Raykha Flores/CORREO DEL SUR/La Hora de Bolivia
La etapa prelectoral dejó a Bolivia en pausa. Hay encuestas que muestran que hay alta expectativa por el cambio de Gobierno y eso ha determinado una disminución de conflictos sociales; sin embargo, hay intranquilidad respecto a lo que vaya a ocurrir cuando asuma la nueva administración, cualquiera que sea. La preocupación por la crisis económica es palpable y es la principal en este momento, según un estudio que también tiene en lista a la conflictividad social.
De acuerdo con el informe del Programa de Investigación en Conflictividad Social de la Fundación UNIR Bolivia, en el trimestre de junio a agosto de este 2025 se registraron conflictos dispersos, pero hay una confluencia en su origen: la crisis económica y una profunda debilidad de las instituciones del Estado para responder a las demandas.
“El tipo de conflictividad que ha aumentado ha sido la que interpela al Estado por la falta de recursos que se tienen ahora por las deficiencias en los presupuestos nacionales, departamentales y regionales subnacionales; una seguidillla de conflictos, aunque no sea una gran conflictividad”, explica el responsable de área de UNIR, Huáscar Pacheco. Es decir, menos conflictos, pero, dentro de estos, la mayor parte contra el Estado.
Aunque hubo una disminución en la cantidad de conflictos, de 110 en marzo a 77 en agosto, la organización advierte que “es previsible que este tipo de protestas escalen durante los próximos meses si no se adoptan medidas efectivas”.
Son esas medidas las que pueden desatar más conflictos, coinciden analistas.
El país atraviesa una crisis económica agravada desde hace casi tres años por la escasez de divisas; ello ha afectado la provisión de combustibles, importados y subvencionados por el Gobierno con la venta del gas, cuya producción también cayó a la par de los mercados.
En ese contexto se realizaron las elecciones generales del 17 de agosto, con ocho binomios; lograron los primeros lugares y pasaron a segunda vuelta el Partido Demócrata Cristiano (PDC), con Rodrigo Paz y Edmand Lara, la sorpresa de este proceso electoral, y la Alianza Libre, con Jorge Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco.
Por primera vez desde 2006, el todavía gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) dejará el poder como consecuencia de su gestión de la crisis y su división interna en tres bloques.
Así, las elecciones marcan un proceso de recomposición política en el que está en juego el modelo económico y político, recuerda la analista y politóloga Luciana Jáuregui. “Implica una agenda de reformas económicas que siempre pueden tener efectos en la calle”, señala a CORREO DEL SUR.
Asamblea Legislativa y la calle, los escenarios
El 17 de agosto se configuró una Asamblea de minorías por lo que las fuerzas que lograron mayor votación, ahora enfrentadas, necesitan acuerdos para alcanzar dos tercios, avanzar en reformas y generar cierta legitimidad institucional, indica la experta.
Tanto el PDC como Libre anunciaron medidas económicas. Su grado de afectación sobre sectores populares puede activar protestas. ¿Quiénes las encabezarán? Sindicatos obreros, campesinos y mineros que cogobernaron con el MAS también atraviesan un periodo de crisis interna, aunque en algunos casos están tendiendo lazos con el PDC, lo que ha reforzado las acusaciones de Libre respecto a una presunta cercanía.
“Ya no tienen la misma validez y respaldo social y capacidad de aglutinar demandas”, comenta Jáuregui sobre esas organizaciones.
Pacheco añade que se han desgastado con la instrumentalización de sus demandas y eventos de alta violencia.
El secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Mario Seña, admite que los resultados han motivado una reflexión —además de acusaciones cruzadas—, según se percibe cada día. Anticipa que “si no hay algún tipo de coordinación (con el nuevo Gobierno) o nos quieren coartar nuestros derechos o nos quieren volver a poner a un rincón (…), tendremos esa capacidad también de volver a unificarnos y volver a salir a las calles”.
De momento, está claro que no tienen convocatoria.
Jáuregui añade que es tiempo de rearticulación de otros sectores urbano-populares como gremiales y transportistas, que ya encabezaron protestas por los efectos de la crisis; Pacheco coincide con ella.
