Las principales coincidencias de propuestas están enfocadas en la simplificación tributaria, la reducción de impuestos «distorsivos», la devolución e incentivos por cumplimiento tributario, el fomento a la formalización y lucha contra la evasión, y los estímulos a sectores estratégicos.
Por Walter Vásquez de Guardiana para la Red de Medios Digitales Bolivia
La crisis económica que enfrenta Bolivia podría convertirse en una oportunidad histórica para transformar su sistema fiscal. Para esta reingeniería impositiva, las propuestas de los cuatro principales candidatos a ocupar la silla presidencial del país después de las elecciones generales del 17 de agosto de este año coinciden en la necesidad de simplificar el sistema impositivo, eliminar impuestos “distorsivos”, reducir cargas fiscales e incentivar la formalización. Sin embargo, aunque hay consenso en estos puntos, las propuestas aún son genéricas o evaden temas clave como la inclusión de sectores masivos y estratégicos –cooperativistas mineros, cocaleros y otros– en la base tributaria.
En Bolivia, el cobro de impuestos se constituye en una de las principales fuentes de financiamiento del país. Según datos del OCDE, en 2023, el total de ingresos tributarios ascendió a Bs 74.419 millones, un 23,5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Entre 2006 y 2014, solo la recaudación tributaria del mercado interno creció de Bs 13.431 millones a Bs 49.720 millones, para luego descender a Bs 32.830 millones en 2020 y volver a subir hasta Bs 34.946 millones en 2024.
Este sistema, que según la Fundación Milenio “recauda poco y castiga mucho”, esconde profundas desigualdades; no ha evitado que la informalidad vaya en aumento y supere el 80% y ha hecho también que más del 80% de las recaudaciones dependan sólo del 1,23% de los contribuyentes, es decir, de las grandes empresas.
Un ejemplo de la inequidad tributaria se encuentra en el aporte impositivo de mineros auríferos y cocaleros, dos sectores económicos masivos del país que no aportan al menos $us 157 millones por año que sí deberían aportar.
Éste es uno de los pilares económicos de interés en los programas de gobierno de las organizaciones políticas y alianzas en carrera a la presidencia de Bolivia, los cuales fueron publicados el 25 de mayo en la página web del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Puedes ver esos programas AQUÍ.
Con la ayuda de expertos en materia tributaria, Guardiana analizó y comparó los programas de las primeras cuatro fuerzas políticas que se ubican en los primeros cuatro sitiales en la encuesta nacional de Unitel del domingo primero de junio de este año, realizada por la empresa Ipsos Ciesmori, con autorización del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Samuel Doria Medina, candidato de la alianza Unidad, se ubica en el primer lugar con el 19,1% de la intención de voto; seguido de Jorge Tuto Quiroga, candidato de Libre, con el 18,4%. En tercer lugar, de intención de voto está Andrónico Rodríguez, que fue registrado por Alianza Popular, con el 14,2%. Y en cuarto sitio se encuentra Manfred Reyes Villa de Súmate con 7,9%. A pesar de ocupar el séptimo lugar el candidato del MAS, Eduardo del Castillo, se incluyeron algunas referencias sobre su propuesta para ver si se distancia o asemeja al funcionamiento tributario actual del presidente Luis Arce Catacora, administración de la que ha formado parte del Castillo como Ministro de Gobierno hasta mayo de 2025.
Convergencias entre planteamientos
Las principales coincidencias tienen que ver con la simplificación tributaria, la reducción de impuestos distorsivos, la devolución e incentivos por cumplimiento tributario, el fomento a la formalización y lucha contra la evasión, y los estímulos a sectores estratégicos.
“Estas propuestas varían en su nivel de profundidad y adecuación al contexto fiscal de Bolivia”, explicó la presidenta del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Claudia Pacheco, especialista en logística y comercio exterior.
El analista tributario Pablo Ordóñez, exdirector de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, cree que “las propuestas responden a un clamor generalizado de los contribuyentes de simplificar el sistema, de generar mejores condiciones de competitividad para los emprendedores privados (grandes, medianos y pequeños) y de combate a la evasión, que antes era de ingreso de mercancías y ahora es de salida.
A continuación, presentamos un cuadro con las propuestas de los cuatro principales candidatos:
En el caso del partido del actual Gobierno, el MAS, en la propuesta de Eduardo del Castillo ante el TSE, todos los ítems mencionados en el cuadro dan negativo, no son mencionados, excepto por el de apoyo a los sectores estratégicos, donde figura el apoyo a las Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM).
