Lo que nació como una salvación económica de Bolivia, terminó en un esquema de adjudicaciones discrecionales tras la eliminación de normas de transparencia. Con más de 8 mil millones de bolivianos en contratos, el plan de industrialización de Luis Arce benefició a un puñado de empresas; algunas vinculadas al poder político, otras que muestran existir más en el papel que de manera operativa, además de sancionadas. El saldo: factorías paralizadas o deficientes, financiadas con las reservas internacionales y el Tesoro General de la Nación.
Por: Guadalupe Castillo y Daniel Rivera
Ingresar a una de las plantas fallidas del Plan de Industrialización con Sustitución de Importaciones se sentía, hasta hace poco, como una osadía en el estrecho de Tiquina, La Paz. A tal punto que ni Edgar Quispe, dirigente provincial de los pescadores de Omasuyo, se animaba a hacerlo. En esa orilla del Lago Titicaca, lo que tenía que ser una factoría para procesar 488 toneladas por año, no es más que un esqueleto de hierro y concreto con techado azul; un mudo testigo del equipamiento que no se instaló en el lugar, pese a los pagos que hizo el Gobierno de Luis Arce Catacora. Desde julio de 2025 yace una planta sin corazón ni razón de ser que, a la fecha, su historia no cambió.
La Planta Piscícola del Lago Titicaca quedó inconclusa. Se rescindió el contrato sin que se haya instalado la maquinaria/Video: Acceso Investigativo
Edgar sabía que la promesa industrial estaba envuelta de problemas. Su silencio en 2025 no fue por indiferencia, sino por cautela ante una gestión de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) que solía judicializar a sus críticos. En este escenario, la Asociación Accidental Ingeniería y Servicios Torces y Asociados logró cobrar 64,5 millones de bolivianos (USD 9,26 millones al tipo de cambio oficial) —el 88,6 % del contrato por adjudicación directa—. Pero, tras rescindir el acuerdo en enero de 2025, el Gobierno nacional solo recuperó 5 millones de bolivianos (USD 718 mil), mediante la ejecución de la boleta de garantía de cumplimiento. La constructora, por su parte, no respondió a las preguntas enviadas a su correo electrónico institucional.
Tiquina fue apenas una pieza del engranaje de 63 plantas industriales productivas, cuya ejecución dependía exclusivamente del Gobierno central, como parte del Eje 2 del Plan de Desarrollo Económico Social (PDES 2021-2025). Una revisión del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) muestra que 60 de estas fueron adjudicadas y derivaron en la firma de 88 contratos, porque algunos proyectos se dividieron por componentes. En conjunto la inversión llega a los 8.185 millones de bolivianos (USD 1.176 millones).
En espacios públicos el discurso era de orgullo y celeridad. Luis Siles, entonces viceministro de Políticas de Industrialización, inflaba el pecho en entrevistas al mencionar que sus antecesores — gestión de Evo Morales— en 14 años habían construido 47 industrias. En cambio en la nueva era, en tiempo récord encaraban una mayor cantidad de factorías; las cuales son el objeto de esta investigación. Mientras que para Arce, este era su mayor legado de salvación económica para Bolivia, pero detrás de su retórica, se engranó un mecanismo de opacidad.
Estas revelaciones surgen de un trabajo de seis meses de Acceso Investigativo, que rastreó y analizó más de un millar de documentos disponibles en el Sicoes, cruzados con similar cantidad de actas de constitución e históricos de balances financieros depositados en el Servicio de Registro de Comercio (Seprec), con la revisión de reportes del Sistema de Gestión Pública (SIGEP). También se analizó informes del Ministerio de Economía, resultados de inspecciones de la Contraloría General del Estado, informes enviados al Legislativo, solicitudes de información al Ministerio de Desarrollo Productivo y sus reparticiones de la anterior administración. Se incluyó visitas a proyectos y una serie de entrevistas a especialistas, empresarios y pobladores.
Antes de mover el millonario plan, Arce abrogó los decretos 4247 y 4308. El primero eliminaba la contratación directa para las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE) y el otro obligaba a publicar las invitaciones que hacían las entidades a las empresas. Así, Emapa volvió al ámbito de la adjudicación discrecional y, mediante el Decreto Supremo 4720 incorporaron a la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA) y el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) bajo ese régimen. Luego de ese trazo ejecutivo entregaron contratos por más 7.100 millones de bolivianos (USD 1.020 millones) de manera directa, además de no transparentar toda la documentación del proceso. Dicha cifra representa el 87 % de la inversión.
