes
Para Carla Gutiérrez, directora ejecutiva del Centro de Promoción de la Mujer “Gregoria Apaza”, los partidos políticos deben aplicar medidas económicas desde un enfoque social, pensando en los sectores más vulnerables, como a las mujeres que trabajan y al mismo tiempo están al cuidado de sus hijos, ya que, con el cierre masivo de pequeñas y medianas empresas, ese es uno de los grupos que se quedaron sin empleo. Añade que también no se debe dejar de lado al adulto mayor, ya que Bolivia es uno de los países que tiene menos políticas y menos acciones de protección hacia ellos, no por nada se ve un incremento de mendicidad en las calles, por lo que se debe pensar en programas de mejores condiciones de trabajo o de vida para ellos.
Los partido políticos, proponen desde elevar la participación laboral femenina (Alianza Popular, Alianza Unidad y SÚMATE), hasta programas de empleo para personas con discapacidad, víctimas de violencia o miembros de la comunidad LGTBIQ+, como plantea el Movimiento Al Socialismo y NGP. Mientras que Morena, de Eva Copa, busca reconocer el trabajo doméstico y de cuidados en políticas laborales y seguridad social. Así se constituye un cuarto eje que está referido a grupos vulnerables.
La creación de fondos o programas de protección social y/o subsidios laborales es una quinta coincidencia importante. La Alianza Fuerza del Pueblo propone un fondo de seguro de desempleo, y Alianza Libertad y Democracia plantea un programa de protección social para quienes no consigan empleo. SÚMATE busca implementar un subsidio para cubrir aportes sociales de trabajadores de bajos ingresos.
Por otro lado, como una manera de impacto inmediato, la Alianza Libertad y Democracia (Libre) plantea generar un programa junto a gobernaciones y alcaldías para usar mano obra de manera intensiva, en refacciones, empedrados, entre otros. La Alianza la Fuerza del Pueblo también propone proyectos de infraestructura para estimular la economía y empleo local y NGP habla hasta de un plan de empleo de emergencia para obras públicas. Constituyendo así el sexto eje.
Para Romero, ejecutar estas propuestas planteadas, será encontrarse con limitantes como la baja disponibilidad de recursos económicos y también dependerá de la voluntad política para cambiar normativas importantes que rigen hace décadas, como la ley laboral, de inversiones y régimen tributario, las cuales son fundamentales para que todas las medidas planteadas por los candidatos sean factibles. Mientras que Carla Cordero agrega que la generación de empleos también debe ser de calidad, lo que exige fortalecer el capital humano a través de la educación técnica dirigida para el tema productivo.
Bajo la sombra de la informalidad, la crisis multidimensional y más allá de que los candidatos coinciden en mejorar y generar empleos, el desafío radicará en la capacidad que tenga el próximo Gobierno para priorizar la inversión y cambiar estructuras normativas arraigadas en Bolivia.
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