La especialista Claudia Pacheco realiza un análisis de las propuestas de cada candidato:
- La propuesta tributaria de Samuel Doria Medina plantea una reforma más integral, con un diagnóstico acertado de la informalidad, distorsiones tributarias y concentración de la carga fiscal.
- La propuesta de Jorge Quiroga tiene un enfoque parcial. Habla de disminución y eliminación de algunos impuestos; pero sin profundidad. Está más orientado a la inversión extranjera, sin análisis estructural del sistema actual.
- El planteamiento de Andrónico Rodríguez reconoce distorsiones como el Impuesto a las Transacciones (IT, 3% mensual, aplicable a todos los ingresos brutos) y propone modernización tecnológica, pero sin profundidad técnica. Propone consolidar el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF, hasta 2,4% anual, aplicable a fortunas de más de Bs 30 millones), lo que provocará un efecto contraproducente como cuando se instauró.
- La propuesta de Mánfred Reyes Villa maneja datos clave (como concentración de recaudación), pero sugiere reducir impuestos sin evaluar el riesgo fiscal.
- El plan de Eduardo Del Castillo es limitado y no presenta un diagnóstico del sistema tributario. Así, al no presentar una propuesta impositiva estructural, demuestra una falta de voluntad política para encarar el debate tributario. Esta omisión implica que no busca cambios inmediatos ni estructurales, por lo tanto, no requiere acción legislativa y no responde a las necesidades fiscales actuales del país.
Impacto Inmediato
Jorge Akamine, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, cree que en el caso de Samuel Doria Medina, las propuestas con impacto inmediato son la eliminación de impuestos y barreras a la importación de medicamentos esenciales; la eliminación de múltiples tipos de cambio y del ITF; la reducción de la carga fiscal inicial para nuevos emprendimientos; el sistema de devolución parcial de impuestos por consumo formal con factura; la suspensión temporal de los tributos aplicables a la importación de combustibles por parte del sector privado; las exenciones fiscales temporales para startups de software y biotecnología en polos de innovación, y la transferencia del 50% de los nuevos ingresos fiscales a gobiernos subnacionales (2026).
En el caso de Andrónico Rodríguez es la reforma o eliminación del IT; y en el de Manfred Reyes la eliminación del IGF, la reducción en un 20% del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE, hasta 37,5% anual), la disminución en un 10% del Impuesto al Valor Agregado (IVA, 13% mensual, aplicable al comercio de bienes y servicios) y la exención del 100% del IVA y del IUE durante un año para empresas o emprendedores que formalicen su empresa y contraten personal.
Sin embargo, sin un plan de consolidación fiscal paralelo —como la racionalización del gasto público o la mejora de la eficiencia estatal— estas medidas podrían afectar el equilibrio macroeconómico y comprometer ingresos económicos a corto plazo. Esto causaría en el Estado un endeudamiento mucho mayor al actual y el recorte de servicios esenciales. El desafío entonces será implementar las reformas sin generar déficits insostenibles ni desequilibrios monetarios.
La importancia de contar con mayoría en el legislativo
Ordóñez considera que el escenario ideal es que estas reformas sean producto de amplios consensos políticos y sociales, los cuales deben ser trasladados al Legislativo, donde se traducirán en normas que equilibren la obligación de contribuir. No obstante, la simplificación del sistema tributario, la promoción de la inversión privada y de un clima competitivo, y el combate a la evasión y al contrabando se pueden ejecutar a través de múltiples medidas. El resto tomará tiempo y no se podrá ejecutar en el corto plazo. “Sólo así -subrayó- se puede garantizar la estabilidad del sistema tributario y promover la paz social”.
“La mayoría de las propuestas impositivas -indicó Pacheco- con impacto económico inmediato requieren reformas legales, como modificaciones al Código Tributario o a leyes específicas sobre impuestos. Por lo tanto, su implementación dependerá de que el Ejecutivo cuente con mayoría en la Asamblea Legislativa o logre construir alianzas políticas sólidas. Sin este respaldo legislativo, las propuestas más relevantes difícilmente podrán concretarse en el corto plazo”.
El Presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, experimentado asesor tributario, expone lo que necesita cada propuesta:
- Cambios en tasas impositivas (IVA, IUE, IT, IGF): La mayoría de las propuestas que implican la reducción o eliminación de impuestos requerirían modificaciones de leyes tributarias existentes, lo que implica la aprobación del Legislativo. El Ejecutivo puede proponer estas leyes, pero no puede implementarlas unilateralmente.
- Creación de nuevos impuestos (a la explotación de madera, al carbono): La creación de nuevos impuestos también requeriría la promulgación de nuevas leyes por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
- Exenciones y beneficios fiscales (medicamentos, nuevos emprendimientos, zonas francas, hubs tecnológicos): Las exenciones fiscales, como la eliminación de impuestos a medicamentos esenciales o exenciones temporales para startups, y la creación de regímenes especiales o incentivos fiscales pueden requerir nuevas leyes o decretos supremos específicos que el Ejecutivo puede emitir, pero a menudo con el respaldo del Legislativo para asegurar su legalidad y duración.
- Modificaciones en la administración tributaria (facturación electrónica, devoluciones, simplificación de trámites): Propuestas como la modernización del cumplimiento tributario con herramientas digitales, la simplificación de trámites administrativos, o programas de devolución tributaria podrían ser implementadas en gran medida por el Ejecutivo a través de regulaciones y procedimientos administrativos dentro del marco legal existente, aunque algunas podrían requerir modificaciones menores a leyes o reglamentos.
- Cambios en la política cambiaria (eliminación ITF, tipos de cambio múltiples): La eliminación del ITF o la migración a un régimen de tipo de cambio flexible son políticas macroeconómicas que, si bien son competencia del Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Economía, podrían requerir modificaciones a leyes financieras o tributarias, dependiendo de cómo estén actualmente reguladas.
- Pacto Fiscal (transferencia de nuevos ingresos): La propuesta de un nuevo Pacto Fiscal que transfiera un porcentaje de los nuevos ingresos fiscales a los gobiernos subnacionales es una reforma estructural que necesitaría una amplia negociación y aprobación legislativa, posiblemente incluso constitucional si implica cambios fundamentales en la distribución de competencias y recursos.
¿Qué no se ha tomado en cuenta como parte de la reforma?
Pacheco indicó que en los programas de gobierno se omiten aspectos clave que deberían ser considerados prioritarios en cualquier reforma fiscal seria, como la formalización del sector cooperativo minero (mencionado de manera parcial por Doria Medina); la progresividad tributaria (apenas aludida por Rodríguez); la cultura tributaria; el fortalecimiento de la administración tributaria; y el pacto fiscal y la descentralización (planteado sólo por Doria Medina, aunque sin desarrollo programático detallado).
“La omisión de estos elementos estructurales -precisó la economista- revela que las propuestas impositivas analizadas están centradas en medidas inmediatas o simbólicas, sin abordar los desafíos de fondo. Esta falta de profundidad limita su capacidad para transformar el sistema tributario en una herramienta real de desarrollo y equidad”.
Ordóñez cree, por el contrario, que no es objeto de la propuesta entrar al detalle de la ejecución. En ese sentido, todas las propuestas son genéricas. “Los candidatos proponen varios temas, que a lo mejor pueden ir cambiando según avanza la campaña electoral, producto de la interacción del candidato con sus votantes”.
Akamine subrayó que los puntos pendientes o abordados genéricamente que necesitan atención inmediata y tienen impacto en la población son la formalización de grandes sectores como los cooperativistas mineros, la economía informal en general, el impacto de la reducción de ingresos fiscales, la estabilidad y certidumbre jurídica a largo plazo, el control al contrabando y actividades ilícitas, la adaptación a la economía digital y las nuevas formas de trabajo.
Con respecto a las cooperativas mineras, Ordóñez indicó que el problema no se resuelve sólo desde el punto de vista tributario, ya que la problemática es mucha más amplia y compleja, pues aborda temas sociales, laborales y ambientales, entre otros.
La revisión a los programas de gobierno de los candidatos tradicionalmente aliados de las cooperativas mineras no muestra ninguna medida para ejercer mayor control tributario sobre estos segmentos ni sobre la intensiva explotación que realizan. Es más, por muchos años, el oficialismo le ha dotado de maquinaria, acceso a créditos, sedes sindicales y exenciones impositivas.
La Red de Medios Digitales Bolivia está conformada por Guardiana, Acceso y La Nube