Este esquema de entrega de contratos dejó al descubierto un entramado que no solo socava la transparencia, sino también los recursos públicos del país: con obras paralizadas, otras con deficiencias de construcción o emplazadas en zonas que no producen la suficiente materia prima. Además, 10 de 100 compañías se quedaron con aproximadamente la mitad de la inversión, algunas con conexiones al poder, otras que existen más en los papeles que de manera operativa, además de firmas sancionadas en su país de origen. Pero también el Gobierno recibió boletas de garantías falsas y omitió cobros por rescisión de contratos, evitando que el Estado pueda recuperar al menos 55,9 millones de bolivianos (USD 8 millones), según registros del Sicoes.
El beneficio no se detuvo solo en la adjudicación discrecional. El patrón de ajustes económicos al monto original de las fábricas, también traza una tendencia de desequilibrio. Cuando se trataba de incrementos en favor de las empresas, estos se contaban por millones, mientras que las reducciones en favor del Estado, en algunos casos ni siquiera alcanzaban para cubrir gastos administrativos de papel e impresión.
El resguardo del erario público estaba en el Decreto Supremo 0181 —que limita los incrementos al 15 % del precio original— pero fue modificado en el tramo final de la gestión de Gobierno. Mediante los decretos 5321 y 5406 se facultaron más aumentos y anticipos extraordinarios bajo el argumento de “fluctuación de precios”. El cronograma fue milimétrico, la renegociación de contratos debía firmarse como máximo el 31 de octubre del 2025, justo una semana antes de la transmisión de mando entre Arce Catacora y Rodrigo Paz. Para este reportaje, con anterioridad a su aprehensión del 10 de diciembre por el caso del Fondo Indígena, se intentó obtener la versión del expresidente, pero no atendió las llamadas telefónicas realizadas.
Engranaje del poder
El plan de industrialización, detrás del objetivo de sustituir importaciones, también sirvió como un flujo económico para actores con trayectoria de vínculos al tejido del partido político gobernante, perfiles que coinciden con la adjudicación de proyectos que figuran entre los de mayor presupuesto del programa.
En este tablero, Marcelo Mario Salas Viruez ocupa un lugar central. En 2011, su nombre saltó a la luz pública durante la investigación sobre una “red de falsificadores” relacionada al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); en esa oportunidad, la Fiscalía reveló a la prensa que Salas declaró ser asesor personal de Nemesia Achacollo, ministra de Desarrollo Rural y Tierras (2010-2015). En aquel periodo ella junto a Luis Arce Catacora —entonces ministro de Economía— compartían un espacio de decisión en el Directorio del Fondo de Desarrollo Indígena. Luego de 13 años, este hombre volvió a ser protagonista como miembro del consorcio internacional Civatek, adjudicatario de la industria más millonaria del plan gubernamental y una historia que parece repetirse.
En la víspera del 2025, el Sedem adjudicó de manera directa a ese consorcio el Complejo Industrial Farmacéutico de Cochabamba, por 2.762 millones de bolivianos (USD 396.8 millones). Para formalizar el contrato, el Gobierno recibió una boleta de garantía de cumplimiento de 54 millones de bolivianos (USD 7,8 millones) que, según expedientes administrativos revisados para este reportaje, resultó ser falsa. Una vez sellado el acuerdo, la adjudicataria entregó una segunda garantía por correcta inversión de anticipo de 129,9 millones de bolivianos (USD 18,7 millones), bajo la misma condición de nulidad. Estas irregularidades quedaron expuestas tras la rescisión de contrato, proceso en el que el Ejecutivo quedó con las manos vacías ante la invalidez de los documentos para ejecutar cobros o resarcimientos. Con el proyecto paralizado, lo que prometía ser un pilar de la salud pública quedó como una herida abierta.