Aunque tanto el PDC como Libre han prometido que el retiro de la subvención a los hidrocarburos no afectará a los sectores populares, se mantiene latente la posibilidad de una mayor inflación.
¿Podrá el Gobierno frenar eventuales medidas de hecho? “Mucho depende de cómo el gobierno de turno sepa sentar acuerdos con ellos y también generar políticas compensatorias (…) para que no sean los más pobres los que paguen la crisis”, indica Jáuregui.
CONFLICTIVIDAD CONTENIDA
El responsable de Conflictos de la Fundación UNIR llama la atención sobre la conflictividad contenida por las expectativas ante un nuevo Gobierno. “Se han mitigado muchos riesgos en la primera vuelta”, manifiesta.
Remarca, además, que la crisis ha llegado de manera paulatina, lo que puede haber provocado una especie de adaptación.
Pide también tener en mente los discursos en torno a un posible fraude, utilizados en algún momento por el candidato a vicepresidente del PDC, Edmand Lara, y el evismo (el movimiento de seguidores del expresidente Evo Morales), posibilidad ya descartada por el Órgano Electoral.
FACTOR EVO
Jáuregui identifica otro polo de conflictividad: la convocatoria que tiene el ‘evismo’, centrado en la región del Chapare, Cochabamba, cuya ubicación en el centro de Bolivia es estratégica porque tiene la posibilidad de paralizar todo el país con cortes de carreteras, como se demostró en conflictos preelectorales.
El movimiento evista se ha convertido en el principal opositor del gobierno de Luis Arce. “Gran parte del escenario que se juega a futuro es la capacidad del evismo para liderar la oposición desde la calle”, añade la politóloga.
¿TREGUA?
Pacheco ve improbable que se desaten conflictos este 2025 por la tregua que los gobernados suelen conceder a sus elegidos y el peso de fin de año, cuando la conflictividad disminuye porque la gente tiene otra agenda.
Sin embargo, advierte que, si en un plazo inmediato las nuevas autoridades no dan señales de una cierta certidumbre económica, el panorama se puede complicar.
Jáuregui indica que los primeros seis meses constituirán un periodo de prueba para el gobierno y su capacidad de construir consensos.
¿Y LA GOBERNABILIDAD?
La heterogeneidad y provisionalidad de las alianzas políticas anticipa un escenario difícil para la gobernabilidad, advierte la politóloga Jáuregui.
“No tenemos partidos políticos sólidos y estables, ni siquiera podemos hablar de una disciplina partidaria sólida”, indica.
El riesgo: gobierno dividido; es decir, los dos poderes se bloquean mutuamente y producen un bloqueo institucional y parálisis decisoria, como está pasando durante la administración del presidente saliente, avisa.
TERMÓMETRO: ENCUESTA Y ESTUDIO
El 38 % de 1.800 bolivianos encuestados por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES) piensa que la situación política estará igual a fin de año y el 26 % opina que empeorará algo. Cuando la consulta es sobre la economía, el 34 % cree que empeorará algo y 31 % dice que estará igual.
Las dos principales preocupaciones son la crisis económica y la corrupción, seguidas de la ingobernabilidad poselectoral y el crimen y la inseguridad. La violencia y la conflictividad social aparecen en sexto lugar después de la debilidad del nuevo gobierno, aunque todos esos factores pueden desatar conflictos.
La FES también aplicó el cuestionario Delphi a 123 líderes de opinión, entre actores políticos, analistas, periodistas y especialistas. El 43,1 % se declaró “muy preocupado” por la posible conflictividad en los próximos seis meses y el 41,5 %, “algo preocupado”.
El 64,2 % declara que su principal sentimiento sobre el futuro de Bolivia es de incertidumbre. Entre los encuestados, un 36 % dice que prevalece el miedo y un 24 %, la incertidumbre.
Tres datos más: el 46,3 % de los entrevistados cree que el país sigue igual de polarizado; la mitad (50,8 %) calcula que deberá pasar un año o más para la estabilización de la economía y el 49,2 % opina que las medidas originaránuna alta conflictividad e inestabilidad gubernamental.