Extracto de informe sobre boletas «falsas» presentadas por el Consorcio Civatek
Salas Viruez, respecto a la veracidad de esas boletas de garantía, alegó un supuesto error por parte de la entidad financiera, pero no proporcionó documentación que lo acredite. Además, declaró que el Sedem tenía la consigna de anular el contrato para priorizar otro proyecto. Aseguró que su consorcio inició una demanda internacional para que se reanude el convenio, porque en la fase de preinversión “gastaron 130 millones de bolivianos”. También negó su vínculo con Achacollo, pese a que según actuaciones de la Fiscalía, él admitió haber sido su asesor personal.
En el fichero también se destaca la historia de Begonia SRL y Piloto SRL, tras que Emapa le adjudicara de forma directa la Planta de Papa de El Alto en La Paz; por 148,2 millones de bolivianos (USD 21,2 millones). Gabriel Lema Majluf resultó una pieza clave, pasó de ser asesor de la Gerencia Ejecutiva de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) a firmar el contrato en representación de ambas compañías privadas.
El cronograma de su fortuna fue ágil. En septiembre de 2022 Lema dejó el cargo público, en octubre recibió invitación del Gobierno y en noviembre el contrato fue un hecho. La empresa donde tenía acciones, Piloto SRL, registró como domicilio legal el Hospital Oncológico de Tarija, una infraestructura pública inconclusa. Cuando el equipo periodístico lo contactó vía teléfono, el empresario pidió llamarlo más tarde, pero desde entonces optó por el silencio.
Esa decisión corporativa coincide con lo que sucede en los tribunales. Franklin Flores, exgerente de Emapa que avaló la adjudicación de esa industria, enfrenta un proceso judicial por enriquecimiento ilícito y otros delitos, precisamente por ese proyecto. El 3 de enero de 2026 fue enviado a la cárcel de San Pedro de manera preventiva. El exejecutivo no respondió a la solicitud de información ni la entrevista cuándo aún comandaba la estatal, manteniendo un silencio que persiste tras su encarcelamiento.
En el tapiz de las contrataciones directas los hilos conducen hasta Procosur SRL, cuyo dueño es René Segovia Fernández. Su empresa es coejecutora de la Planta Procesadora de Extracción de Aceite Vegetal y Aditivos de Villa Montes, por 81,6 millones de bolivianos (USD 11,7 millones), además de un contrato para un proyecto similar en San Borja por 118,4 millones de bolivianos (USD 17 millones). Ambos adjudicados de manera directa por el Sedem.
La trayectoria de este empresario se entrelaza con la de Marcelo Romero, con quien conformó asociaciones accidentales para construir obras en común en el pasado. Su vínculo trascendió lo operativo; registros comerciales revelan que este último personaje también actuó como garante hipotecario en favor de la compañía.
Romero, quien había respaldado la economía de Procosur, en 2025 no ocultó su cercanía con el partido político dominado por Luis Arce Catacora, al ser candidato a primer senador por Tarija en la lista del Movimiento Al Socialismo (MAS). En la entrevista, Segovia al escuchar este nombre, inmediatamente aseguró que nunca tuvo relación con Romero, pero documentos depositados por su empresa en el Seprec, evidencian lo contrario.
Su compañía se benefició con un incremento del 24 % respecto al monto original de la factoría de Villa Montes, el ajuste porcentual y monetario más elevado del plan de industrialización. Segovia atribuyó este cobro a la adecuación técnica del proyecto para procesar soya, además de macororó. Asimismo, argumentó que el Gobierno emitió normativas que permitían aumentos “ilimitados” por el alza de costos; se refería al Decreto 5406. Esta pieza clave cambió las reglas de los “contratos llave en mano” que el Decreto 0181 blindaba para evitar gastos adicionales para el Estado. Así, lo que antes era un exceso prohibido, pasó a ser un gasto permitido.
Empresas descalificadas y sancionadas
En esa arquitectura de influencias también se abrió la puerta a empresas extranjeras. Las adjudicaciones directas se tradujeron en la entrega de contratos millonarios a empresas que, en Bolivia, existen más en el papel que en su capacidad operativa. La segunda factoría más costosa del plan de industrialización: la de Química Básica de Uyuni (Potosí), valorada en 2.557 millones de bolivianos (USD 367,3 millones), fue entregada en agosto de 2024 por el Sedem a East China Engineering Science and Technology CO, LTD Sucursal Bolivia. Una empresa que en tres oportunidades anteriores, bajo la figura de Asociación Accidental ECEC/GRIG, fue descalificada por no cumplir requisitos fundamentales como experiencia profesional.
Engineering Science fue inscrita en abril de 2021 en Bolivia, pero su solvencia dentro del país dista de la magnitud de sus compromisos. Tiene un capital social que no supera los 11 mil bolivianos (1.580 dólares), con un solo empleado, sin maquinaria registrada y declaraciones consecutivas de pérdidas económicas, según documentos depositados en el Seprec. Aún así, se hizo de este millonario contrato y el Sedem, si bien establece que no podrá subcontratar toda la obra, no fijó un límite para ello, a diferencia de los demás contratos donde estableció hasta un 25 %. La compañía no respondió las preguntas enviadas a su correo institucional.
En otro punto del territorio, en la tierra de la soya, en octubre del 2022 el contrato de 363,2 millones de bolivianos (USD 52,1 millones) para la transformación de subproductos de esa materia prima, en San Julián departamento de Santa Cruz, fue entregado por Emapa a la Asociación Accidental Kaizen, una sociedad conformada por dos compañías chinas. La China Machinery Industry reporta solo dos empleados, un historial de pérdidas económicas y registra como proveedor a la cuestionada empresa CAMC, por el mediático caso de tráfico de influencias el 2016. A su lado, su socia, la China Machinery Engineering Corporation Sucursal Bolivia, también con un pasado de números en rojo.
Estas empresas no eran desconocidas para el Gobierno, porque anteriormente fueron descartadas en dos convocatorias de licitación pública para el mismo proyecto. Los comités calificadores observaron falta de experiencia y de personal especializado. Pese a estos antecedentes, Emapa dio un giro de 180 grados. Tras declarar desiertas las licitaciones, la estatal activó la vía de contratación por excepción. Bajo esta modalidad discrecional adjudicaron la ejecución de la industria a las mismas compañías chinas que, meses antes, fueron calificadas como no aptas.
Peng Wang, representante legal de Machinery Engineering, a través de correo electrónico se limitó a indicar que su compañía está constituida legalmente en Bolivia y tienen más de 40 años de experiencia. Y, si se requiere más información de la obra, se acuda a Emapa. Mientras que la Machinery Industry no atendió las preguntas enviadas.
Planta de Transformación de subproductos de soya en San Julián, Santa Cruz/Video: Acceso Investigativo
En la cadena de contrataciones la Planta de Acopio, Transformación y Almacenamiento de Granos de Ixiamas es otro eslabón. Fue adjudicada por 101,9 millones de bolivianos (USD 14,6 millones) a la Asociación Accidental El Bosque. Sin embargo, ni las ocho ampliaciones de plazo ni los decretos extraordinarios lograron salvarla de quedar inconclusa. Aunque el Contrato Modificatorio 5 viabiliza oficialmente un anticipo adicional de 5,4 millones de bolivianos (USD 775 mil), el representante del consorcio, Raúl Adelio Solares Rivero, atribuyó la parálisis a una falta de liquidez y negó haber recibido dicho pago.
El riesgo de esta adjudicación podía advertirse desde el inicio. Las integrantes del consorcio, Sertecinc y Engineering Saeca de capitales paraguayos —ambas con sucursales en Bolivia—, arrastran sanciones por incumplimiento de contrato de obra y provisión de bienes con el Gobierno de su país de origen. Solares admitió que conoció esos antecedentes luego de que su empresa Cochabamba SA se asociara con ellos y, después, alegó que estas compañías tienen una “amplia experiencia”. Al margen de los justificativos, esta industria que originalmente debía entregarse en mayo del 2024 se suma a la lista de infraestructuras que no logran integrarse al ciclo productivo.
Testigos de las deficiencias
El motor de la industrialización empezó a girar, pero no logró engranar con la realidad del campo. El desencuentro entre el cemento y la tierra es tal que, hasta los beneficiarios de los contratos reconocen las fallas. El empresario René Segovia confirmó la rescisión de contrato de la Planta de Extracción de Aceite de San Borja (Beni), porque el diseño no estaba adaptado para la zona y ni siquiera se tenía cultivos de palma aceitera para las pruebas de funcionamiento. Entre tanto, el entonces jefe de la Unidad de Planificación del Sedem, Pablo Vargas, rechazó formalmente el acceso a los estudios de preinversión y planes de negocio, bajo el argumento de «confidencialidad».
Sin embargo, San Borja no es un caso aislado. En Viacha (La Paz), se instaló una Planta de Cereales que puede moler más de 90 mil toneladas de trigo al año, pero el Sistema Integrado de Información Agropecuaria muestra que el promedio de producción anual en este municipio es 75 toneladas y a nivel departamental 2.089; incluso si se traslada toda la cosecha de Cochabamba, Oruro y Potosí, solo se cubre el 56 % de su capacidad instalada. Además, no hay registros públicos sobre programas en marcha que buscan aumentar la producción de la materia prima en esta región. El Reglamento Básico de Preinversión obliga a demostrar que el tamaño de la planta guarde relación con la disponibilidad real y sostenible de insumos.
La Planta de Cereales de Viacha fue catalogada por Emapa como el molino más grande de Bolivia/Video. Acceso Investigativo con imágenes de Google Earth
Al otro extremo del país, en San Julián (Santa Cruz), Emapa emplazó una industria de soya pese a que el sector privado tiene capacidad para procesar 5,3 millones de toneladas, mientras la cosecha país nunca sobrepasó las 3,7 millones. David Diez, gerente técnico de la Cámara Nacional de Oleaginosas de Bolivia, señala que esta planta es la prueba de que la “sustitución de importaciones” fue solo un slogan, porque la demanda de aceite, torta y cascarilla, está cubierta por la industria local, información que es corroborada por reportes históricos del propio Ministerio de Desarrollo Productivo. Además, la factoría se construyó en un área sin suministro de gas, condenando su operatividad al costoso transporte por camiones cisterna, lo que le resta competitividad.
Desde una perspectiva técnica, Diez explica que la sustitución de importaciones implica producir en el país aquello que se importa de manera significativa, siempre que exista viabilidad productiva, competitividad en precios y estándares de calidad. “No se trata solo de construir plantas industriales, sino de resolver previamente los cuellos de botella estructurales: materia prima, logística, escala eficiente y mercado. El principal problema del plan de industrialización ha sido la ausencia de diagnósticos productivos sólidos. Sin base técnica, ninguna factoría subsiste en el tiempo”, puntualizó.
Las grietas sobre rigor técnico que advierte el especialista, se materializan en reportes de fiscalización estatal. La Contraloría General del Estado (CGE) también revela que proyectos como la Industria de Productos del Chaco en Chuquisaca, la infraestructura civil avanzó sin que se hubiera definido la línea de producción. A eso se sumó un “deficiente control” sobre la calidad de obras como el hormigón armado, lo que compromete la vida útil de la obra cuya inversión ya sufrió un incremento, de 38,7 a 44 millones de bolivianos (USD 6,3 millones), sin lograr su conclusión.
Aquí, nuevamente el silencio estatal fue la regla. Javier Freire, quien era gerente ejecutivo de EBA, evitó responder preguntas escritas y acceder a entrevistas, al alegar que el periodista solicitante “no tiene acreditado su derecho para acceder a la información específica requerida”, cuando el acceso a la información pública está garantizado en la Constitución Política del Estado.
Más allá del bloqueo institucional. En la mira también quedó el proyecto de la Planta de Almacenamiento de Granos de Pailón, Santa Cruz. La Empresa Boliviana de la Construcción (EBC), encargada de edificar esa infraestructura, fue calificada por la Contraloría como “no eficaz”, un veredicto técnico que confirma que la estatal no tuvo la capacidad operativa para cumplir los cronogramas. La factoría que debía ser un pilar para guardar granos en 2023, es un recinto bajo candado con obras a medio construir, maquinaria paralizada, escombros y un perro que custodia una obra sumergida en ampliaciones de plazo que parecen perpetuas.
Planta de Almacenamiento de granos de Pailón, Santa Cruz, inconclusa/Video: Acceso Investigativo
Aunque el proyecto de Pailón pasó por licitación pública, no difiere del patrón de demoras observado en las adjudicaciones directas. El Gobierno normalizó contratos discrecionales bajo el argumento de agilizar las construcciones y poner en marcha el aparato productivo. Sin embargo, el Sicoes revela una realidad opuesta; independientemente de la modalidad elegida, el 74 % de las obras sufrió postergaciones mediante sucesivas ampliaciones de plazo, que incluso llegaron a duplicar el tiempo de entrega inicial.
Más allá de lo administrativo, la industrialización significó un costo ambiental. Para construir la planta Piscícola en Villa Montes se derribaron 110 hectáreas de bosque, según la ambientalista Ludmila Pizarro que trabajó dentro de esa obra. Ella advierte que en el diseño del proyecto se descuidó aspectos mínimos de seguridad, como no contemplar el cierre perimetral. Su observación encuentra sentido en la Fiscalía, donde se registró una denuncia de robo de 31 válvulas de agua que alimentaban las piscinas base del proyecto.
Pero la mayor preocupación de Pizarro es que tras haberse sacrificado un ecosistema estratégico de la zona, esta industria quede como un monumento al vacío. Un miedo que cada día cobra realidad: la factoría emplazada bajo dos contratos de Emapa por un total de 75,6 millones de bolivianos (USD 10,8 millones), permanece inactiva.
Un futuro hipotecado
Materializar el plan de industrialización del expresidente Arce significó usar recursos del corazón de la estabilidad del país. El Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro), nutrido de las Reservas Internacionales del Banco Central de Bolivia (Ley N°232), inyectó al menos 1.317 millones de bolivianos en calidad de préstamo a través del Banco de Desarrollo Productivo (BDP). Mientras que el Tesoro General de la Nación destinó 6.868 millones de bolivianos a los contratos identificados en esta investigación.
La recuperación o retorno de esas inversiones generan más dudas que certezas. El Ejecutivo mantuvo su apuesta por la industrialización, aún cuando documentos del Ministerio de Economía y Finanzas mostraban que nueve empresas estatales —relacionadas a las nuevas factorìas— gastan más de lo que venden. En sus últimos años de vida acumularon un déficit operativo de 2.615 millones de bolivianos (USD 375 millones). Un hueco financiero que hubiera bastado para concretar la histórica promesa de hospitales de cuarto nivel hecha por el propio Gobierno del MAS desde el año 2014; como el Oncológico en Cochabamba, el Cardiológico en Tarija y replicar el Gastroenterológico construido en La Paz.
Además, el Gobierno saliente dejó al descubierto la verdadera situación de las compañías estatales, al redactar en su propuesta de Ley de Presupuesto General del Estado 2026 —luego promulgada por la nueva administración central— que el BCB reprograme los créditos extraordinarios otorgados a Empresas Públicas Nacionales Estratégicas, en función a las necesidades de cada una de ellas, sin incrementar el interés original.
Para el economista Fernando Subirana, el Gobierno de Arce aún sabiendo que las empresas públicas no generaron ingresos para reinvertir en más industrias, “expuso al país a un riesgo innecesario”, por destinar recursos públicos a actividades que el sector privado pudo ejecutar con recursos propios bajo incentivos adecuados. Entonces, los fondos —canalizados mediante bonos del Tesoro—, en lugar de orientarse a salud o educación, se emplearon en industrias deficitarias.
“Se invirtió en un documento financiero que promete rentabilidad, pero esa rentabilidad está respaldada por proyectos que no la generan”, comentó Subirana.
Al final de este camino y lejos de los contratos discretos, expedientes y procesos judiciales, Edgar Quispe observa con angustia la estructura inconclusa de la Planta Piscícola del Titicaca. Para él, la industrialización no se mide en decretos ni en discursos de salvación económica, sino en una promesa de oportunidades que nunca se materializó. Su frustración coincide con un nuevo giro político; el Gobierno de Rodrigo Paz inició auditorías a empresas públicas bajo la advertencia de cerrar aquellas que resulten deficitarias. Así, el destino de esta infraestructura —edificada en nombre de los productores— se debate entre la privatización o el abandono definitivo; un escenario que amenaza con dejar a hombres y mujeres de la tierra y el agua, una vez más, como simples espectadores de un festín ajeno.
Investigación:
Guadalupe Castillo y Daniel Rivera
Acompañamiento editorial
Fabiola Chambi
Ilustración de Portada:
Valeria Peredo
